WASHINGTON.- La administración de Donald Trump volvió ayer a dejar claro qué necesita de la Argentina parta volver a incluirla en el sistema generalizado de preferencias arancelarias, estatus que el país perdió en 2012 y le permitiría bajar costos para exportar a Estados Unidos: que avancen los proyectos para defender la propiedad intelectual, una cuestión controvertida para sectores de la producción nacional.

Esa precondición fue el eje de una audiencia en la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, en sus siglas en inglés), donde expusieron empresarios y funcionarios de ambos países y se oyó un argumento que deja entrever las razones de las reticencias del equipo de Trump: desde el lado exportador, los ejecutivos valoraron los avances hechos por la Casa Rosada al respecto, pero sostienen que existen todavía muchos "desafíos" sobre el resguardo de la propiedad intelectual en la Argentina.

Las preguntas que recibió del auditorio Miriam Chaves, directora de Integración Económica para las Américas de la cancillería argentina, fueron elocuentes.

De siete inquietudes que escuchó, cuatro fueron directamente sobre ese controvertido tema. Ya Virginia Ávila, representante del gobierno de Tucumán, había planteado que esa provincia no se conformaría sólo con exportar limones hacia aquí: gracias a que la Argentina fue excluida del sistema, la frutilla de esa provincia nunca logró entrar en el mercado norteamericano.

Con mayor o menor vehemencia, las posturas fueron coincidentes en el sector privado. Andrés Alarcón, directivo de Arcor, se quejó del sobrecosto que supone para la filial de esa compañía no poder importar desde la Argentina y coincidió en el reclamo con su par norteamericano Shawn Whitman, directivo de la fabricante de herbicidas FMC Corporation, que planteó que la restricción le había generado pérdidas de competitividad frente a firmas rusas y chinas y que la obligaron a cerrar operaciones en una ciudad.

Para las empresas argentinas es un horizonte atractivo. La vuelta al programa de preferencias ocasionaría, de inmediato, una baja del 4,3% promedio del costo para exportar. Y ése fue el eje sobre el que giró la exposición de Alejandro Díaz, director ejecutivo de Amcham Argentina, la cámara de comercio de Estados Unidos en Buenos Aires.

Díaz les recordó a los presentes que el comercio bilateral entre ambas naciones había permitido crear 88.000 puestos de trabajo en territorio estadounidense y fue elogioso del gobierno de Macri. Pero dejó la reunión permitiendo entrever que la administración Trump se tomará tiempo para analizarlo: aunque coincidió con la Cancillería en que hubo avances en los proyectos para defender los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes, dijo que quedaba "un largo desafío" para terminar de remover las trabas definitivas.