La última investigación del fiscal Alberto Nisman no fue, después de todo, en vano. Los hechos que él denunció, y que le costaron su prematura muerte, serán investigados por otro juez, Claudio Bonadio, aunque éste no tramitará la causa abierta por Nisman. Bonadio investigará los hechos denunciados por Nisman, no la causa que se abrió poco antes de que lo encontraran muerto en su casa. La denuncia de Nisman tomó, así las cosas, un giro inesperado, que podría terminar con la investigación de Cristina Kirchner por encubrimiento de los terroristas que volaron la AMIA hace 22 años. Ésta fue la denuncia de Nisman; eso es lo que investigará Bonadio con las pruebas, en parte al menos, que aportó el fiscal en el verano de 2015.

Bonadio le pidió al juez original de la causa, Daniel Rafecas, que le enviara la denuncia de Nisman y las pruebas que aportó antes de morir. Ayer, Rafecas decidió trasladarle a Bonadio todo lo que éste le pidió. Rafecas viene de rechazar un pedido de la AMIA para reabrir la causa iniciada por la denuncia de Nisman; Rafecas siempre consideró que la denuncia carecía de consistencia como para ser investigada. Por eso, es probable que Rafecas no plantee un problema de competencia con Bonadio. Para Rafecas, la causa sencillamente no existe. Esa opinión le valió a Rafecas la enemistad con gran parte de la dirigencia de la comunidad judía, con la que había enhebrado una buena relación por su investigaciones sobre la enorme tragedia del Holocausto.

Sin embargo, dos fiscales, Gerardo Pollicita y Germán Moldes, opinaron siempre que la denuncia de Nisman debía ser investigada para establecer si tenía -o no- razón. Pollicita, fiscal de primera instancia, chocó con la negativa de Rafecas. Moldes, fiscal de Cámara, tropezó en su apelación con los dos jueces más desprestigiados de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que confirmaron la opinión de Rafecas.

El caso llegó a la última instancia penal, la Cámara de Casación, pero ahí la tomó el fiscal Javier De Luca, de Justicia Legítima, que pidió que la denuncia de Nisman fuera definitivamente archivada. La denuncia de Nisman está, en verdad, en un limbo jurídico. Dos jueces de la Cámara de Casación, Luis María Cabral y Gustavo Hornos (no Juan Carlos Gemignani, como se dijo erróneamente), usaron una fórmula rara para escribir su resolución: "Téngase razón del desistimiento fiscal". No ordenaron el archivo de la causa. Otros jueces consultados entendieron que esa frase quería decir "téngase presente" o "téngase en cuenta". Nunca fue aclarada por los que la escribieron.

El voto minoritario de la jueza Ana María Figueroa ordenó directamente el archivo de la causa. Pero fue minoría. La mayoría, Cabral y Hornos, redactaron aquella frase que no significa el archivo de la denuncia pero tampoco la apertura de la investigación. Varios fiscales sostienen que la causa iniciada por Nisman está, por eso, abierta. Nunca fue archivada. De hecho, el fiscal Moldes presentará en los próximos días un nuevo pedido ante la Cámara de Casación para que declare nula la sentencia de la Cámara Federal firmada por Ballestero y Freiler que hizo caso a la resolución de Rafecas y ordenó archivar la denuncia de Nisman.

Cuando ya todo parecía perdido, Bonadio llegó a la acusación de Nisman por un camino oblicuo. Comenzó a investigar una denuncia de un abogado privado contra el ex canciller Héctor Timerman por traición a la patria. El hecho se basaba en la grabación de conversaciones telefónicas de Timerman con los entonces presidente y vicepresidente de la AMIA Guillermo Borger y José Scaliter. "Hace 18 años que pusieron la bomba. ¿Con quién querés que negocie?", le dice Timerman a Scaliter en 2012. Ante un reproche de Borger porque el entonces canciller negociaba con los autores del atentado contra la mutual de la comunidad judía, Timerman insiste en el mismo argumento que usó frente a Scaliter: "¿Y con quién querés que negocie? ¿Con Suiza?".

En su denuncia contra Cristina Kirchner y Timerman, Nisman también presentó grabaciones de conversaciones telefónicas. Involucraban al piquetero kirchnerista Luis DElía; al jefe del violento Quebracho, Fernando Esteche, y a Jorge "Yussuf" Khalil, presunto nexo entre los kirchneristas argentinos y el gobierno de Irán. En esas conversaciones, ellos señalan el acuerdo con Irán como un gran triunfo político del gobierno de Teherán. Un triunfo que se lo ofrecía la administración argentina de Cristina Kirchner.

Bonadio entendió que los hechos que él está investigando son centralmente los mismos que denunció Nisman. Esto es: el gobierno argentino presidido por Cristina Kirchner sabía que los autores de la masacre de la AMIA, que costó la vida de 85 personas (86, si se suma la de Nisman), eran funcionarios del gobierno de Irán. No obstante, la ex presidenta y su canciller decidieron crear con el gobierno iraní una "comisión de la verdad" para esclarecer cómo fue el atentado, quién lo ordenó y quién lo ejecutó.

Jerarcas iraníes

En rigor, la verdad ya existe para la justicia argentina, que estableció que el autor intelectual y financiero del atentado fue el gobierno de Irán. La justicia argentina pidió la captura internacional de varios jerarcas y ex jerarcas del régimen de Teherán. Después de una enardecida reunión entre Nisman y funcionarios iraníes en la sede central de Interpol en Lyon, el organismo policial internacional decidió darle la razón al fiscal argentino y poner en vigor las circulares rojas para detener a seis jerarcas iraníes.

Bonadio ya ordenó varias medidas de prueba. Algunas las pidió el denunciante de Timerman, otras las reclamó el fiscal Eduardo Taiano y las demás las aportó el propio Bonadio. El juez agregará, además, varias de las medidas probatorias pedidas en su momento por el fiscal Pollicita; lo hará cuando Rafecas le envíe copia de todo el expediente. Taiano se convirtió en el tercer fiscal (después de Moldes y Pollicita) en pedir la reapertura de la causa de Nisman. Lo hizo hace cinco días. Taiano es el fiscal que investiga la denuncia contra Timerman por traición a la patria. El fiscal llegó a la conclusión de que la denuncia de Nisman y la causa que se abrió contra Timerman persiguen el mismo objetivo: establecer si el gobierno de Cristina Kirchner encubrió a los autores del atentado contra la AMIA. La investigación, que podría terminar en la imputación de Cristina Kirchner, tiene un enorme carga moral: se trata de un delito de lesa humanidad. Bonadio es un juez rápido y expeditivo, a quien la ex presidenta aborrece. No pierde un día sin intentar recusarlo.

Por ahora, y para no meterse en una causa tan discutida en los tribunales (la iniciada por la denuncia de Nisman), que está además teóricamente en manos de otro juez, Bonadio eligió caminar por una diagonal. Llegó a los hechos denunciados por Nisman, aunque no necesariamente a la causa abierta por su denuncia. Es el mismo punto final, pero al que accede por otro camino. La propia investigación de la muerte de Nisman está también en un laberinto incomprensible, inmersa en una disputa entre el fuero federal y el ordinario. Pero la denuncia que motivó su muerte (sea como fuere que haya sido ésta) encontró un juez y varios fiscales decididos a establecer si Cristina Kirchner encubrió a los terroristas extranjeros que mataron a decenas de argentinos. Después de un año y medio, la investigación y la denuncia de Nisman parecen haber encontrado un sentido y un destino.