Un cementerio de árboles. Eso fue a mediados de año la chacra Las Rejas, en el noroeste chaqueño. Algarrobos, quebrachos y guayacanes esparcidos en 2900 hectáreas. Los tumbó una topadora. La empresa agropecuaria Cuenca del Salado preparaba el terreno para sembrar. La compañía consiguió que Chaco autorizara un cambio de zonificación con el que logró que parte del bosque ya no deba ser conservada. El desmonte es uno de los más grandes registrados este año y resulta representativo del avance sobre el bosque nativo hoy, diez años después de la aprobación de ley que consiguió desacelerar la deforestación, pero que está lejos de detenerla.

El año pasado desaparecieron 136.470 ha de bosques, una superficie que equivale a seis veces la Capital, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación surgidos del monitoreo de las 16 provincias que abarcan las cuatro regionales forestales más amenazadas, que son el parque chaqueño y en menor medida yungas, selva paranaense y espinal. Y lo que resulta dramático es que 58.281 de esas hectáreas eran de bosques que las provincias habían catalogado como "rojos" y "amarillos" por su valor de conservación. Según parámetros que instauró la ley, se categorizan como rojos los bosques que no deben sufrir ninguna transformación; como amarillos los que presentaban alguna degradación, pero pueden ser restaurados, y como verde los sectores poco conservados, por lo que se pueden hacer desmontes con permisos previos.

Al analizar las cifras de pérdida de bosques en los últimos 19 años, se diferencian dos períodos. Uno, entre 1998 y 2007, con una pérdida promedio de 300.000 ha por año. Y otro después de la sanción de la ley, entre 2008 y 2016, con una deforestación anual de 267.000 ha, pero con un marcado ritmo de descenso a partir de 2014, cuando baja a 190.000 ha y alcanza su mínimo histórico en 2016, con 136.000 ha. Esta cifra representa una tasa anual de deforestación del 0,5% de los bosques del país, que ocupan 27 millones de hectáreas. Ese descenso le permitiría a la Argentina salir del noveno puesto en el ranking, elaborado por la FAO, de las naciones que más pérdidas de bosques reportaron entre 2010 y 2015.

Para el Gobierno, la baja está dentro de lo razonable. Y prometió que antes de 2030 se llegará a la meta de deforestación cero.

El avance de la siembra, principalmente de soja, y el de la ganadería son los principales motivos de desmontes. Mientras que las recategorizaciones irregulares de predios inicialmente protegidos para tipificarlos como verdes; las frágiles multas por desmontar sin permiso o en lugares prohibidos, y la falta de financiamiento del fondo nacional con el que se debe compensar a los dueños de bosques por preservarlos son las causas que colaboran con la deforestación.

"Muchas empresas sojeras compran campos en zonas amarillas, solicitan que cataloguen el predio como verde, lo consiguen y logran desmontar", describió Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela, un organismo dedicado a la investigación social que denunció al gobierno chaqueño porque, según establecen las pautas para actualizar las categorizaciones de bosques, los ajustes no pueden implicar un retroceso respecto de los niveles de protección.

Claudio Andreoli, titular de Cuenca del Salado y del predio Las Rejas, afirmó que la empresa no empezó ningún trabajo hasta que no consiguió los permisos. "El desmonte estuvo autorizado y cumplió todos los trámites que debe atravesar. Se hizo una audiencia pública en la que no hubo ningún tipo de oposición, un estudio de impacto ambiental, calicatas y otras tareas previas a que se autorice el cambio de zonificación por ser un terreno apto para la actividad agrícola", señaló.

Infractores

Según Greenpeace, luego del ordenamiento territorial hecho por las provincias, el 80% de los bosques fue catalogado como zona roja o amarilla. "Eso fue importante, pero la presión y el avance de la agricultura y la ganadería sobre la región de bosque chaqueño son muy grandes", indicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

"Muchas veces la deforestación se frena porque el clima lluvioso no lo permite o porque no cierran los números para invertir en un desmonte", advirtió Fernando Miñarro, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre.


Las multas para quienes desmontan en zonas prohibidas suelen ser altas, pero señalan que son difíciles de cobrar. En Santiago del Estero rondan los $ 16.000 por hectárea afectada. Sin embargo, según reconocieron en esa provincia, recaen sobre grandes empresas sojeras que judicializan el castigo. Esa situación, que se repite en Chaco y Salta, llevó a que Greenpeace reclamara que el desmonte y el otorgamiento de permisos de desmontes en zonas protegidas sean considerados delitos penales. "Hay una impunidad que las multas no resuelven", consideró Giardini. El Registro de Infractores Forestales creado por la ley de bosques, presenta información en sólo siete provincias.

La falta de financiamiento de la ley es otro de los puntos que las ONG marcan como determinantes para explicar por qué la deforestación ilegal no se detuvo. "Cada vez se comprometen menos recursos que podrían servir para recuperar bosques degradados, controlar que no haya deforestación ilegal y también para compensar a aquellos titulares de tierras con bosques", señaló Ana di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

La pérdida de bosques tiene varias consecuencias: incremento de gases de efecto invernadero por la liberación de dióxido de carbono, erosión de suelos, inundaciones por la desaparición de un reservorio natural de agua de lluvia, pérdida de biodiversidad y migración y desarraigo de las poblaciones rurales.