Una parte de ellos supone que es para tapar los graves problemas económicos y sociales que padece la Argentina. Otra parte interpreta que la verdadera razón por la que se la investiga es para ocultar los nuevos casos de corrupción que involucran a Mauricio Macri y sus colaboradores. Y un tercer grupo afirma que lo que se intenta hacer es potenciar la grieta, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Sin embargo, detrás de esas teorías conspirativas hay una verdad sencilla: no somos los periodistas, sino los fiscales y los jueces quienes producen la información más relevante. Y la enorme visibilidad de las causas donde aparece la ex presidenta no depende tanto de los medios, sino de las noticias judiciales. Es cierto que los bolsos con dinero que arrojó José López por encima del monasterio de General Rodríguez terminaron de asquear a la sociedad. El mismo efecto produjo la imagen de los billetes con millones de dólares en la caja de seguridad de Florencia Kirchner. Tampoco es mentira que a partir de ese momento todo presunto delito cometido por Cristina parece representar "más de lo mismo". Como si hubiera que naturalizar el robo y la corrupción.

Pero también es verdad que los intensos trabajos de fiscales, jueces y camaristas como Gerardo Pollicita, Carlos Rívolo, Guillermo Marijuan, Claudio Bonadio, Julián Ercolini, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Sebastián Ramos, Martín Irurzun y Eduardo Farah, entre otros, han producido considerables avances en causas muy complejas y han acelerado el ritmo de las investigaciones de mayor interés. ¿Por qué ahora sí y antes no?, preguntan los más prejuiciosos. Una respuesta posible es el manejo de los tiempos "políticos" de Comodoro Py. Pero otra, más lógica todavía, es que recién ahora los funcionarios del Estado se dispusieron a responder pedidos y aportar datos demandados por fiscales y jueces. El ejemplo más claro es la causa de Vialidad Nacional que tramitan Pollicita y Ercolini. El juez terminó procesando a Cristina Fernández y a Báez como miembros de una organización criminal destinada a robarle plata al Estado y repartirla entre sus integrantes. Poco de eso hubiera sido posible sin la información interna que aportaron el actual responsable de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y sus colaboradores.

Lo mismo podría decirse de los expedientes de Hotesur y Los Sauces. También, en menor medida, sobre la denominada "ruta del dinero K", porque, en este caso, lo que disparó la profundización de la investigación fue la declaración indagatoria del colaborador arrepentido Leonardo Fariña. El esfuerzo del "grupo de tareas" de Cristina Fernández para equiparar estos expedientes con los casos de Panamá Papers, el Correo, Odebrecht, Avianca y otros está fracasando de manera estrepitosa. Las razones son múltiples. La primera y principal: sus operadores judiciales son impresentables y muy poco creíbles. Un ejemplo emblemático: Rodolfo Tahilhade. Se especializa en copiar y pegar denuncias periodísticas contra quienes investigan a Cristina y se apresura a presentarlas ante la Justicia. Con tal de complacer a su jefa, denunció por enriquecimiento a una de las dirigentes consideradas una de las más honestas de la Argentina: Margarita Stolbizer.

Las otras razones por las que las causas que involucran a funcionaron de este gobierno no avanzan son de puro sentido común. Es que recién empezaron a tramitarse, o los presuntos delitos no aparecen tan claros, o algunos fiscales y algunos jueces no desean incomodar a un gobierno que todavía no llegó a la mitad de su mandato. En este contexto, la apelación de Federico Delgado para que el juez Rodolfo Canicoba Corral no cierre la causa que involucra a Gustavo Arribas es un rasgo de independencia que ayuda a aumentar la credibilidad del sistema judicial. Y si el jefe de la AFI es inocente, como declara, no debería preocuparse por la insistencia del fiscal.

El último procesamiento de Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Romina Mercado, Lázaro Báez, tres de sus hijos, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entre otros, en el juicio de Los Sauces, es la decisión judicial más grave para la ex presidenta desde que terminó su mandato. Ahora, los que saben de derecho procesal empezarán a contar los días para el comienzo del juicio oral y la posibilidad de que vaya presa el año que viene. Para anticipar su inexorable destino sólo hay que echar un vistazo a los expedientes. No somos los periodistas. Son los hechos.