Mientras Daniel Scioli se intenta defender a través de la televisión y por teléfono, la diputada Elisa Carrió, con el asesoramiento de uno de sus hombres de confianza, el senador provincial Andrés de Leo, lo acusó ante el fiscal Alvaro Ganganta de tener "un testaferro".

Se trata de Juan Carlos Mancinelli, un empresario que fue indagado por evasión tributaria agravada en la causa en la que se está procesado Juan Ignacio Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, sindicado como el proveedor de una usina de facturas truchas.

Mancinelli, entre otras actividades, se ocupaba de la dirección técnica del equipo de fútbol de salón de La Ñata, la quinta de más de 12.200 metros cuadrados que figura en la declaración jurada de Scioli como su vivienda formal.

De Leo acusó a Scioli de haber sido el vehículo para que le otorgaran, a través del ministerio de Infraestructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires, catorce obras públicas en la Costa Atlántica a Mancinelli "sin tener la más mínima experiencia para hacerlo". El senador provincial recordó, en su denuncia, que entre los comprobantes de pago que presentó Mancinelli aparecieron facturas truchas que usó Suris, quien ahora está detenido, acusado por asociación ilícita en ese expediente y a la espera del juicio en una causa por narcotráfico.

La primera información sobre el caso la suministró La Nación, en una nota firmada por Hugo Alconada Mon en noviembre de 2015.

De Leo anticipó el contenido de su denuncia ante Garganta en La Cornisa.

Como parte del informe titulado El Gran DT, el legislador aportó una parte del expediente que tramita la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En esta causa, Mancinelli aparece como uno de los usuarios de las facturas truchas de Suris.

De Leo se presentó ante el fiscal Alvaro Garganta el martes pasado, junto a la diputada nacional Elisa Carrió, y prestó declaración testimonial contra Mancinelli.

La declaración de De Leo, técnicamente, es una ampliación de la denuncia en la que Carrió acusó a Scioli por los delitos de lavado de dinero, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De Leo afirmó que "Scioli tenía como testaferro al empresario Juan Carlos Mancinelli procesado por evasión tributaria en la causa en la que Juan Ignacio Suris está acusado de manejar una usina de facturas truchas".

El legislador que responde a Carrió se basó en la causa que maneja la jueza Sandra Arroyo Salgado donde se señala que en estas operaciones se usaron empresas "bajo el nombre de fantasía de Servicios San Cayetano (..) que tenían como único respaldo documental las facturas emitidas por la usina apócrifa CVP Industrias S.A. de Juan Ignacio Suris".

De Leo contó: "Mancinelli utilizaba la tercerización. Él le factura a la provincia pero sus gastos estaban justificados con una subcontratación a una empresa de Juan Suris. Esta empresa era una usina de facturas apócrifas. En este caso hay un fraude al Estado en donde hay dos partes: el que otorga la licitación y el que recibe el dinero para hacer la obra (...)"

Enseguida el legislador comparó a Mancinelli con Austral Construcciones: "En el caso de Báez al menos se le conocía la empresa. En el caso de Mancinelli no. El modus operandi era peor: acá el empresario ni siquiera reunía las condiciones para hacer la obra pública" afirmó.

La compañía de Mancinelli obtuvo la licitación para la construcción de varios paradores turísticos en la costa bonaerense: Claromecó, La Lucila del Mar, Miramar, San Clemente del Tuyú y Mar Chiquita fueron algunos de ellos. También consiguió el trabajo de limpieza de un tramo del río Luján, que cotizó a $ 16,5 millones.

En 2014 Mancinelli fue denunciado por AFIP. Este año fue indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien le dictó falta de mérito, aunque dejó la sentencia en suspenso. La jueza espera los resultados de un peritaje contable, para definir si es sobreseído o procesado.
En su declaración ante la jueza, Mancinelli se defendió y argumentó que su firma "ganó las licitaciones para construir los paradores" y que buscó "empresas para realizar las obras".

Tanto en la causa que tramita Casanello como en la que inició en junio el fiscal Garganta la aparición de estas facturas puede der tomada como prueba e implicaría el pago de retornos y el delito de lavado de dinero.

En esta parte del expediente judicial que tramita Arroyo Salgado dice de manera textual: "Estas sociedades no poseen bienes registrables, como tampoco grúas ni maquinarias y no ha tenido personal en relación de dependencia".

Garganta aceptó incorporar a la denuncia de De Leo en el expediente como una maniobra nueva que probaría la existencia de otra caja negra del anterior gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carrió también señaló otras cajas negras como Lotería de la provincia, Aguas de Buenos Aires, IOMA, el Puerto de La Plata y la Policía.

La contratación de Mancinelli, ya indagado en la causa por evasión al fisco a partir del uso de las facturas truchas, puede ser el delito precedente para avanzar en lo que se denominó La ruta del dinero S.

Según fuentes cercanas a la fiscalía de Garganta todavía no terminaron de revisar las cuentas extrapresupuestarias de la jefatura de gabinete que estuvo a cargo de Alberto Pérez, en donde se comprobó la inconsistencia en las facturas que se presentaron como comprobantes de los pagos.

En el programa de Mirtha Legrand, Scioli se defendió diciendo que los bonaerenses lo eligieron para ser gobernador en dos oportunidades y consideró las acusaciones en su contra como una difamación.