La iniciativa de la legisladora progresista parte de entender al suelo como un recurso natural estratégico. En función de ello, y buscando su usufructo sustentable, el articulado tiene como objetivo central impulsar las buenas prácticas agropecuarias y forestales. Sugiere premiar a aquellos productores que realicen una explotación responsable y beneficiosa para el ecosistema.
El texto entiende por buenas prácticas a aquellas formas de explotación que “contribuyen al mantenimiento o mejora de los ecosistemas tanto en lo referido a sus servicios como a su capital natural”. La descripción abarca usos, cobertura del suelo y tecnología aplicada.
A su vez, establece planes de ordenamiento ambiental del territorio a nivel regional. La mirada rectora del documento es la de integrar el uso de los suelos con el estado de los otros elementos del ambiente, como pueden ser los humedales, pastizales, bosques o biodiversidad.
Para garantizar el derecho constitucional (artículo 41) a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y que no comprometa a la las generaciones futuras, el proyecto prevé la creación de un programa nacional de conservación y de recuperación. Entre los objetivos que tendrá este plan, se destaca el de promover la conservación, el uso responsable y la recuperación de la capacidad productiva del suelo.
Además, estipula la creación del fondo nacional orientado a fomentar dichas prácticas recomendables. El fondo estará constituido por partidas presupuestarias que, en los tres primeros años “no podrán ser inferiores al 0,1 por ciento del presupuesto nacional” y en los 2 años subsiguientes “no inferiores a 0,3 por ciento”. También incluye medio punto de exportaciones agroindustriales, recursos financieros de organismos internacionales y donaciones, entre otros.
