¿Ha habido suficiente conciencia en la Argentina de que la investigación impone ingentes esfuerzos, superar múltiples fracasos y comprometer inversiones de elevada cuantía para lograr al fin los éxitos que se persiguen?
Salvo por la apropiación indebida de ensayos y obras de ficción en las redes sociales y buscadores de Internet, está fuera de discusión desde hace tiempo que deben respetarse los derechos de autores y editores. La industria farmacéutica ha sido más laxa en cuanto al reconocimiento de derechos de terceros, y así ha sido la imputación recibida por el país, en el pasado, de parte de laboratorios internacionales y de los países de origen de productos envueltos en conflictos.
Todavía está abierto el debate que el Ministerio de Agroindustria ha procurado encauzar entre productores y semilleros respecto del pago de regalías sobre semillas de soja, trigo, legumbres, maní, arroz, algodón. La ley en vigor es de 1973. Se puso en marcha cuando aún se hallaban fuera del mercado los cultivos transgénicos, tiempos en que la soja era apenas una curiosidad en el campo argentino. Esa norma confirió al productor la propiedad irrestricta en el uso de semilla propia. O sea, una vez cosechada puede guardarse a fin de sembrarla en campañas siguientes. Por sus características agronómicas no puede hacerse eso con todos los cultivos.
La presión de los semilleros ha sido creciente en los últimos años a fin de lograr restricciones al uso de semilla propia. Las autoridades oficiales han tomado con preocupación tales reclamos, que comprometen inversiones de orden general, más allá de las que se hagan para el campo. Una visión estratégica de los intereses nacionales impone el reconocimiento a los creadores de nuevas tecnologías, pero no sólo respecto de las actividades agrícolas sino en todos los terrenos donde se ventilen derechos por patentes y propiedad intelectual.
El Ministerio de Agroindustria ha sido consciente de que sin acuerdo siempre penderá el riesgo de que las principales empresas extranjeras retaceen la introducción en nuestro mercado de sus últimas innovaciones, que aumentan la productividad. De hecho, hay por lo menos dos eventos novedosos que no han entrado en la Argentina por razones de lo que hoy se discute.
Se sabe que en conversaciones que se llevan adelante con discreción en el sector privado entre las partes involucradas en estos temas habría un principio de acuerdo para que se paguen regalías por la reutilización de semillas propias. Eso es lo que demandaban, como cuestión de principios, desde hace años los semilleros, pero las coincidencias irían, como contrapartida, en dirección de que se establezca una norma por la cual éstos deberían hacer saber a los productores por adelantado el precio por la reutilización de las nuevas semillas al momento de su adquisición original. Prevalecería, además, el criterio de que el cobro por cada reutilización sea efectivo en relación con los nuevos eventos, no con los materiales que ya están a disposición de los agricultores. Además, se estaría avanzando en el sentido de que los semilleros deberían unificar el cobro por su mercadería: una sola factura, y no dos, en las que se desdobla el precio por el germoplasma, por un lado, y el evento respectivo, por el otro.
Ha quedado, entretanto, fuera de controversias que en un país soberano, como la Argentina, cualquier control sobre semillas debe correr por cuenta del Estado, bajo la condición implícita de que lo haga bien; no, como pretendió algún semillero de relieve, realizarlo en los puertos por sí mismo. Desde las graves disputas de años atrás a raíz de esa insistencia, ha recaído en el Instituto Nacional de Semillas (Inase) un papel central en la fiscalización. Actúa sobre la base de un acuerdo alcanzado sobre el sistema Bolsatech, que patrocina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, respecto de la información que se utiliza para los controles. El Inase ha pasado de decomisar 5 toneladas de semillas ilegales, en el primer trimestre de 2016, a más de 700 toneladas en el primer trimestre de 2017, pero aun así se halla lejos de satisfacer inquietudes razonables de la industria semillera.
Tanto los semilleros como algunas de las principales organizaciones de productores reconocen que hay un tráfico ilegal considerable de semillas en "bolsas blancas", al que debe ponerse coto. Lo exigen la trasparencia del mercado y el acatamiento de la legalidad. Están pendientes de resolución, además, viejas denuncias sobre introducción ilegal desde Paraguay de forrajeras para pasturas y verdeos, lo que constituiría no sólo un contrabando sino un factor de distorsión de ese mercado por su confusión con variedades existentes en el país.
A su paso por la Exposición Rural de Palermo, en julio, el ministro Ricardo Buryaile declaró que "la ley tiene que salir por consenso mayoritario, ojalá sea unánime". No será fácil lograr esto, pues actores como la Federación Agraria Argentina reclaman el uso de semillas por tiempo indeterminado por parte de los productores más chicos. De todos modos se ha avanzado mucho de un tiempo a esta parte.
Hay un importante interés nacional en juego que desaconseja demorar la resolución del problema por porfiadas que sean las disidencias. En todo caso deberá atendérselas por vías que no hagan peligrar la coincidencia básica de normas de valor estratégico para la Argentina. Será indispensable que a su turno así lo comprenda el Congreso de la Nación.
