Cuando se diseñan impuestos sin analizar en profundidad el impacto que tienen sobre la producción se corre el riesgo de provocar el efecto no deseado de desincentivar la inversión allí donde más se la necesita.

Por el aumento de 50% promedio del Inmobiliario Rural bonaerense este es uno de los argumentos que esgrime la dirigencia rural para intentar convencer al gobierno de María Eugenia Vidal sobre las consecuencias que tendrá si se aplica tal como fue anunciado.

Según datos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en un campo del sudoeste bonaerense de 380 hectáreas la suba representará un 57% de aumento, equivalente en toneladas de trigo de la campaña 2017/18. En un campo de 130 hectáreas del partido de Chacabuco la suba será de 34%, medida en toneladas de soja. El impacto en la ganadería, de acuerdo con los datos de Carbap, sería de 37% de aumento en un establecimiento de 420 hectáreas en Ayacucho en comparación con el kilo vivo de novillo o 57% en Tornquist medido en un campo de 380 hectáreas, también tomando el kilogramo de novillo. Para la lechería, a valor producto, la suba del inmobiliario rural representaría un incremento de 36% en 320 hectáreas de la zona Trenque Lauquen.

Con esos números en la mano, la entidad ruralista advirtió que la suba impacta negativamente. "Habrá menos inversión y menos creación de empleo privado", dijeron.

Estos números fueron llevados por los ruralistas a la reunión que mantuvieron con la Comisión de Hacienda de la Cámara baja bonaerense. Hubo una tensa discusión con los legisladores del oficialismo, que defendieron la suba propuesta con el argumento de que los impuestos ahora están volviendo en obras. Este es el eje conceptual que lleva adelante el gabinete de Vidal para asegurarse la aprobación del paquete impositivo. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense, Marcelo Daletto, dijo que el gobierno provincial está llevando adelante "un gasto cada vez más grande para la obra pública, que se verá reflejado en beneficio del interior y de los productores", según publicó el diario infonoroeste.com.ar.

El legislador dijo: "Como nunca estamos gastando en la repavimentación de rutas, tanto desde el fondo provincial como desde el gobierno nacional", y que hay un "gasto público que vuelve al interior y a los productores".

Un argumento similar expone el ministro de Agroindustria provincial, Leonardo Sarquís, que suele dar la cara frente a los productores. "Este año se invirtieron casi 46.000 millones de pesos en obras hídricas hidráulicas y rutas nacionales y provinciales. También hay créditos productivos por más de 50.000 millones", dijo. "Las obras eran un reclamo de 30 años, se están ejecutando y no vinieron en un año electoral, sino para quedarse", añade.

Como mínimo, esta controversia entre ruralistas y el gobierno bonaerense es una discusión entre el corto y el mediano plazo. No se siente el efecto de las obras hasta que no concluyen o tienen un avance considerable. Los impuestos, en cambio, tienen fecha de vencimiento. A las entidades gremiales no les será fácil modificar una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, la dirigente política con mejor imagen del país, todavía mayor que la del Presidente, según las encuestas de opinión. Tampoco se trata de un gobierno que le cierre las puertas al diálogo.

El aumento del Inmobiliario Rural bonaerense se hilvana con la baja del precio al etanol de maíz y de caña de azúcar y la intención de aplicar impuestos internos al vino (finalmente abortada): la creencia de que el agro, por su competitividad, tiene espaldas para enfrentar cualquier alteración impositiva o caída de los valores de lo que produce.

La evidencia demuestra lo contrario: que cuando la presión impositiva se lleva más allá de lo razonable hay una menor productividad. Las retenciones al maíz y al trigo erosionaron la relación insumo/producto. Más carga tributaria tuvieron, menos incentivo hubo a invertir en fertilizantes, insumos para la protección de cultivos o maquinaria agrícola que baje los costos de siembra o cosecha. Cuando sucede lo contrario se dispara una serie de eficiencias en toda la cadena que terminan impactando en el aumento de producción y, al final, en el pago de más impuestos. En la ganadería también está comprobado este círculo virtuoso: hay más propensión a subir la producción de kilos de carne por hectárea cuando el margen económico es favorable y las señales de precios acompañan.