La fuerza política que le dieron las urnas le permite promover, en algunos casos aplicando el "arte del acuerdo", reformas profundas con los objetivos de reducir el déficit fiscal y la inflación, aumentar la inversión y el empleo y reducir la pobreza.
En los últimos días, empezamos a conocer propuestas en lo laboral, tributario, etc., que requieren aprobación por el Congreso. También, vía decreto, se lanzó la primera privatización importante de su gobierno, en el área de energía, que invita a los empresarios a invertir bajo el sistema de PPP (Participación Público Privada). Vamos por partes.
Venta de Activos del Estado: por Decreto 882 (B.O. 1711/17) se creó la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, que fusiona ENARSA y Emprendimientos Binacionales (EBISA) en la órbita del Ministerio de Energía y Minería. Será la encargada de vender Activos del Estado: 6 centrales termoeléctricas y participaciones accionarias en distintas compañías. Se espera obtener más de MU$S 1.000. Se desprenderá de las centrales de ciclo abierto Ensenada Barragán (Provincia de Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe) siendo el comprador el encargado de completar el cierre de los ciclos, que sumarán 450 MW adicionales al sistema.
Por su parte, las inversiones del Fondo de Inversiones del Mercado Eléctrico Mayorista en las centrales térmicas de ciclo combinado de General Belgrano, Vuelta de Obligado y Almirante Brown (Buenos Aires) y General San Martín (Santa Fe), en total 800 MW, serán ofrecidas al sector privado, admitiéndose como parte de pago la cancelación de deudas que CAMMESA tiene con el sector, por M$ 12.000.
El Gobierno se desprende de las participaciones accionarias del 50% de ENARSA en CITELEC, titular del 52% de TRANSENER, transportista de ultra alta tensión. También vende tenencias públicas de Acciones (en todos los casos menores al 10% del capital) en las empresas Central Puerto, TRANSBA, Dique S.A. y Central Térmica Güemes.
De esta manera, se concreta una privatización de Activos que le permite obtener recursos para completar inversiones en curso en cabeza del Estado Nacional, entre ellas tres gasoductos (Cordillerano, De la Costa y Del Centro) cuyos contratos se firmaron hace poco.
Bajo la normativa actual, la generación eléctrica es privada, (con excepción de inversiones generadas durante el gobierno de los Kirchner) y el precio de mercado lo regula CAMMESA. Por su parte, el transporte y la distribución son monopolios regulados y se aplican tarifas que generalmente deben pasar por audiencia pública.
Se lanzó el primer tramo de licitaciones bajo el sistema PPP. En este caso se trata de proyectos de transporte, a cargo de Vialidad Nacional. Las inversiones son MU$S 12.572, en los primeros cuatro años y MUS 4.172, en los siguientes 11 años, tratándose en todos los casos de rutas nacionales. Son 16 proyectos que incluyen autopistas y los puentes Paraná-Santa Fe y Chaco-Corrientes.
Bajo la Ley Nº 27328 de Noviembre de 2016, se prevén programas de infraestructura para cinco sectores, que van desde rutas hasta Vivienda, Justicia y Educación. Se estima que los 16 Proyectos de la DNV están incluidos en un conjunto de 60 a realizarse en los próximos años, por un monto total de MU$S 26.000.
La magnitud del Programa es extremadamente importante, habida cuenta que en el Presupuesto 2018, los Gastos de Capital del Tesoro Nacional son unos M$ 211.000, es decir casi MU$S 11.000. Falta determinar si hay superposición entre los PPP a licitar y la citada asignación presupuestaria. De existir dicho overlaping, las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional serían inferiores a la cifra citada y, por ende, ser podría disminuir el Déficit Fiscal Operativo, que se proyecta en 3,2% del PBI.
La Reforma Laboral. Los principales objetivos son disminuir el empleo en negro, reducir los costos laborales no salariales y flexibilizar las modalidades de contratación, adecuándolas a los tipos de empleos que se crean más frecuentemente en el Siglo XXI.
En nuestra modesta opinión, se ha hecho un trabajo técnico muy creativo que, esperemos, logre la sanción legal ya que, a estar por el Gobierno, unas 700.00 personas podrían ingresar como beneficiarios de Obras Sociales y cotizantes del Sistema de Seguridad Social, con lo cual mejoraría la situación financiera de ambos institutos. Es largo el detalle de las medidas. Sobresalen:
Blanqueo, por condonación de todas las deudas a la Seguridad Social, ligadas a trabajadores que serán regularizados durante un año, luego de publicada la Ley en el Boletín Oficial. La condonación es del 100% en los primeros seis meses y del 70% en los seis meses posteriores, con facilidades de 60 cuotas mensuales, a bajo interés, para el pago del 30% restante no condonado. Los trabajadores "blancos" tienen derecho a computar el equivalente a 60 meses de servicios, por un monto mensual igual al Salario Mínimo Vital y Móvil.
