El Banco Nación ordenó frenar las órdenes de desalojo de al menos una veintena de productores del sudoeste bonaerense que en el último tiempo habían sido intimados a abandonar sus campos por escribanos enviados por gerentes de la entidad en la región.

Se trata de un conflicto por deudas contraídas en los años 90 con el Nación que debían pasar a un fideicomiso de la provincia de Buenos Aires, como se hizo en otras provincias con pasivos de productores, pero que en este caso no se terminó de concretar.

En 2010, el gobierno de Cristina Kirchner firmó con el entonces gobernador Daniel Scioli un convenio para el traspaso de las deudas del Nación al fideicomiso provincial. Incluso ese año, por unanimidad, se votó una ley en la Legislatura bonaerense para apoyar ese traspaso. Esa norma se reglamentó, pero se trabó la instrumentación. Se demoró una firma del entonces ministro de Economía Axel Kicillof para habilitar a la provincia a emitir bonos para pagar al Banco Nación.

El gobierno anterior se fue cuando muchos habían optado pasarse al fideicomiso, pero sin que se ejecutara. En medio de esa indefinición, otros pagaron vendiendo parte de sus campos. Al llegar el nuevo gobierno, la administración nacional consultó a la provincia sobre el convenio, pero ésta no siguió el trámite.

Según los productores, en 2010, cuando se hizo el acuerdo para la transferencia del endeudamiento, en toda la provincia había 2155 productores en problemas, con deudas por $ 282,9 millones. De ese total unos 550 productores eran del sudoeste bonaerense. Se estima que al menos 50 hoy están en conflicto y 14 están dispuestos a una judicialización si no logran una solución, haciendo valer lo que había acordado el mismo Estado.

Según contaron fuentes oficiales de la provincia, en los últimos meses, más de la mitad de los productores arregló y queda en conflicto un grupo chico que podría resolver su situación con menos capital del que necesitaban en otro momento.

En este contexto, luego de que llegaron órdenes de desalojo a productores de Villarino, Tornquist, Coronel Dorrego, Puán, Adolfo Alsina, Saavedra, Coronel Pringles y Bahía Blanca, entre otros partidos, la semana pasada un grupo de tres productores de la región, acompañados por dos abogados, visitaron a la directora del Banco Nación Ercilia Nofal, a quien le presentaron 14 propuestas cancelatorias.

Resultados

Mientras esas propuestas quedaron en estudio, a los productores se les encendió una luz de esperanza frente a la amenaza de que luego de los desalojos vinieran los remates de los campos. Esos desalojos, donde los productores no se van de los campos, sino que el banco los deja como custodios de los distintos bienes presentes, quedaron ahora suspendidos. "Nos retiramos satisfechos con el resultado de la reunión, como punto de partida para la búsqueda de una solución que se viene buscando desde hace 20 años", señaló Víctor San Román, asesor ad honorem de los productores.

San Román señaló que en el banco les sugirieron que, al estar involucrados también los gobiernos nacional y provincial, se busque con los ministerios vinculados con el agro una solución conjunta. "El camino es arreglar. El problema es con la provincia, no con el banco", indicó.

Una fuente de la provincia de Buenos Aires dejó trascender hace unos días que no se harían remates, pero instó a los productores a resolver su situación. Por su parte, Nofal dijo a LA NACION: "Instruí a los gerentes a revisar los casos y suspender temporalmente las órdenes de desalojo".

Entre otras acciones, los productores ya mandaron cartas a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, e incluso al papa Francisco.

Una puja complicada

Luego del endeudamiento de los años 90, en 2010 hubo un acuerdo para que pasivos que quedaron en el Banco Nación se transfirieran a un fideicomiso en la provincia de Buenos Aires.

Apenas se firmó el fideicomiso, muchos productores optaron por ser transferidos del Banco Nación al fideicomiso provincial, porque en esta jurisdicción, al igual que en el resto de las provincias a las que también se les habían cedido los créditos, había un marco para solucionar el problema.

Siete años después, se fue el gobierno anterior y no se terminaron los trámites para la ejecución del programa.

Según los productores, pese a suspenderse en su momento medidas coercitivas de cobro, algunos gerentes siguieron con acciones de "apriete", induciendo a la venta del capital para pagar las deudas. Ahora, el banco ratificó la suspensión de las órdenes de desalojo.