Como cuando debió tratar la reforma judicial de Cristina Kirchner. O cuando dirimió el conflicto por la ley de medios. Salvo algún imprevisto de último momento, el máximo tribunal resolverá hoy si convalida el aumento de los servicios públicos. El desenlace es estratégico, como siempre que se discuten cuestiones de energía.

Pero en el contexto actual adquiere una relevancia superior. Toda la herencia kirchnerista puede entenderse a partir de la política energética.

La subvención de los servicios públicos determinó las relaciones exteriores de los últimos 12 años. La escasez en la oferta de gas provocó un conflicto con Chile. La dependencia del fuel oil de Pdvsa subordinó a la Argentina al chavismo. Y el escandaloso acuerdo con Irán no encuentra una explicación más convincente que el trueque de petróleo por impunidad.

La peripecia energética ayuda a comprender los mecanismos de la corrupción. Desde la apropiación del 25% de YPF a través de la familia Eskenazi hasta el cobro de sobornos en el comercio con Venezuela, pasando por la intermediación en la importación de gas, por la que ahora Claudio Bonadio investiga a Julio De Vido y José Roberto Dromi.

Pero lo más relevante para la decisión de la Corte es que la demagogia eléctrica y gasífera generó, como ningún otro factor, el gigantesco desequilibrio en las cuentas públicas que impulsa la inflación. Los subsidios llegaron a superar la barrera del 5% del PBI, un monto equivalente al déficit fiscal y a la emisión monetaria con que se financió ese déficit. Aquí está instalada la mayor dificultad con que los jueces se enfrentarán esta mañana. Si no se revierte esa estrategia de precios será difícil encontrar una salida a la encerrona fiscal. O al revés: si se suprime el ajuste tarifario, el Gobierno deberá imponer otras restricciones que, además de afectar a la administración central, golpearán a las provincias. Esa receta alternativa tendrá consecuencias sociales antipáticas. Sobre todo por la persistencia de la inflación.

Síntesis: los máximos magistrados tomarán hoy, a propósito de una contradicción jurídica, una medida crucial de política económica. Será interesante saber si seguirán apegados al criterio que esgrimieron cada vez que, durante el reinado kirchnerista, afrontaron una disyuntiva parecida: "La Corte nunca va a lesionar al Gobierno en lo fiscal".

Antes de que se conociera el pronunciamiento de los jueces, que hasta anoche era una incógnita, la procuradora Alejandra Gils Carbó convalidó el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había anulado los aumentos. Gils Carbó rechazó los argumentos del Poder Ejecutivo. Sobre todo el más importante: que el precio del gas es un componente de la tarifa que no debe ser sometido a audiencia pública.

Esta refutación es la más decisiva del texto de Gils Carbó. El debate sobre las audiencias públicas tiene dos capítulos. El más general se refiere a la necesidad de realizarlas. El Gobierno sostiene que sólo son obligatorias cuando se decide una revisión general, que incluya precios, inversiones, prestaciones, etc. Aduce que los aumentos de esta vez son sólo una actualización, no una revisión. Y recuerda que en 2002 se dispuso un ajuste sin realizar audiencias y la Corte lo aprobó.

A pesar de esos razonamientos, el Poder Ejecutivo está dispuesto a que la Corte lo obligue a convocar audiencias, pero sólo para el transporte y la distribución del gas. No para la fijación del precio del producto. La razón: los consumidores no pueden elegir a qué transportista o distribuidora contratar. Por lo tanto, corresponde que le justifiquen el nivel de la tarifa. El valor del gas, en cambio, depende del mercado. De modo que no cabe someterlo a una audiencia.

Mauricio Macri tiene la vista clavada en este aspecto del problema. El precio del gas es el componente principal de la tarifa y, por lo tanto, su anulación tiene un costo fiscal altísimo. Además, la obligación de que cada contrato de compraventa de gas pase por una audiencia pública sería un obstáculo para la inversión en hidrocarburos, que es una de las grandes atracciones económicas que presenta la Argentina. Macri advierte que de la controversia sobre las tarifas no depende sólo su receta fiscal, sino su apuesta a relanzar la economía a través de la inversión.

Gils Carbó hizo lo que el oficialismo esperaba que hiciera: se alineó con los sectores que se identifican con Cristina Kirchner, que anteayer interpelaron con más dureza a Juan José Aranguren durante más de 10 horas en Diputados. Acorazado en argumentos técnicos, Aranguren logró su objetivo: que no lo destrozaran. Un mérito del coaching al que se sometió antes de bajar a la leonera.

