Un rumor encendió la alarma, justo cuando el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, se sumaba a la delegación presidencial participará de la Cumbre de Presidentes del G20, en China.
“El Ministerio de Agroindustria no compartió aún con la industria semillera el nuevo proyecto que enviaría al Congreso”, disparó Paseyro.
Ante la información que indica que se hará una presentación formal del mismo en la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) la próxima semana, Paseyro solicitó “que no se trate de una mera presentación, sino que necesitamos que el proyecto sea presentado íntegramente en la CONASE y que se abra una instancia de diálogo entre todos los actores involucrados antes de girarlo al Congreso; así evitaríamos tener que discutir las cuestiones técnicas en el Congreso, donde será difícil separarlas de las políticas”.
El Gobierno puede haber hecho un milagro sin todavía haberse dado cuenta, ya que gracias a las políticas que estableció a través de la Resoluciones 187 y la 207, podría haber sentado las bases de un nuevo paradigma para la soja.
El sistema aún está empezando a funcionar, pero estas medidas adoptadas por el gobierno fruto del consenso con la cadena de valor de la soja, eran un paso en la dirección correcta para contar con un sistema integral y sustentable en el largo plazo.
Los tres pilares del sistema son: la semilla fiscalizada, la erradicación de la semilla ilegal (bolsa blanca), y el uso propio bajo las condiciones acordadas con el titular de los derechos de propiedad intelectual.
La publicación de la Resolución 207/16 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) estableció que la toma de muestras y los testeos serán obligatorios en el comercio de granos durante la campaña 2015/2016. También determinó que los testeos se llevarán a cabo bajo la supervisión deI INASE, lo que abre abre las puertas a un nuevo paradigma. Ello, sumado a la Res 187/16 sobre el Uso Propio, lleva a una mayor transparencia al mercado, por acotar al máximo el uso de “bolsa blanca” ilegal, penalizando tanto a los productores como a las empresas que la comercialicen.
Hoy, el reconocimiento de la Propiedad Intelectual de la soja es responsabilidad del Estado, y se realiza bajo la única supervisión del INASE.
Este fue uno de los principales objetivos de la nueva administración. Para asegurarse que esto sea realmente ejecutable, el Ministerio de Agroindustria asumió el compromiso de fortalecer el rol del INASE, convocando a su Directorio y dotando al organismo de los recursos necesarios para un efectivo control del mercado de semillas.
Asimismo, para dar cumplimiento a la Res 207, el INASE celebró un Convenio con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para canalizar toda la operatoria y gestionar y administrar el sistema BOLSATECH, de toma de muestras y gestión de la información.
Todos estos avances corren ahora el riesgo de disiparse.
“Avanzar con una ley sin consensos, es retroceder en los avances que dimos esta campaña”, advirtió Paseyro, quien destacó los esfuerzos realizados durante esta campaña para llegar a un acuerdo entre la cadena de la soja y el gobierno; y señaló que “un proyecto de ley debe dar un marco regulatorio para los próximos veinte años y no ser una solución coyuntural”.
