Mauricio Macri asegura entre sus más íntimos allegados que está convencido de la inocencia del funcionario y de que éste habría sido objeto de una burda operación de inteligencia. Sin embargo, el Presidente no admite haberse apresurado en su decisión de correrlo "preventivamente" de sus funciones. Recuerda que asumió el compromiso de actuar en forma transparente y que hizo lo que correspondía: separar al funcionario hasta que la Justicia aclare su situación.

Este mayor retirado del Ejército que combatió en la Guerra de las Malvinas y se unió a la causa de los carapintadas en 1987 goza de la confianza de Macri ya desde los tiempos en que era director de la Agencia Gubernamental de Control porteña. La seguridad del Presidente en la honestidad de Gómez Centurión se refleja en una anécdota que Macri cuenta en la intimidad de su despacho, según fuentes de la Casa de Gobierno: "Una vez le pregunté si la Aduana podía dar vía libre para veinte GPS que quería el director técnico de Boca para el club y me mandó al carajo".

El primer mandatario desearía reponer a Gómez Centurión en su cargo dentro de unas semanas, con la esperanza de que la Justicia reconozca que las pruebas presentadas en su contra hasta ahora -una serie de grabaciones que habrían sido sospechosamente editadas- son inconsistentes. ¿Está pecando de ingenuo el Presidente? ¿Acaso no sabe que en la justicia argentina estas investigaciones no se resuelven en semanas y, muchas veces, ni siquiera en meses, sino en años? Lo sabe bien -responden sus colaboradores de la Casa Rosada-, a tal punto que todavía está fresca en la memoria de Macri la denuncia que el año pasado sufrió Fernando Niembro y que le costó su carrera política, pese a que ni siquiera fue procesado.

"Le vamos a pedir a la Justicia que actúe con celeridad", les responde Macri a quienes le plantean sus dudas sobre los tiempos judiciales en relación con el caso de Gómez Centurión, de quien el jefe del Estado se preocupa por recalcar que está "separado de su cargo y no echado".

No deja de ser curioso que el Presidente confíe en un veloz y favorable trámite judicial en el caso del titular de la Aduana cuando todavía expresa su fastidio con el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el aumento en la tarifa del gas.

Hay en Macri una convicción. No quiere dejarse llevar por la corriente populista, aunque ésta sea fuerte. Cree que los jueces de la Corte que suspendieron el aumento tarifario se han subido a esa ola. Luchar contra el populismo es difícil, pero no por eso hay que dejar de decirle la verdad a la gente, piensa el Presidente. Y su verdad es que la Argentina tiene un problema: no tiene energía y no puede importar más.

Si bien los equipos técnicos gubernamentales evalúan opciones para moderar el impacto de los aumentos en las tarifas, el criterio de Macri sería que el nuevo cuadro tarifario resulte semejante al último anunciado, que incluyó un tope de incremento del 400% para los hogares y del 500% para las empresas respecto de la factura abonada un año atrás. "Si alguien pretende que el aumento sea de un 30%, vamos a tardar 15 años en recuperar el país", deslizan voceros presidenciales.

Sin poder reducir los subsidios a las tarifas en la medida prevista antes del fallo de la Corte, distintos analistas económicos presagian un déficit fiscal primario que superará la meta del 4,8% del PBI que había presupuestado el Gobierno. Sin embargo, en la Casa Rosada se sigue jurando que se cumplirá. Observadores avezados ajenos a la Casa de Gobierno se preguntan si será a costa de un mayor diferimiento de obras públicas, algo que sugirió semanas atrás Alfonso Prat-Gay.

Al Presidente no lo inquieta la unificación de la CGT ni su posible poder de fuego, sobre todo tras haberse dado solución al problema de la deuda con las obras sociales. Macri ve en los dirigentes sindicales una dosis de madurez que hombres de su partido no advierten. Y está convencido de que debe y puede darse un debate en la Argentina acerca de la productividad, y de la reducción del costo logístico, el más alto del mundo. En tal sentido, sus voceros indican que el sobrecosto portuario, ligado a la corrupción gremial, llegó en la década kirchnerista a 9500 millones de dólares.

Macri reconocería, sin embargo, que algunos líderes sindicales están siendo corridos por izquierda por sectores gremiales internos, aunque se jacta de que él puede correrlos por otro lado: recordándoles que el general Perón hablaba de la productividad y decía que cada argentino tiene que producir como mínimo lo mismo que consume.