"Si la Corte nos obliga a devolver el dinero de los argentinos que ya pagaron los aumentos de las tarifas de luz y de gas de mayo y de junio, eso le costará al Estado $ 80.000 millones, Federico Sturzenegger va a renunciar, la inflación que está bajando se transformará en hiperinflación, el plan económico se va a ir al diablo y todo lo que bueno que hicimos desde diciembre del año pasado no habrá servido para nada".
Sturzenegger es el Presidente del Banco Central y ya le anticipó al jefe de Estado que no iba a emitir $ 80.000 millones para tapar el agujero negro del sistema energético porque si lo hacía, todas las variables monetarias y de la economía se dislocarían de inmediato.
Macri no ejerció una presión directa sobre los integrantes de la Corte porque no es su estilo, pero pidió información lo más certera posible sobre lo que decidirán sus miembros después de analizar el fallo de la jueza de San Martín que retrotrajo el aumento de la tarifa del gas y obligó al máximo tribunal a pronunciarse.
El Presidente no quiere volver hacia atrás. Sostiene que ya lo hizo cuando puso un tope del 400% al incremento de todas las tarifas. Reconoce que hubo errores en la implementación de los incrementos y también en la comunicación, pero pide a sus interlocutores que no se los adjudiquen ni al ministro Juan José Aranguren, ni a su secretario de Legal y Técnica, Pablo Cousellas, ni a su vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui.
El mandatario intenta que todos los argentinos se detengan a pensar quienes son los verdaderos responsables de la crisis energética y por eso puso el foco otra vez en los oscuros negocios del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Presenta al hombre de Néstor y Cristina como el ejemplo más cabal de lo mal que se gestionó todos estos años. "Usaron la mitad de la energía de gestión para robar y la otra mitad de la energía para subsidiar a la clase media y la clase media alta, y por eso aumentaron la pobreza hasta niveles demenciales y se fueron dejándole al país una bomba de tiempo que cuesta tanto desarmar", explicó el jefe de Estado ante su mesa chica.
Macri desea que la Corte deje en claro que es el Poder Ejecutivo y no la Justicia el que tiene la potestad de decidir sobre el precio de las tarifas. Espera que los magistrados entiendan que la energía, el agua y el gas no pueden ser gratuitos y que hay antecedentes que indican que lo que deben discutir las audiencias públicas son solo los aumentos del servicio de la distribución y el transporte de energía, y no, por ejemplo, el precio de gas en boca de pozo, porque eso forma parte de las leyes del mercado. El jefe de Estado no sabe todavía que decidirá La Corte. Espera que su presidente, Ricardo Lorenzetti, le de la razón. O por lo menos la mayor parte de la razón. Aguarda que Juan Carlos Maqueda comprenda la gravedad de la situación y no haga "demagogia". No tiene demasiada expectativa con Elena Highton de Nolasco y ya se enteró que Horacio Rosatti tiene cierta preocupación por cómo pueda reaccionar parte de la opinión pública y quiere dejar "su imagen a salvo".
Si la decisión plenaria se demora hasta la asunción oficial de Carlos Rosenkrantz, puede ser que el Poder Ejecutivo consiga un voto más propicio. El sábado, cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña, estaban más tranquilos que el propio Macri. Decían, por ejemplo, que la Corte podría acordar un fallo salomónico y hacerle devolver al gobierno no más de $ 5000 millones, con una fórmula técnica que incluiría la directiva de llamar a audiencias públicas para la discusión sobre el aumento solo de la distribución y el transporte de la energía.
Sin embargo, para Macri no solo se está poniendo en juego la discusión sobre los incrementos de las boletas de la luz, el gas y el agua, sino la mismísima autoridad presidencial. Y también cree que lo que se está discutiendo, es un paradigma cultural, como el supuesto derecho de ver el fútbol gratis o la idea de que el Estado debe subsidiar casi todo.
El está menos preocupado por la caída de su imagen positiva y la imagen de gestión que por la posibilidad de que lo obliguen a dar marcha atrás, de manera completa, a la decisión de incrementar los servicios. "Si nos frenan esta decisión nos van a terminar frenando todas las decisiones estructurales que tenemos pensado tomar. Y si nos frenan todas las decisiones estructurales no podremos gobernar. Se nos hará imposible gestionar con las herramientas que tenemos".
Todavía se sigue preguntando cómo es que el círculo rojo transformó a los aumentos en un asunto de vida o muerte si casi el 80% de los clientes que tienen luz, gas y agua ya habían decidió pagar los incrementos. Todavía se sigue preguntando porqué todos gritan tanto si en el 70% de los casos las facturas no pasaron, en promedio, los $ 500; es decir $ 100 menos de lo que cuesta el abono básico de cable.
Macri cree que detrás de todo este ruido y de las agresiones callejeras se agazapa la intención manifiesta de impedir no solamente que Cambiemos gane las elecciones del año que viene sino también que el Gobierno no termine su mandato. Está inquieto por la foto que se sacaron juntos la ex presidenta Cristina Fernández y el ex gobernador Daniel Scioli, porque a semejante escena le agrega la imagen de Hebe de Bonafini pasando por encima de la ley.
Las piedras que rebotaron en el vidrio de la camioneta que lo sacó del barrio pobre de Mar del Plata donde habló no más de cinco minutos junto a la gobernadora María Eugenia Vidal son, para él, una metáfora de lo que intentan algunos sectores del kirchenrismo que temen que Cristina vaya presa. "Si La Corte nos hace volver para atrás la misma gobernabilidad se pondrá en discusión", se lo escuchó decir, en las últimas horas, como un sutil ultimátum.
