CORDOBA.- El estado intransitable de los caminos rurales -destruidos por el agua, en especial en el este, sudeste y nordeste de esta provincia- es determinante para que los 400 millones de pesos con que cuenta la Asociación de Consorcios Camineros para este año no sea suficiente. En ese marco, desde la entidad negocian con el gobierno provincial un incremento de, al menos, el 10 por ciento.
Antonio Picca, presidente de la asociación, explicó que los fondos
presupuestados para este año -reciben un porcentaje del inmobiliario rural que
tiene destino específico- no alcanzarán porque se requieren más obras.
"Estamos negociando y presentando documentación para unos 30 millones de pesos
más en el corto plazo; además, seguimos trasladando piedras y tosca para reparar
los caminos anegados o pantanosos que sólo pueden ser trabajados así porque las
napas freáticas están muy altas", agregó.
La asociación mantiene 57.600 kilómetros de caminos secundarios y terciarios. Es difícil definir qué porcentaje está en peores condiciones ya que en algunos casos se pueden hacer obras "puntuales" para habilitar el paso y, en otros, hay que reconstruirlos completos. "Ya pusimos 1200 camionadas de piedras en las zonas más urgentes", señaló Picca.
Explicó que la situación más grave se produce en donde el relieve se ameseta y el agua se acumula (sudeste y noreste). A eso se suman los problemas derivados de obras de infraestructura en los límites con Santa Fe y Buenos Aires, que complican el desagüe.
La asociación planteó al gobierno la necesidad de aumentar el precio kilómetro/mes acorde a los costos, modificar la certificación de conservación para que sea por aporte, incorporar al vocal consorcista en el directorio de la Dirección Provincial de Vialidad y restituir el Fondo Compensatorio Solidario.
Picca señaló que hay más demanda de maquinaria y de materiales, por lo que los costos suben y remarcó que no debería seguir postergándose la ley de Consorcios Camineros para que refleje cómo están funcionando y no que sea una teoría.
Les preocupa que los inspectores de Vialidad certifiquen obras sin que esté detallado cómo lo hacen. "A las exigencias y certificaciones se le debe contraponer una propuesta así podemos trabajar en conjunto", afirmó.
En Córdoba hay 289 consorcios camineros agrupados en 19 regiones y en los últimos tiempos se acoplaron al trabajo interdisciplinario con el ministerio de Agricultura para impulsar las buenas prácticas agrícolas. "El tema es muy complejo; faltan obras, hubo prácticas equivocadas, hay más lluvias. Todos tenemos algo de culpa", describió Picca.
El dirigente señaló que los pagos de certificaciones están normalizándose, pero que los recursos son insuficientes. "No sólo hay que arreglar lo destruido sino mantener el resto; hay que diseñar un plan amplio que contemple la realidad".