La Comisión de Acuerdos del Senado, con mayoría opositora, aprobó los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, designados por él para conducir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Es la antigua SIDE. La importancia de este resultado deriva de que Arribas y, sobre todo, Majdalani merecieron innumerables objeciones, algunas de ellas graves. En el caso de Arribas, por la falta de antecedentes en la disciplina que debe administrar. En el de Majdalani, porque los pocos antecedentes que exhibe son muy controvertidos.

El fenómeno más destacable no es que Macri consiga sostener a esos funcionarios. Más llamativo aún es que los senadores, encabezados por el salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador y precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey, hayan dado su visto bueno en menos de dos horas de debate.

Estas peculiaridades adquieren su verdadera magnitud contra el telón de fondo del proceso político de los últimos años. La Comisión de Acuerdos no debía tratar ayer el pliego de un par de embajadores o de algún director del Banco Central. Fue convocada para analizar la calidad de quienes conducen un organismo en constante degradación, que durante la última década quedó convertido en una ciénaga. Arribas y Majdalani están frente al aparato de inteligencia desde el cual Néstor Kirchner controló, casi apelando a la extorsión, al fuero federal.

El nivel escalofriante de corrupción del ex presidente, de su esposa, y de su entorno sólo se explica por la impunidad que suministraron esos tribunales, controlados desde las oficinas de Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher, Antonio Stiuso y Fernando Pocino. Es decir, desde la Secretaría de Inteligencia que, según reveló LA NACION el lunes pasado, fue denunciada en 2007 por la DEA de proteger el tráfico de drogas. Es la que tenía, para enfrentar al narcotráfico, a Pedro Viale, "el Lauchón", cuya sospechosa muerte bajo las balas de la policía bonaerense está cada vez más plagada de sospechas. Es la antigua SIDE, en cuya madeja subterránea cayó enredado Alberto Nisman.

Las deformaciones de la AFI durante el kirchnerismo fueron tan graves que el principal asesor de Macri, Jaime Durán Barba, aconsejó su disolución. Durán Barba sabía de qué hablaba porque fue perseguido por la Justicia en una maniobra montada por los servicios de inteligencia. El ecuatoriano supuso que el cierre de la AFI sería una valiente demostración de que el Presidente está comprometido con la regeneración de la vida pública. También sería un homenaje de Macri a sí mismo: él fue procesado, en un expediente manipulado por los espías de Kirchner, por ordenar escuchas clandestinas.

Macri tomó otro camino. Demostró ser, en una cuestión que para la democracia es estratégica, un integrante más de lo que él llama el "círculo rojo". Con la aprobación de los pliegos de Arribas y, sobre todo, de Majdalani, promovida por Gabriela Michetti y Federico Pinedo, apoyada por los senadores de Pro, del radicalismo y del PJ, Macri confirmó lo que se preveía: que para un área tan controvertida no tiene otro programa que la continuidad del orden anterior.

El Congreso, en su mayoría, está decidido a acompañarlo. En una inquietante demostración de sordera ante el llamado de atención de numerosas organizaciones de la sociedad civil, los senadores agotaron el debate en menos de dos horas. Para que esa indolencia quede clara, Urtubey dispuso que Arribas y Majdalani despejaran algunas incógnitas por escrito. Un ritual inconducente: ayer el dictamen ya tenía las firmas necesarias para la aprobación.

La persistencia del régimen anterior es, en principio, la persistencia de algunos protagonistas. Majdalani, ex funcionaria del intendente Saúl Bouer durante el menemismo, consiguió gracias a Pro una banca en la Legislatura porteña. Desde allí puso al servicio de Nicolás Caputo sus contactos con el gremialismo municipal. Con los Kirchner en el poder, las prestaciones de Majdalani fueron otras. Ascendida a diputada nacional, integró la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia. Fue a pedido de su íntimo amigo Francisco Larcher, el delegado principal de Kirchner en la ex SIDE. Macri accedió a esa solicitud. A cambio, el ex presidente dejaría de perseguirlo por el espionaje clandestino. No le cumplieron. Para el sobreseimiento debió conquistar la presidencia.

El rol complaciente de Majdalani en esa comisión de control es uno de los reproches que levantaron contra ella las organizaciones agrupadas en la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi) (http:

/www.iccsi.com.ar/observaciones-a-los-pliegos/). Nada raro: salvo Patricia Bullrich, ningún integrante de esa comisión incomodó jamás a los jerarcas de la ex SIDE. En el caso de Larcher, la protección de Majdalani continúa hasta hoy: acaudalado como pocos, él suele ufanarse de que la Justicia no lo inquieta "porque me cuida la Turca".

Los senadores ayer no creyeron necesario indagar en estos compromisos. Tampoco molestaron a Arribas o a Majdalani con preguntas sobre designaciones que confirman que, en materia de espionaje, Macri mantendrá el ordenamiento kirchnerista. La Iccsi objetó la presencia de Juan José Gallea en la dirección de Finanzas de la AFI. Recordó que Gallea ocupaba el mismo cargo durante la agonía del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando se sospechó de la desaparición de varios millones de dólares de fondos reservados. Habladurías que circulan desde entonces aseguran la existencia de un video.

