La pregunta es si el período que se está abriendo será mejor o peor que el primero. Hay varios factores que permiten apostar por un escenario más positivo para la etapa 2017/19, sea por el contexto regional e internacional, los aprendizajes de gestión desde 2015 y también por los incentivos comunes de una gama amplia de gobernadores en línea con la Administración nacional. Para que ocurra lo contrario, tendría que darse una feroz tarea de obstrucción legislativa, desplegada por un peronismo unificado bajo el liderazgo de la ex presidenta. O suponer que la resolución de los desequilibrios macroeconómicos que subsisten sólo habrá de lograrse a través de una nueva crisis, con ajuste violento de las variables. No parece haber tanto sustento para imaginar ese tipo de desenlaces, aunque eso no implica que la tarea del gobierno nacional carezca de desafíos.

La situación económica de la provincia de Buenos Aires, en dónde se libra la principal batalla electoral, ilustra sobre las dificultades del oficialismo, pero también permite subrayar que no es apropiado extrapolar al futuro o a otras regiones del país las condiciones del presente.

Los datos del Monitor de Provincias de IERAL muestran que, pese a la recesión de 2016, jurisdicciones como Córdoba o Santa Fe ya presentan (segundo trimestre de 2017) un nivel de actividad entre 4 % y 5 % superior al de la última fase de la gestión presidencial anterior, y también una leve variación positiva del empleo privado. En cambio, esos guarismos para la provincia de Buenos Aires marcan una recuperación más moderada, del orden del 2 %, y todavía contracción de los puestos de trabajo privados ( - 1,0 %), siempre en relación al tercer trimestre de 2015. Aunque el perfil productivo de estas tres jurisdicciones no es tan diferente, es evidente que las peculiaridades de Buenos Aires influyen en la brecha que han sacado Córdoba y Santa Fe.

El hecho que la recuperación del nivel de actividad a nivel país ocurra a un ritmo moderado hace que, en esta fase del ciclo económico, aumente la incidencia de los factores locales en la evolución de los indicadores de producción, consumo y empleo. A su vez, esas diferencias tienen que ver con el grado de holgura fiscal de cada jurisdicción y con las particularidades de los sectores predominantes en cada lugar (minería, agro, industria, petróleo).

La herencia que recibió María Eugenia Vidal fue mucho más pesada que la de sus pares de Córdoba y Santa Fe, con una provincia imposibilitada de hacer política anti-cíclica durante la recesión de 2016 por la magnitud del rojo fiscal, con un aparato productivo relativamente más anquilosado por la vigencia de los cepos (de 2011 a 2015), y una infraestructura incapaz de atenuar los fenómenos climáticos (inundaciones) que afectaron a una fracción significativa de la actividad agropecuaria. Para peor, Buenos Aires es la más “brasildependiente” de las provincias, por lo que la brutal caída de casi 8 % del PIB y de 40 % de las importaciones del país vecino en el acumulado de los últimos dos años pegaron de lleno en ese territorio. Esto en un momento en el que las transferencias fiscales automáticas desde la Nación hacían piso: paradójicamente, en una de las listas opositoras de este domingo aspiran a cargos expectantes los dos principales responsables (una ex presidente y un ex gobernador) de la cuota más baja de la historia percibida por Buenos Aires en la coparticipación federal, ya que de una porción de por si magra, de 24 pesos de cada 100 transferidos automáticamente a principios de los 2000, se cayó a 19 pesos de cada 100 hacia el año 2015. No ha sido gratuita la política de rienda corta para imponer condiciones aplicada en las gestiones anteriores, junto a subsidios y planes sociales manejados de modo clientelar.

Una de las razones por las que el escenario 2017/19 apunta a mejorar la performance de 2015/17 deviene de la remoción de restricciones (cepos, cortes de energía, desencuentro con el resto del mundo) que operaban sobre las actividades productivas. A su vez, al margen del color político, quienes administran municipios y provincias saben que es clave mantener abierto el crédito externo para financiar inversiones, y esta preocupación habrá de extenderse hasta fin de 2019, cuando culminan sus mandatos. Sin embargo, el crecimiento no podrá acelerarse demasiado, porque la inversión privada está limitada por la escasa rentabilidad y las políticas fiscal y monetaria no podrán jugar un rol expansivo en los trimestres por delante. La profundidad de las reformas estructurales que puedan lograrse será la que permita revisar al alza estas proyecciones.

Después de octubre habrá oportunidad para pasar en limpio los fondos recibidos por provincia, incluido los subsidios que fluyen a la región metropolitana, de modo que la cancha quede más nivelada, y no con un nuevo tipo de pendiente.

Pero el punto es que el crecimiento potencial de Buenos Aires habrá de aumentar en forma significativa por varios factores: a) la salida de la recesión de Brasil, b) la posibilidad de ordenar sus cuentas y mejorar la prestación de servicios como salud, educación y seguridad, algo que ya se ha insinuado; c) la corrección, aunque sea parcial, de la discrecionalidad fiscal padecida, acentuada de 2003 a 2015, que permitirá modernizar su infraestructura. Y estamos hablando del territorio que aporta el 40 % del PBG!

Por supuesto que lo ideal sería que estas nuevas opciones que se abren para una jurisdicción como Buenos Aires ocurran en el marco de un Pacto Federal, que involucre a provincias y Nación. No es sencillo unificar las posiciones, pero el hecho que el gobierno nacional y el de La Plata sean del mismo signo político genera una especie de “dilema del prisionero” para el resto de los actores, lo que puede alimentar soluciones cooperativas, en las que el todo resulte superior a la suma de las partes.

Fuente: Fundacion Mediterranea