Tras la sanción de la reforma previsional, que enfrentó duramente al oficialismo y un sector de la oposición en el Congreso y desató una ola feroz de violencia en las calles, la tormenta parece amainar. El oficialismo reencauzó su agenda de trabajo y, con el apoyo del peronismo no kirchnerista, se apresta a dar sanción definitiva a los proyectos económicos pendientes.

En ese sentido, la Cámara de Diputados prevé convertir hoy en ley el Consenso Fiscal -suscripto entre el gobierno nacional y 23 de las 24 provincias- y el proyecto sobre responsabilidad fiscal. Asimismo prevé dar media sanción al presupuesto 2018 y a la prórroga del impuesto al cheque; ambos serán sancionados por el Senado la semana próxima, junto a la reforma tributaria.

En esta verdadera maratón legislativa, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por Luciano Laspina (Cambiemos), despachó ayer los dictámenes sobre presupuesto 2018, consenso fiscal y responsabilidad fiscal. Tuvo el apoyo del interbloque Argentina Federal y del Frente Renovador, este último con disidencias. En cambio, el kirchnerismo y los bloques de izquierda anticiparon su rechazo.

El Consenso Fiscal, firmado el 16 del mes pasado, establece obligaciones y compromisos de parte de la Nación y de las provincias. Por caso, los gobernadores (salvo el de San Luis, que no suscribió el acuerdo) aceptaron reducir, en un plazo de 5 años, impuestos provinciales distorsivos a los ingresos brutos y sellos por el 1,5% del PBI, equivalentes a $ 150.000 millones; aumentar el impuesto inmobiliario y mantener el gasto constante mediante la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal.

Además, los gobernadores desestirán de 56 juicios contra la Nación por deudas por $ 340.000 millones y el Gobierno los compensará con un bono de $ 80.000 millones (US$ 4574 millones) a 11 años y tasa de 6%, que se distribuirá según el índice de coparticipación entre las provincias.

Otro punto clave del Consenso Fiscal es la eliminación del artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias; de esta manera, toda la recaudación ingresará en la masa coparticipable. La cuota del 20% que perderá la Anses con este cambio será compensada con el 100% de lo recaudado por el impuesto al cheque, que será prorrogado hasta 2022. De todas maneras, este impuesto podrá ser computado a cuenta de Ganancias, a razón de un 20% por año hasta su derogación dentro de cinco años.

Con esta modificación de Ganancias, Buenos Aires recibirá, a manera de Fondo del Conurbano Bonaerense actualizado, una compensación de $ 21.000 en 2018 y $ 44.000 millones adicionales en 2019. Para las provincias habrá transferencias diarias y automáticas "con un monto equivalente a la disminución de los recursos que resulten de la eliminación del artículo 104 de Ganancias".

El acuerdo fiscal contiene, también, las bases de la reforma previsional ya convertida en ley, que contemplan el cambio de fórmula de movilidad previsional a partir de 2018, con la garantía de que los haberes que percibirán los jubilados y los beneficiarios de la Asignación Básica Universal (AUH) serán superiores a la inflación.

Críticas de la oposición

Escépticos, los diputados Axel Kicillof y José Luis Gioja, del FPV, advirtieron que esta cláusula previsional del Consenso Fiscal "no se cumplirá". Kicillof, ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, denunció que los gobernadores firmaron el Consenso Fiscal "condicionados por el gobierno nacional". "Si no lo firmaban, iban a la horca y los gobernadores necesitan financiar sus obras y pagar los sueldos", agregó Gioja.

Desde el interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores, negaron que hubiese habido presiones a los gobernadores. "Nosotros vamos a acompañar el Consenso Fiscal; es el mejor esfuerzo que podemos hacer por las provincias", anticipó el misionero Jorge Franco.

Desde el oficialismo, los diputados José Cano y Miguel Bazze retrucaron las acusaciones. "El kirchnerismo consagró el unitarismo fiscal", asestó Cano. "El kirchnerismo, por medio de su ministro de Planificación (Julio De Vido) hoy preso, repartía las obras según la cara del gobernador", agregó Bazze.

Kicillof también criticó el presupuesto 2018. "Es un presupuesto de ajuste", sostuvo, y puso en duda las variables macroeconómicas que allí se estipulan. La iniciativa prevé que la economía crecerá en un 3,5% en buena parte por la tracción de la inversión que está prevista en 17 puntos del PBI. La inflación se situará en un 15,7% promedio interanual. El Gobierno apuesta a bajar un punto del déficit fiscal (del 4,2 al 3,2%) y mantener la inversión en infraestructura -crecerá al 3,5% del PBI-, pero si se cumplen las previsiones del programa de participación público privada.