Desde allí Gallea pasó a ser el gerente financiero del multimedios de Sergio Szpolski, vehículo subordinado a Stiuso y a su álter ego, Alberto Mazzino, para las maniobras de la Secretaría de Inteligencia. Si, como todo indicaría, los medios de Szpolski se solventaban desde esa dependencia, Gallea sería un agente reversible: durante el kirchnerismo recibía el dinero que ahora suministra. Szpolski está tranquilo, como Larcher. Para envidia de Lázaro o Cristóbal, nadie va a investigar su conducta durante los últimos 12 años.

Gustavo Vera, diputado porteño célebre por su amistad con el papa Francisco, denunció a Gallea ante la Justicia. Consignó que este espía, asociado al abogado Darío Richarte en una panificadora, contrató como empleada a la esposa de Stiuso. Richarte orbita alrededor de Macri gracias a su relación con el binguero Daniel Angelici, a quien secunda como vicepresidente en Boca. Richarte defendió a grandes celebridades kirchneristas, como Amado Boudou, Alfredo Scoccimarro, Claudio Uberti y, entre muchos otros, José López. Y dejó de hacerlo cuando Cristina Kirchner jubiló a Stiuso.

La continuidad del régimen de espionaje montado por los Kirchner no se agota en la repetición de algunos protagonistas estelares. Es también la supervivencia de las peores prácticas. El último ejemplo fue la acusación del narcotraficante Ibar Pérez Corradi contra Ernesto Sanz, a quien atribuyó haber cobrado 200.000 dólares para promover el juicio político que terminó, en 2010, con la destitución del juez Federico Faggionato Márquez. El abogado de Pérez Corradi, Carlos Broitman, divulgó esa imputación. Broitman es socio de Juan José Ribelli, quien permaneció 115 meses en la cárcel, acusado de participar en el crimen de la AMIA. Salió libre gracias al empeño de Stiuso en revisar ese expediente.

Sanz contestó que ya había soportado esa denuncia descabellada durante el jury de Faggionato, "que era un juez protegido por los servicios de inteligencia". Se refirió así a las insistentes gestiones de Stiuso delante de dirigentes radicales para salvar a Faggionato. Pero también a la relación entre Richarte, que hoy actúa a la sombra de Angelici, y el juez. La secretaria de Faggionato era la esposa Richarte. Y quien fuera abogado defensor de Faggionato en una causa penal, Ramiro Monner Sans, fue designado por Macri procurador porteño a instancias de Angelici.

Macri guardó silencio frente al ataque a alguien que, como Sanz, fue crucial para su llegada a la presidencia y comparte su mesa semana tras semana. Es rara esa actitud. Porque es la segunda vez que un aliado suyo sufre un agravio similar de la misma gente. En 2009 Francisco de Narváez, asociado a Macri, desafió a Kirchner como candidato a diputado. Y Faggionato hizo todo lo posible para vincular a De Narváez con el traficante de efedrina Mario Segovia, a quien él estaba juzgando. Mariano Cúneo Libarona, abogado de Segovia, quiso recusar al magistrado porque durante una indagatoria ofreció aliviar la situación de su cliente si ensuciaba a De Narváez. Para relacionar: hacía ya dos años que la DEA había acusado al espionaje argentino de proteger a los narcos.

¿Alguien habrá ofrecido un pacto parecido a Pérez Corradi? Cuando cayó este narcotraficante, su abogado Broitman se deshizo en elogios a la AFI y después vaticinó: "Pérez Corradi puede involucrar y desinvolucrar gente". ¿Se estará cumpliendo ese pronóstico?

El ultraje de Pérez Corradi contra Sanz tiene varias consecuencias. La más obvia: desbarata las premoniciones del oficialismo que, por boca de la ministra Bullrich, afirmó: "Aníbal Fernández debería preocuparse". Es evidente que Pérez Corradi o quienes lo asesoran no comparten la agenda del Gobierno. Fernández festeja y con razón: ¿por qué los dichos de un narcotraficante serían en su caso más creíbles que en el de Sanz?

El episodio revela, además, un modus operandi extendido. Las principales imputaciones que aparecen en los casos de corrupción provienen de los acusados. Lázaro Báez y sus hijos aseguraron que el juez Sebastián Casanello había estado en Olivos negociando con Cristina Kirchner. Pero hasta ahora no pudieron demostrarlo, a pesar de cruzamientos telefónicos y examen de cámaras viales. Ni siquiera apareció el ignoto mozo que, dotado de la memoria de Funes, recordaría haberle servido un cortado. La acusación fue conducida por la abogada Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola. Dos amigos del fiscal Eduardo Miragaya, que trabaja en la AFI para Majdalani.

El caso de Sanz es de otra naturaleza. Se trata de un blanco comprensible: una de sus misiones es impulsar la renovación del fuero federal. Pero acaso haya más destinatarios de la agresión. Faggionato ha sido el único juez subordinado a la ex SIDE removido por un jury. Que quien se encargó de sancionarlo sea acusado, seis años después, de proteger a narcotraficantes puede tener un efecto disciplinario para los consejeros de la Magistratura que ahora pretendan imitarlo.

El miércoles que viene llegarán al recinto los pliegos que se aprobaron ayer. Será un día crucial para definir el liderazgo de Macri. Es decir, para desentrañar si su proyecto se agota en una propuesta de normalización material de la sociedad o si incluye también una regeneración de las instituciones. Es una incógnita mayor para alguien que se propuso derrotar el narcotráfico.