El Gobierno presentó finalmente en el Congreso su proyecto para modificar la ley de semillas, que data de 1973.

Según confirmó el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, la iniciativa, que es la primera ley impulsada por la gestión actual, llegó ayer a la Cámara de Diputados y tiene tres ejes clave.

En primer lugar, acota la figura del uso propio, algo contemplado en la ley actual y que permite al productor usar parte de la cosecha de soja o trigo para volver a utilizar en la siguiente campaña como semilla.

Ahora, tras la compra de la semilla, el productor deberá pagar un derecho a las empresas por las siguientes tres campañas si siembra por la misma superficie comprada. Al cuarto ciclo no deberá pagar más, salvo que haga una superficie mayor, con lo cual deberá abonar la diferencia.

Quedan exceptuados del pago los productores de agricultura familiar, pueblos originarios y quienes tengan una facturación anual menor a 1,8 millones de pesos (tres veces la categoría más alta del monotributo).

En segundo lugar, el proyecto establece que cualquier reclamo de pago por la propiedad intelectual se hará en la semilla. De esta manera, se busca saldar la disputa generada por los controles que hizo este año Monsanto sobre el grano en los puertos para cobrar por una tecnología resistente a insectos. En la boleta de compra de la semilla, señaló Bernaudo, deberá fijarse el precio del canon.

Finalmente, el proyecto habla de la conformación del directorio del Instituto Nacional de Semillas (Inase), encargado de la fiscalización en semillas, y establece que este organismo podrá hacer controles sobre los cultivos o el producto de su cosecha en cualquier lugar. Eso deja la puerta abierta a que, como ocurrió esta campaña luego del conflicto con Monsanto, sea el mismo Gobierno quien pueda controlar en el grano la legalidad de la semilla.

En el Gobierno sostienen que, tras su eventual aprobación, llevará un tiempo la implementación de la ley. Atentos a esto, los funcionarios prevén trabajar próximamente en la renovación del convenio que vence en marzo próximo y que había logrado frenar la disputa con Monsanto, con el Estado haciéndose cargo de los controles.