En julio de 1998, en la ciudad de York, en el norte de Inglaterra, se realizó un numeroso Joint Meeting con la intervención de organismos como la FAO, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (Iupac, en sus siglas en inglés) y la Asociación Oficial de Químicos Agrícolas (Aoac, en sus siglas en inglés). Entre los temas a tratar estaba incluida la norma a aplicar a productos fitosanitarios genéricos para su registro. El desafío era proponer un sistema que garantizara la seguridad en el uso, tanto a nivel toxicológico como ecológico, y al mismo tiempo un mercado mundial competitivo que asegurara la competitividad de los agricultores de los países que no subsidian la producción y la seguridad alimentaria de las capas con menos recursos de la población mundial. Evidentemente, un desafío formidable, más teniendo en cuanta las presiones para que los productos genéricos siguieran las mismas normas que los productos nuevos, que por ser desconocidas las consecuencias de su uso, exigen un nivel de estudios muy superior que los razonables para moléculas ya conocidas, siendo que esos costos mayores eran cubiertos por la exclusividad garantizada por las patentes.

Con rapidez, consecuencia de que los participantes eran expertos que sabían de qué se hablaba, se llegó a una formula denominada equivalencia: "a productos químicamente equivalentes, efectos positivos y negativos equivalentes". Se formó un grupo de expertos, del que formé parte, que nos reunimos en Roma para redactar la norma y se cumplió ampliamente el objetivo, que fue mundialmente reconocido. La Argentina fue el primer país en adoptar la norma: Resolución Sagpya 350/99.

Este relato tiene absoluta actualidad ante los numerosos artículos aparecidos en varios medios sobre el aluvión de importaciones de agroquímicos, la falta de gradualidad y las confusas explicaciones de la industria. Pero esa sobreoferta es consecuencia de que las normas establecidas por la resolución 350 no son cumplidas, lo que hace posible que aventureros sin ningún tipo de responsabilidad y mínimos costos, se conviertan en actores en un mercado para el que no tienen las condiciones técnicas necesarias. Para simplificar es bueno usar el ejemplo de Alemania con los controles de emisiones de gases de los automóviles. Es indudable que un vehículo que cumple esas normas tiene un costo de fabricación mayor. Si el gobierno alemán permitiera la importación de autos a menor precio que no cumplen las normas ¿diríamos que la industria alemana no es competitiva o que el gobierno no cumple sus obligaciones en defensa de la salud y el medio ambiente?

La solución es simple: cumplir la ley. Equivalencia es un trípode que se sostiene en tres patas: el proceso del fabricante, las impurezas que genera ese proceso, verdaderas huellas digitales, irreemplazable por ningún código de barras, y el establecimiento productor. Si ignoramos cualquiera de esas patas el sistema se cae, con la consiguiente amenaza para salud y el medio ambiente. Hoy en Argentina no tenemos ninguna certeza sobre las impurezas presentes y mucho menos sobre el establecimiento productor.

Ante este panorama la afirmación de un referente: "Como productor el hecho de adquirir un producto a menor costo se traduce en ser más competitivos" es, por lo menos, irresponsable.

El autor es consultor