La semana pasada hubo contactos informales entre voceros y asesores de Lázaro Báez y Cristóbal López (los empresarios K más comprometidos con actos de corrupción) y dirigentes que responden a La Cámpora y todavía obedecen órdenes de la exjefa de Estado. El motivo principal: hacer lo posible y también lo imposible para que los hombres de negocios no terminen en la cárcel, como el número uno de Odebrecht, de Brasil; también para que Ella y su hijo no acaben repudiados como Luiz Inácio Lula Da Silva.
Entre todos borronearon un plan de acción común: atacar “personalmente” y “directamente” a los medios, periodistas, dirigentes políticos, fiscales y jueces que investigan y documentan las denuncias. El objetivo es restar credibilidad y desprestigiar a los “denunciantes” y presentar a los juicios que se le siguen a Báez, López, Cristina y Máximo como “ataques políticos” de la “derecha” para evitar que regrese en 2019 el gobierno “nacional y popular” que habría fundado “las bases para reconstruir a la Patria”.
Como el programa de propaganda 6 en el 7 a las 8 ya no está, y la mayoría de los medios del Grupo Garfunkel Spolsky implosionaron, estos voceros y asesores que conversan en secreto se juramentaron usar, de manera aviesa, cada mínimo espacio en los medios de comunicación “propios” y “ajenos” para llegar a la sociedad con un mensaje contundente.
Hasta la semana pasada, los blancos senalados, eran, entre otros, Jorge Lanata; La Nación, Hugo Alconada Mon; la Editorial Perfil, con Jorge Fontevecchia a la cabeza, y también quien esto escribe. También están siguiendo con detenimiento las denuncias de Elisa Carrió pero, en particular, la actividad de la diputada nacional y líder de GEN Margarita Stolbizer. La excandidata a Presidenta investiga con sobriedad y en detalle los vericuetos de la causa Hotesur en la que Cristina, Máximo y Lázaro aparecen involucrados en un circuito de lavado de dinero por el pago millonario de habitaciones del Hotel Alto Calafate que no se habrían ocupado.
Además, Stolbizer presentó una denuncia contra la ex AFIP por no haber investigado, según ella, como correspondía, el escándalo de las facturas truchas de las empresas de Báez en Bahía Blanca. Esta denuncia cayó en manos del juez federal Sebastián Casanello y podría ser la llave para explicar el lado B del lavado de dinero: la presunta complicidad de altos funcionarios públicos en el armado de la ingeniería financiera y administrativa para consumar el delito. De hecho, ayer en La Cornisa presentamos una prueba documental inédita que deja a Lázaro, a su hijo Martín pero también el exnúmero dos de la AFIP, Angel Rubén Toninelli y el exdirector de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Jorge López Geraldi, en muy mala posición. Y es porque aparecen viajando, junto al hijo de Lázaro, en el avión privado de Top Air, matrícula LV-ZSZ, 48 horas antes del momento del conteo de dólares, euros y pesos en la denominada “Rosadita”.
Para que viajó Toninelli, extitular de la DGI, desde Buenos Aires a Río Gallegos, en el propio avión del hijo del empresario al que debía investigar y controlar? Para qué Angel Toninelli se sentó en el avión privado junto a Martín Báez y su propio hijo, Federico Toninelli, responsable de un estudio jurídico dedicado al asesoramiento tributario? Y qué hacía López Geraldi, otra vez, junto a Martín Báez, en el vuelo que partió de Río Gallegos y llegó a San Fernando? No es una evidencia de promiscuidad entre lo público y lo privado ocupar un asiento en la empresa de aviación del hombre al que López Geraldi le adjudicó más contratos de obra pública en Santa Cruz? Y no es muy sospechoso que lo hayan hecho horas antes del repugnante conteo de moneda extranjera en efectivo?
Margarita Stolbizer trabaja para que las respuestas a estas preguntas lleven a los responsables a ser indagados, condenados y si es posible, presos. Pelea para que la causa Hotesur no termine cajoneada en el despacho del juez Julián Ercolini, en quien no deposita demasiadas expectativas. Pero lo que preocupa todavía más a los colaboradores Cristina Fernández es que al mismo tiempo Margarita prepara un libro sobre la expresidenta con una hipótesis inquietante: que Ella, lejos de terminar con los presuntos negocios sucios que alentó su marido hasta el momento en que murió, los encubrió, los convalidó y los acrecentó.
El plan de Cristina, Máximo, Lázaro y Cristóbal para desprestigiar a medios, periodistas, dirigentes, influir en la opinión pública y evitar la condena judicial empezó de la peor manera: no tienen una estrategia clara, y los soldados encargados de “ir a la guerra” son impresentables, o se niegan a tomar las “armas”.
Incluso, los asesores y voceros, habían maquinado la posibilidad de hacer públicos, desde C5N, una serie de “programas especiales” para intentar destruir la reputación de cada uno de nosotros. Uno que tenían en carpeta era contra Lanata. El otro contra el diario La Nación. Y un tercero contra el amigo y socio del Presidente, Nicolás Caputo. El objetivo habría fracasado porque la mayoría de los periodistas que ocupan la pantalla de la senal del Grupo Indalo se negaron a “pintarse la cara”. Incluso varios se resistieron la orden de leer en el aire el comunicado oficial de la empresa después de los allanamientos ordenados por la jueza María Verónica Straccia, bajo la sospecha de haber dejado de pagar los impuestos a los combustibles para financiar y comprar medios de comunicación.
Tampoco les está resultando óptima la estrategia de “infiltrar” a la producción en programas que se nutren de “la grieta”, como Intratables. El mecanismo es sencillo: los jefes de La Cámpora mandan al “debate” a políticos o colegas que no tienen nada que perder, para acusar sin pruebas, y sin nada que viniera a cuento, a periodistas, medios y dirigentes de cometer hechos ilícitos, y de corrupción, con el doble propósito de ensuciarlos y desviar la polémica sobre el tema propuesto: por ejemplo, el obsceno video en el que Martín Báez y otros cuentan dinero en una cueva financiera y lo colocan en bolsos que no se pueden levantar de tanto que pesan.
La semana pasada, una ignota diputada nacional del Frente para la Victoria acusada de neonazi por el Centro Simón Wiesenthal puso en duda mi actitud profesional.
Fue tan burdo, en ambos casos, la manera en que intentaron cambiar el eje de la discusión, que mis companeros de América TV detectaron “la operación” en el aire y los pusieron en evidencia.
