La Prefectura asegura que debió utilizar balas de calibre 9 mm porque había sido agredida a tiros por los ocupantes de un sector del Parque Nacional. Esa aseveración es respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo que las fuerzas de seguridad no deben demostrar nada cuando están actuando bajo el manto de la ley. En efecto, el juez federal Gustavo Villanueva había ordenado el desalojo de lugar. Sin embargo, la parte activa de la comunidad mapuche asegura que no existió violencia armada de su parte y que se trató de una "cacería". El ministro de Justicia, Germán Garavano, reclama que la Justicia determine cómo sucedieron los hechos y se limita, en cambio, a decir que es la Prefectura la que asegura que hubo un tiroteo de los ocupantes de la zona.

Esas diferencias dialécticas entre los dos ministros sobre los hechos que ocurrieron no se trasladan al reclamo mutuo que le formulan al juez Villanueva. El Gobierno es uno solo cuando le reprocha al magistrado una insoportable lentitud para inspeccionar el lugar donde murió Nahuel. Han pasado cuatro días y el juez se negó a forzar el ingreso de la Justicia, de los peritos y de las fuerzas de seguridad para recoger pruebas de lo que sucedió. Las pruebas de que hubo tiros de parte de los mapuches, si es que los hubo, podrían desaparecer. El Gobierno se preocupa con razón: no hay una sola prueba que avale las afirmaciones de la Prefectura (no hay ningún prefecto herido ni rastros de balas fuera del predio tomado). La falta de pruebas podría cristalizar la idea de que fue una muerte innecesaria o directamente provocada para disuadir nuevas protestas. Este es el discurso que ya se escucha en organismos de derechos humanos, en el kirchnerismo y en la izquierda.

Es cierto que los jueces del sur han sido demasiado laxos con la aplicación de la ley en los lugares tomados por la RAM. Hace poco, en las investigaciones por la muerte de Santiago Maldonado, el juez Gustavo Lleral accedió a la exigencia de esa organización para que las fuerzas de seguridad estuvieran desarmadas y fueran palpadas de armas antes de ingresar al Pu Lof. Esta vez el juez Villanueva está respetando el rito mapuche de los cuatro días de duelo por la muerte de Nahuel, a pesar de que los ocupantes le prometieron tres veces que dejarían entrar a las fuerzas del Estado. No cumplieron ninguna. La conclusión que sacan muchos (y el Gobierno, sobre todo) es que de esa manera se hace una cesión de soberanía del territorio argentino. Los dos jueces señalaron en la intimidad que prefieren hacer esas concesiones antes que agravar las cosas.

Es cierto que el gobierno de Mauricio Macri no paga costos políticos por estos acontecimientos. El problema mapuche no es una cuestión que preocupa a la inmensa mayoría de la sociedad argentina y, por el contrario, una parte importante de la sociedad rechaza la violencia que ejerce la RAM. Más allá de lo que sucedió el sábado pasado, la RAM es un grupo que ejerce violencia, que es renuente al diálogo y cree que sólo con la agresión conquistará territorios que considera ancestralmente suyos. Por eso, los dirigentes políticos patagónicos opositores a Macri (como Miguel Pichetto o el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck) son los más duros en las críticas a la RAM. Hay muchos relatos que dan cuenta de asaltos a puesteros, de quema de estaciones del tren La Trochita o de agresivas ocupaciones de tierras privadas.

La RAM está estrechamente vinculada a la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) chilena, que protagonizó actos más violentos en Chile que la RAM argentina. Garavano aseguró que el Gobierno tiene información de que en los últimos días ingresaron a la Argentina unos 40 miembros de la CAM chilena por pasos fronterizos ilegales. La frontera con Chile es muy porosa, sobre todo en primavera o verano. El gobierno de Macri ya preveía un agravamiento de la situación en la Patagonia si ganaba la presidencia Sebastián Piñera. Piñera prometió que a los levantamientos armados de la Patagonia chilena les aplicaría la durísima ley de ese país sobre terrorismo. La administración argentina no descartaba un desplazamiento importante hacia la Argentina de miembros de la CAM chilena. El Presidente había ordenado un refuerzo de la seguridad en la frontera.

La RAM argentina se mueve en una región que vive del turismo (hay muchos extranjeros entre sus visitantes) y en medio de pozos de petróleo y gas. Los sucesos de Villa Mascardi ocurrieron a 35 kilómetros de Bariloche, la capital turística del sur. La RAM merodea también Vaca Muerta, la mayor reserva argentina de petróleo y gas no convencionales. En síntesis: lo que hoy parecen protestas menores, como la ocupación de un sector de Parques Nacionales, puede sorprender con una deriva mucho peor. ¿Y si interrumpieran el suministro de petróleo o gas? ¿O si ahuyentaran las inversiones interesadas en la exploración y explotación de Vaca Muerta? El hecho cierto de que las protestas actuales no comprometen la popularidad del Gobierno no debería despreocupar a la administración nacional. El riesgo potencial es lo que importa, mucho más que las mediciones de ahora.

Pero ¿qué hacer? ¿Qué, cuando una facción optó por la violencia y, por lo tanto, rompió todos los puentes de diálogo, como lo aseguró el gobernador Weretilneck? La primera constatación es que la RAM es un grupo muy minoritario de la comunidad mapuche, generalmente pacífica y preocupada por asegurarse, mediante el diálogo con el Gobierno, el respeto a sus costumbres, su historia y su cultura. Una delegación de mapuches pacíficos se encontró en Buenos Aires, en las oficinas de Amnistía Internacional, con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. El jefe del grupo se acercó a Maldonado y le pidió disculpas por la muerte de su hermano. "Cayó en malas manos", le dijo en obvia alusión a la RAM.

La estrategia de Garavano consiste en entablar rápidamente una negociación con los mapuches pacíficos para mejorar su calidad de vida. Ya está en Bariloche una delegación del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), organismo que pertenece a la estructura del Ministerio de Justicia. Esa mesa de diálogo es promovida también por el obispo de Bariloche, monseñor Juan José Chaparro, quien confirmó que la mayoría de la comunidad mapuche es pacífica. La estrategia de Garavano parece consistir en aislar a los violentos. Pero para eso necesita avanzar en la negociación con los mayoritarios mapuches pacíficos.

La disputa entre el Estado y un sector de los mapuches ya se cobró dos vidas. Maldonado murió ahogado luego de una protesta de la RAM, que había cortado la importante ruta 40. Rafael Nahuel murió por un tiro que le entró por el glúteo y le perforó un pulmón. De Maldonado se sabe que no hay registros físicos de que haya sido empujado hacia la muerte. Nahuel murió por una bala de la Prefectura, que dice que sólo contestaba una agresión a tiros de los mapuches violentos, grupo del que habría formado parte Nahuel. Dos muertos en cuatro meses por el mismo conflicto merecen una especial atención judicial y política. Tan importante como restablecer la totalidad de la soberanía territorial argentina es la reconstrucción de un clima de paz y normalidad en la Patagonia.