El Senado aprobó ayer la prórroga por cuatro años de la ley que declaró la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, que mantiene suspendida, desde 2006, la ejecución de sentencias judiciales y de recursos administrativos de desalojo que pesan contra varios grupos aborígenes.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, en un debate en el que no faltaron las alusiones a la desaparición de Santiago Maldonado y algunas imputaciones al Gobierno de estar detrás de una supuesta "campaña antiindígena".

Ahora, el proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Los plazos apremian, sobre todo en épocas de campaña electoral, ya que la vigencia de la ley 26.160 expirará el próximo 23 de noviembre.

El interbloque Cambiemos terminó votando el proyecto, a pesar de que intentó reducir a 18 meses, prorrogables por un año más, el plazo de extensión de la protección a las comunidades. "Vamos a votar la ley, pero el Poder Ejecutivo dice que puede hacer el trabajo en 18 meses", concedió Ángel Rozas (UCR-Chaco).

La prórroga tiene por objetivo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluya el relevamiento catastral que debió haber completado hace ocho años. La ley original, sancionada en 2006, le había dado al organismo tres años para completar esa tarea. Ayer, varios senadores aseguraron que el trabajo todavía no había superado el 50% de las tierras en disputa.

"Cuatro años es el plazo mínimo para terminar con el relevamiento de las tierras de las comunidades indígenas que ahora no tienen seguridad jurídica", justificó Magdalena Odarda (ARI-Río Negro).

Sin embargo, muchos legisladores valoraron más la necesidad de la prórroga, sin importar el plazo.

Desde el oficialismo no faltaron críticas al sector de la oposición que agitó la sanción del proyecto por el uso político de la cuestión de las tierras indígenas. "El gobierno nacional va a terminar el trabajo antes de los cuatro años porque no vamos a mirar para el costado con este tema", afirmó.

Cuestionó así al sector kirchnerista de la bancada del FPV y la falta de cumplimiento de la ley por falta de sus administraciones. Una de las autoras del proyecto aprobado ayer es Anabel Fernández Sagasti (FPV-Mendoza), integrante de La Cámpora. La iniciativa tiene como coautora a Norma Durango (PJ-La Pampa), firme opositora al gobierno de Mauricio Macri.

En el final del debate, el jefe del bloque FPV, Miguel Pichetto (Río Negro), avaló la prórroga por cuatro años, pero volvió a marcar diferencias con el kirchnerismo al condenar los reclamos violentos de la comunidad mapuche.

"No pido represión, pero hay en la zona de la Cordillera situaciones de extrema violencia con este grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)", afirmó.