La oposición le enrostró al ministro algunas facturas impagables. Llamativo: a la célebre "ceocracia" no se le ocurrió correr una simulación de los nuevos precios para detectar esos saltos imposibles de afrontar. Aun así, Aranguren ofreció algunos datos interesantes. Sobre las tarifas ajustadas: el 32% de los usuarios de Edenor pagó una factura inferior a $ 100. Y sólo el 10% pagó una superior a $ 500. Consignó también que entre 2003 y 2015 la inflación acumulada fue de 1400%; el salario aumentó 1620%, pero la factura eléctrica metropolitana subió sólo 40%.

Aranguren impactó con los disparatados subsidios en nombre de los cuales el kirchnerismo defiende su gestión energética. Entre 2003 y 2015, consumieron 75.400 millones de dólares. En el caso del gas, el 5% de la ayuda fue al decil más pobre de la población, y el 20%, al decil más rico. En el de la electricidad la distribución no fue tan regresiva: 8% fue al decil más pobre y 12%, al más rico. Envuelto en la bandera de la soberanía nacional, el ministro recordó que desde 2010 el país se convirtió en importador neto de energía.

No fue el único momento en que Cambiemos caracterizó al kirchnerismo como reaccionario. Aranguren recordó que Axel Kicillof, con quien siempre tuvo buena relación, subsidió la oferta de gas. Y Mario Negri se ganó un abucheo opositor al señalar: "Ustedes hicieron negocios con el mercado y destrozaron el Estado".

Macri debería agradecer a la oposición por haber interpelado a Aranguren. De lo contrario, ni siquiera sus diputados hubieran conocido los argumentos para defender el ajuste. El Gobierno los mantuvo en secreto a lo largo de semanas de hostilidades. Igual que cuando, durante el debate de la doble indemnización, lo acusaban de despidos masivos. En la Casa Rosada se ufanan de saber comunicar. Dicen que así funciona la nueva política.

Por suerte Macri tiene a De Vido. El ex ministro faltó al duelo que él mismo había promovido. Envió una carta autoincriminatoria: confesó temer que las preguntas no fueran sobre las tarifas sino sobre lo que él hizo a lo largo de 12 años. El kirchnerismo está en un mal momento para interrogar. Por ejemplo: cuando José Luis Gioja solicitó a Aranguren que le diga "a ojo, más o menos, cuánto es el precio del gas", desde el fondo del salón empezaron a gritarle: "¿Por qué no decís a ojo, más o menos, cuánto fue el lavado de dinero?". El pasaje más cómico ocurrió cuando Aranguren recordó que Cristina Kirchner había dejado facturas impagas por un total de $ 42.200 millones. Desde las bancas kirchneristas vociferaron: "¡Háganse cargo!, ¡háganse cargo!".

Los seguidores de la ex presidenta omitieron algunos datos que hubieran fastidiado a Cambiemos. Uno de ellos: María Eugenia Vidal convocó a audiencias antes de aumentar la luz. A propósito: es llamativo que ni la gobernadora ni Horacio Rodríguez Larreta, que gozan de una credibilidad altísima, no hayan sido convocados a explicar el ajuste energético. Se ve que Jaime Durán Barba, que asesora a ambos, los preserva.

Nimiedades. Lo destacable es que el expediente que más inquieta al Gobierno llega a la Corte después de una pasable victoria en Diputados. Con un logro adicional: la posición adversa al Ejecutivo quedó ligada al kirchnerismo más desprestigiado. En el tribunal ayer hubo deliberaciones infinitas. Y mil incógnitas. Algunas versiones afirmaban que la posición oficial, consistente sobre todo en evitar las audiencias para el precio del gas, contaba con tres votos a favor; otras planteaban un empate dos a dos. En todos los casos se ubicaba a Ricardo Lorenzetti y a Horacio Rosatti en una postura más comprensiva con el Ejecutivo y a Elena Highton más distante. El interrogante mayor: Juan Carlos Maqueda. Se sospecha que los jueces buscarían hoy, en cualquier sentido, la unanimidad. La disparidad de hipótesis equivale a la disparidad de mensajeros y gestores. El diálogo de Macri con la Corte es una torre de Babel.

Macri es innovador. Pagó un costo importante para designar dos ministros en el tribunal supremo. Pero uno de ellos, el prestigioso Carlos Rosenkrantz, se incorporará dos días después de que se trate el caso más angustiante para el primer año de gestión oficialista. Un homenaje a la independencia de poderes que no debe haber soñado siquiera Montesquieu.