Comprende que la causa judicial que se abrió a raíz de la denuncia de Elisa Carrió y que tramita el fiscal Álvaro Garganta puede complicar su futuro político y personal. Hasta hace muy poco, parecía blindado e intocable. Las denuncias en su contra quedaban en la nada o eran ocultadas por algunos medios y periodistas de opinión. En su momento, Néstor Kirchner y también Cristina Fernández hicieron alusión a "la protección mediática" de la que supuestamente gozaba. En la misma provincia de Buenos Aires, la mayoría de los miembros de la Justicia desestimaron o dejaron "morir" decenas de causas que podían haber sido investigadas. Y los organismos de control hicieron la vista gorda ante irregularidades e inconsistencias evidentes.

Una de las más llamativas fue la causa que se le inició a Scioli por enriquecimiento ilícito a fines de agosto y se dio por terminada y archivada a principios de octubre del año pasado, en plena campaña electoral. "La investigación duró menos que el trámite de una multa de tránsito", me dijo ayer el ex diputado provincial Walter Martello, quien viene denunciado a la administración naranja desde hace por lo menos seis años. Pero ahora, sin la chequera ni la influencia de la que gozó hasta que perdió las elecciones, el escudo protector que mantenía a Scioli intacto dejó de funcionar y la justicia de la provincia se está desperezando, tal y como sucede con los fiscales y los magistrados de Comodoro Py desde principios de año.

Garganta ya considera al ex gobernador presunto responsable de los delitos de lavado de dinero, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a pesar de que la denuncia fue presentada en junio. El martes no sólo recibió una ampliación de la denuncia de Carrió. También la aceptó como querellante. Lo único que hicimos nosotros el domingo pasado es lo que haría cualquier periodista: mostrar lo que se pretende ocultar. Y contarlo para que lo entienda la mayor cantidad de personas. Pero no lo inventamos. Ni lo propiciamos. El error del ex candidato presidencial del Frente para la Victoria fue suponer que detrás de los datos había una conspiración política. Hablamos de "la ruta del dinero S" no para compararlo con Lázaro Báez o Cristina Fernández. Lo hacemos porque lo que investiga el fiscal es el destino del dinero público que Scioli administró desde su cargo.

La presentación de la diputada nacional es amplia, pero al mismo tiempo concreta: apunta al corazón de los supuestos negocios del ex gobernador y su entorno. Se mete con lo que denomina "las cajas negras de la política", alimentadas, presuntamente, con dinero del juego, la obra social denominada IOMA, la publicidad emitida por Lotería Nacional, las cuentas extrapresupuestarias de la Jefatura de Gabinete que manejaba Alberto Pérez y ABSA, la empresa de aguas que administró Guillermo Scarcella durante los ocho años que gobernó el ex motonauta. Todavía nadie puede condenar a Scioli, pero su primera reacción ante los hechos fue la de un político tradicional y escondedor. Escribió un comunicado y lo envió a la prensa, para asegurarse de no meter la pata. No concedió reportajes abiertos, con las preguntas de rigor. Ordenó a su equipo que llamara a medios y periodistas "amigos" para detener la hemorragia informativa. En su monólogo, explicó lo obvio: que el origen de los fondos públicos de su gobierno no era ilegal. Pero no aclaró que el problema no es el origen, sino el destino de esa plata del Estado. Su jefe de Gabinete hizo algo parecido: en vez de responder sobre la sospecha del destino final de los 17 millones de pesos que su oficina entregó durante los años 2014 y 2015 sin la correspondiente documentación, quiso desviar la atención y consideró un delirio decir que el anterior gobierno había entregado más de 20 mil millones de pesos en efectivo.

Sobre el último punto deberá responder el fiscal Garganta, quien, sin embargo, cuando habla con los periodistas, repite que la información la obtuvo de las actuales autoridades del Banco Provincia y que lo que hay que determinar es a quiénes se les dio la plata. Por otra parte, según Garganta, los comprobantes de pago que fueron presentados por la Jefatura de Gabinete no resistirían ni la auditoría de un contador recién egresado. Por esa razón, la sospecha del fiscal es que se usaron para lavar dinero o encubrir retornos. Llamé a Scioli, a Pérez y también a Gustavo Marangoni para invitarlos al programa donde expusimos los hechos. Les anticipé el contenido de la denuncia para que no pensaran que se trataba de una trampa. Los tres rechazaron la propuesta. Aunque seguí insistiendo, todavía no pude convencerlos. En su estrategia frente a los medios, varias cosas llamaron la atención. La primera: que Marangoni no saliera a defender a Pérez de las denuncias del fiscal Garganta con respecto a los comprobantes de pago. La segunda: que Pérez argumentara que sus acciones fueron autorizadas por tres organismos de control antes y uno después de haber sido concretadas, cuando a esta altura debería saber que Garganta también investiga a los miembros del Tribunal de Cuentas que permitieron las operaciones. La tercera: que, al mismo tiempo que Scioli y Marangoni se mostraban respetuosos sobre el derecho a informar, un ex senador provincial "hipersciolista" saliera a insultar a Elisa Carrió y a los autores del informe.

Comparto la idea de que hay que diferenciar las denuncias serias de las leyendas urbanas. Y que no se debe culpar a nadie antes de que la Justicia se expida. Pero nuestra obligación como periodistas es investigar, denunciar y analizar los datos. Hace unas horas, por ejemplo, volví a revisar la última declaración jurada de Scioli correspondiente a 2014. Me sigue llamando la atención el valor que le adjudicó a su enorme casa de La Ñata, en Benavídez: 167 pesos el metro cuadrado. Cuando lo mencioné frente a las cámaras de un programa de tevé, un hombre de Scioli le envió un mensaje telefónico a su conductor, para aclarar que se trataba del valor fiscal, no del comercial. Y que la presentación del valor fiscal estaba dentro de la ley que se había votado a tal efecto. Más allá de los cuestionamientos que se le puedan hacer a la norma, la pregunta que Scioli todavía no respondió es cuál es el valor real de la propiedad y de dónde obtuvo el dinero para adquirirla. Sería una buena noticia que pudiera aclarar estas dudas. Como la causa recién se inició, tendrá todo el tiempo del mundo para hacerlo.