CÓRDOBA.- Generó polémica y rechazo un pedido de la Unión Europea para la
protección -en calidad de indicaciones geográficas- de los nombres de quesos que
se elaboran y comercializan masivamente en la Argentina. La solicitud es en el
marco de las negociaciones con el Mercosur para un acuerdo de asociación.
La indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a ese lugar. Un caso típico son los productos agrícolas con cualidades derivadas de su zona de producción, impactados por factores geográficos específicos, como el clima y el terreno.
Los quesos con nombres genéricos más difundidos en el país son feta, gruyere,
reggiano-reggianito; manchego; fontina; romano; brie; grana; provolone;
Camembert; mozzarella; edam; emmental; parmesano; gouda.
En el caso de nombres compuestos, la salida podría ser más rápida, explicó a LA NACION Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). "Por ejemplo, en vez de Camembert de Normandía, usar sólo el primero. Los mayores problemas son en las denominaciones únicas".
La Argentina cuenta con más de 700 industrias que elaboran alguno de los
quesos comprendidos en la lista que la UE propone proteger. Son empresas que
emplean en forma directa a más de 30.000 personas y que, en su mayoría, están
ubicados en el interior del país, siendo una importante fuente de empleo,
inversión y generación de riqueza.
"Los lácteos no pueden ser una moneda de cambio en el acuerdo Mercosur-UE", dijo Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel).
En tanto, Javier Baudino, vicepresidente de Apymel, contó a este diario que las empresas presentaron su posición ante el Ministerio de Agroindustria de la Nación. "Los nombres vinieron con la inmigración que repitieron en Argentina las recetas que hacían en sus países y lo usaban como medio de vida. Mal puede desconocer la Unión Europea esa realidad", dijo.
Subrayó que si prospera el pedido se generaría un cambio en el mercado "muy importante". Sería complejo generar nuevos hábitos en el consumidor local y en el internacional para que identifique los quesos con otra denominación. "Es una especie de barrera que se busca imponer", señaló.
La industria quesera es el destino de alrededor del 50% de la leche procesada y su futuro, apuntó Giraudo, está atado a la necesidad de "contar con condiciones de mercado no restrictivas para la comercialización tanto interna como externa de sus productos".
Afirmó que ante situaciones similares registradas en México, Singapur y Colombia la decisión fue dejar el tema fuera de la discusión del acuerdo para no trabar otros puntos y seguir buscándole una salida mientras se avanza con el resto.
"La imposición de una protección que impida el uso de los nombres genéricos de los quesos implicaría un grave perjuicio para la cadena láctea en su conjunto -agregó-. Invalidará la participación en mercados y obligará a reformular marcas y desarrollo comercial".
La posición de Buenos Aires
En tanto, el ministro de Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, presentó ante la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación la posición de esa provincia. Planteó que, en caso de ser aceptada la condición de la Unión Europea, implicaría "un serio perjuicio para la lechería argentina en general y la bonaerense en particular", dado que los elaboradores de quesos cuyos nombres los europeos pretenden proteger se verían imposibilitados de seguir utilizando las denominaciones que durante un siglo y medio se han impuesto como nombres genéricos para el consumidor argentino.
Señaló que los quesos que se pretenden incluir tienen "características de generalidad o de uso común" y que muchas de estas denominaciones ya eran reconocidas, producidas y hasta exportadas desde al menos la década del 1930-1940.
"Por lo tanto estamos frente a nombres geográficos que han perdido completamente el carácter que define a las indicaciones geográficas. En este sentido las normas no obligan a un miembro a proteger una indicación geográfica de otro miembro si dicha indicación es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de los bienes o servicios en cuestión, es decir, si se ha convertido en el término genérico para describir los bienes y servicios en el idioma local", señaló.