Se crean los Contratos de Trabajadores a Tiempo Parcial, por hasta 2/3 del horario semanal habitual de la actividad.
Se crea la figura del Trabajador Independiente, que puede tener hasta 4 colaboradores independientes vinculados, bajo un régimen especial que contempla una cuota mensual que sintetiza todos los Aportes a la Seguridad Social. No rige la Ley de Contrato de Trabajo y el Trabajador Independiente puede disolver el vínculo con sus colaboradores, una vez concluido el emprendimiento que los convoca (brillante para el emprendedorismo).
Se amplía el Sistema de Seguro de Desempleo para empresas en transformación productiva, con el objeto de apoyar la reinserción laboral de los empleados que cesen en su labor.
Se prohíben las sumas no remunerativas en los Convenios Colectivos de Trabajo, se modifica el sistema de licencias y se exime de la responsabilidad solidaria en materia de Seguridad Social, a las empresas que sub-contraten servicios.
Finalmente, se reduce solamente al salario básico, el monto a emplear para el cálculo de indemnizaciones, con lo cual se disminuye notablemente el monto de las mismas. Por su parte, en los convenios por actividad, se podrá crear un Fondo de Cese Laboral Sectorial, para cubrir indemnizaciones por preaviso y despido sin causa. El Fondo no contará con aporte estatal y tendrá administración tripartita. Será muy útil para actividades de empleo temporario, como la Construcción.
Reforma Tributaria. En dos semanas se enviará el Proyecto de Ley (voluminoso) al Congreso. De lo que se conoce, algunas medidas merecen nuestro apoyo mientras que otras son inadecuadas:
La eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (1,5% del monto de la escritura) es positiva. También lo es la inducción a las provincias a que eliminen las Aduanas Interiores, reduzcan Ingresos Brutos (sobre todo en las primeras etapas de Producción Primaria y Manufactura a fin de disminuir el efecto cascada) y a que atenúen o eliminen el Impuesto a los Sellos. Es excelente la devolución anticipada del IVA, en proyectos de inversión, a los 6 meses en caso de registrar saldos fiscales favorables al inversor. También, vinculado a la reforma laboral, se reducirán las Contribuciones Patronales para salarios brutos inferiores a los $ 12.000 mensuales. Finalmente, se duplica de $ 50.000 a 100.000 las deducciones para el Impuesto a las Ganancias de los Trabajadores Autónomos. ¡Aplausos, medallas y besos!!!!
El Impuesto al Cheque se podrá deducir del pago del Impuesto a las Ganancias en 5 años. Por consiguiente, pasará del actual 1,2% al 0,96% en 2018, al 0,72% en 2019 y así sucesivamente. También las ganancias corporativas reinvertidas tributarán una alícuota del 30% en 2019-20 y del 25% desde 2021 (actualmente 35%). En nuestra opinión, se podría haber avanzado más rápidamente en ambos casos, si la situación de déficit fiscal lo permitiera. ¡Más empeño, muchachos!
Consideramos improcedente el establecimiento del tributo a las rentas financieras para personas físicas, que estaban exentas. La alícuota del 15% para activos en dólares o con ajuste CER es excesivamente onerosa y desalienta la bancarización. Por su parte, la alícuota del 5% para depósitos y LEBACs en pesos, seguramente será trasladada a la tasa de interés, dada la segura exigencia del ahorrista en ese sentido. No debería extrañarnos que una LEBAC al 27% anual, se transforme en otra al 28,42%. Finalmente, el impuesto terminará siendo pagado por el déficit cuasi-fiscal del BCRA, al menos parcialmente. Recaudaría 0,2% del PBI. Bolonqui al cuete.
Por último, las modificaciones de Impuestos Internos ya han generado severas críticas de las economías regionales y provinciales. Las alícuotas postuladas, con fines visiblemente recaudatorios, seguramente serán modificadas por injustas y en algunos casos, improcedentes. No perdamos el tiempo en analizarlas.
Como se ve, las medidas reseñadas en los dos primeros puntos son operativas y tienden a reducir la participación del Estado en la actividad económica y en la inversión de infraestructura de uso público. Las dos son bienvenidas y, seguramente, tendrán buen resultado, ya que permitirán reducir las necesidades de financiamiento del Tesoro y el déficit fiscal.
La reforma laboral merece nuestro más enfático elogio. Esperemos que se concrete.
Por último, la reforma tributaria es típica de una política fiscal gradualista, timorata e incapaz de aprovechar el excelente momento político de que disfruta la imagen el poder presidencial. Algunas propuestas son buenas y otras merecen críticas implacables.
Por Lic. Jorge Ingaramo
Fuente: Años de Campo