Jaqueada por la Justicia, y ante la persistente decisión del oficialismo de impulsar su desplazamiento, Alejandra Gils Carbó presentó ayer su renuncia como procuradora de la Nación, la que se hará efectiva el 31 de diciembre próximo.

Así, después de casi dos años de presión para desplazarla, el presidente Mauricio Macri podrá finalmente nombrar en 2018 un nuevo jefe de los fiscales, un trámite que requerirá el consenso del Senado.

Gils Carbó entendió que no tenía salida diez días atrás, cuando un fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo que imponía la necesidad de iniciar un juicio político para forzar su destitución. Fue ésa una señal auspiciosa para que el Gobierno iniciara el trámite para remover a la procuradora, identificada con el kirchnerismo.

"No sé cómo, pero en diciembre me sacan", le confesó la jefa de los fiscales a su equipo apenas conoció el fallo de la semana pasada. Terminó de redondear su renuncia el fin de semana, en soledad. Y la comunicó ayer.

"A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal", escribió en la carta que envió al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al presidente, Mauricio Macri.

"Valoramos que la procuradora haya dado un paso al costado. Era algo que el Gobierno había pedido", celebró ayer Garavano, apenas conoció la noticia, y adelantó que el Poder Ejecutivo ya le dio curso a la renuncia.

Su desplazamiento abrirá un arduo proceso de negociaciones en el Senado -necesita dos tercios de los votos- para designar a su reemplazante, que difícilmente se resuelva antes de fin de año. La danza de nombres para reemplazarla también se puso en marcha. De hecho, la última designación que culminó con el nombramiento de Gils Carbó había significado una derrota política para Cristina Kirchner , que había propuesto en primer lugar a Daniel Reposo , cuyo pliego fue rechazado después de que detectaran que había mentido en su currículum.

Gils Carbó asumió en 2012 como jefa de los fiscales. Fundadora de la agrupación Justicia Legítima, tomó algunas decisiones polémicas, como dictar el traslado a Comodoro Py de distintos fiscales cercanos que habían concursado por sus puestos en lejanas jurisdicciones. Fue acusada, también, de haber sido la ideóloga de una maniobra realizada por dos fiscales que terminó por favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez.

Gils Carbó nunca encontró en Comodoro Py un sitio para respaldarse. Todo lo contrario: ningún fiscal la defendió públicamente ante las acusaciones del Gobierno de ser quien orqueste las denuncias por presunta corrupción contra sus funcionarios.

"Gils Carbó deberá pensar si tiene que renunciar o no", deslizó hace dos semanas Carlos Rívolo, uno de los fiscales con más autoridad entre sus colegas. La renuncia despertó frenesí ayer en el 5° piso de los tribunales federales. "Esperemos que el próximo que venga ordene el Ministerio Público de una manera menos verticalista", reflexionó un fiscal de trayectoria.

La tormenta que avizoró Gils Carbó incluía varias olas que podían hacerla naufragar. El resultado electoral, que ratificó una amplia ventaja de Cambiemos, fue clave, admitieron desde su entorno. Interpretó a tiempo que el respaldo político se achicaba. "Estaba muy cansada de luchar contra las operaciones de prensa que llegaron a involucrar a su familia", agregaron sus laderos.

Se reunió con sus íntimos bien temprano, antes de hacer pública su decisión. Y después habló por teléfono casi todo el día. Recibió llamadas de políticos, jueces, fiscales y dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Octubre comenzó mal para la procuradora, a pesar de negar ante sus allegados que el procesamiento por administración fraudulenta haya sido uno de los motivos de la renuncia. El juez Julián Ercolini la consideró responsable de las irregularidades en la compra del edificio del organismo en la calle Perón, por el cual se pagaron $ 44 millones. Y octubre terminó con la peor noticia: el fallo de la Justicia que habilitaba al Gobierno a removerla por decreto o a través de una votación en el Congreso. Gils Carbó entendió así que ya estaba sentenciada, con su final escrito.