El ministro de Energía ha vuelto a ratificar, estos días, que no habrá nuevos aumentos de los combustibles durante el resto del año. Y dado que ya había dicho lo mismo varias veces y que ni la política ni el tarifazo al gas toleran otro ajuste, el repiqueteo de Juan José Aranguren lució innecesario.

Innecesario, salvo por un detalle que es bastante más que un detalle: en la hoja de ruta de Energía estaba contemplado un incremento del 7,5 % para agosto, que iba a redondear un 40% desde enero. El problema es que la suba también figuraba en la hoja de ruta de las empresas y que ellas aún mantenían la expectativa de seguir mejorando sus ecuaciones financieras.

Pero si otra información que circula en medios privados se confirma, puede saltar una sorpresa completamente opuesta al 7,5%: que Mauricio Macri adelante algo que proyectaba aplicar hacia comienzos de 2017. Se trataría nada menos que de una rebaja en el precio de los combustibles y, simultáneamente, de otra en el valor del petróleo que se les reconoce a las compañías dedicadas a la extracción de crudo.

Fogoneada por funcionarios que dentro del sector privado consideran fuertes, el objetivo de la medida no apuntaría tanto a su efecto sobre los índices de inflación, aunque alguno tendrá, sino a su impacto político y mediático. Lo tiene asegurado sin duda, aunque si así se busca aplacar las protestas por el gas y la luz está claro que una baja en las naftas resulta insuficiente.

Aun cuando ahora se haya colado en medio del ruido de los tarifazos, alrededor de los combustibles hay un debate que corre hace rato. Y corre más precisamente desde que el precio sostén que el kirchnerismo le fijó al petróleo producido aquí no acompañó el fuerte retroceso del precio internacional.

Más que eso: la brecha se invirtió y se invirtió tanto que hoy alcanza al 34% o al 64% según los casos; grande y sin tendencia clara a reducirse. Entonces, la pregunta sale directa: ¿por qué el Gobierno no baja el valor del crudo? Y sale incluso de funcionarios ajenos al palo de la política.

No es una pregunta insustancial, apenas se repara en que ese precio que reciben las compañías va proyectándose a todos los eslabones de la cadena hasta llegar a los surtidores. Y como pesa mucho dentro del costo final, en la Argentina la nafta vale arriba del promedio mundial y muy por arriba de unos cuantos países.

A mitad de camino entre posiciones opuestas, dice un consultor: “No se justifica que el valor del crudo esté tan alejado del internacional ni que no bajen la nafta. Pero al tren van enganchadas las provincias petroleras y andá a convencer a los gobernadores de que acepten cobrar menos por las regalías y a los duros petroleros que aflojen con sus pretensiones salariales”.

Algo semejante a eso explicó el propio Gobierno, a principios de año, cuando en una misma medida recortó el precio del crudo y subió el de las naftas: quitó por un lado y compensó por el otro.

Después de reconocer que la brecha seguía firme, el informe oficial aludió a la necesidad de sostener la producción y el empleo. Y agregó: “con el menor impacto posible en la población”.

Lo cierto es que a aquella primera suba de enero le siguieron otras hasta acumular un 31% en junio.

Un argumento de quienes aún defienden los aumentos es que a pesar de ellos la demanda no ha caído. Para el caso, la de la nafta súper creció 1% en el primer semestre y la del gasoil, 6,8% en junio.

Y aún tratándose de cosas bien diferentes, contrastan ese cuadro con el bajón del 6,6% acusado por las ventas en comercios minoristas durante los primeros siete meses.

Que la demanda de combustibles no haya retrocedido es una manera de mirar el tema. Otra es que dejó de crecer al ritmo que crecía hasta el año pasado. Y una tercera, que sin llegar a ser crítico el efecto precios tiende a sentirse.

Por lo demás y notoriamente desde que se estatizó el 51% de YPF, esta fue una actividad que el kirchnerismo dejó afuera del retraso tarifario expuesto. Cambió tanto la ecuación que contra marzo de 2012, dos meses antes de la salida de Repsol, el costo de la nafta súper ha aumentado 209% –se triplicó– y 188% el del gasoil.

Evidente, resultó una movida orientada a mejorar las finanzas de la compañía, levantar sus inversiones y mostrar números auspiciosos en toda la línea. O sea, a exprimir el costado político de la decisión.

Hay sin embargo un dato de esa herencia K que no es precisamente alentador: el endeudamiento de YPF escaló a más de US$ 7.000 millones.

Auspiciosos resultaron siempre los números de Miguel Galuccio, quien en medio del jubileo con los dólares a futuro habría sacado réditos personales cercanos al 50% en divisas. No hizo operaciones para la compañía que entonces manejaba.

Visto el recorrido de esta historia y el perfil del macrismo, sería una novedad que el Gobierno bajase el precio interno del petróleo y al toque el de los combustibles.

Opina alguien que asesora a empresas del sector: “Es cierto, sería una historia novedosa y también riesgosa. Caería justo cuando el Gobierno necesita y apuesta en grande a sumar inversiones allí donde el país enfrenta la situación más crítica”.

“Somos el único país del mundo que admite un valor interno del petróleo tan alejado del internacional”, dice un ex funcionario del área energética.

Seguro que una rebaja en las naftas y el gasoil significaría un golpe político fuerte, aunque no un golpe salvador. Ahora, con las tarifas del gas y la electricidad, el Gobierno está metido en un brete que se mide en subsidios y en miles de millones de pesos en subsidios del Estado.