La actitud zen del Gobierno, tan novedosa después de doce años de azote al que pensaba distinto, y tan productiva en estos primeros 100 días de Macri presidente para alcanzar acuerdos con la oposición, será muy pronto puesta a prueba. Tendrá que vérselas con el empuje opositor, sindical y político, para corregir por vía parlamentaria las injusticias y distorsiones del impuesto a las Ganancias. El oficialismo no tendrá la iniciativa y el tema se instala sobre su flanco más débil: la inflación, los salarios, el clima social.
La movida empezó el jueves. El diputado Facundo Moyano, del Frente Renovador, presentó un proyecto con respaldo de las tres CGT que encabezan su padre Hugo, Antonio Caló y Luis Barrionuevo. Lo acompañaron firmas de legisladores de origen sindical del ma-ssismo, del kirchnerista Frente para la Victoria y de otros bloques de oposición.
El proyecto propone subir el mínimo no imponible a 60.000 pesos, –postura que ya había anticipado Sergio Massa–, deducir de Ganancias el pago del alquiler para empleados sin vivienda propia, excluir del impuesto a todos los jubilados y no incluir en el cálculo del salario las horas extra, viáticos, comidas y otros suplementos.
¿Estará el Gobierno dispuesto a discutir este proyecto, u otros que se presenten y eventualmente se unifiquen? ¿Trataría de acordar cambios hasta llegar a una formulación aceptable para todas las partes? ¿Podrá repetirse, esta vez con una iniciativa opositora, la experiencia de negociación que llevó a modificar 11 de los 19 artículos originales enviados por el Poder Ejecutivo y lograr una mayoría de casi dos tercios en Diputados para aprobar el miércoles pasado la ley de salida del default?
El Gobierno, que a través de Macri y de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, se había pronunciado por la solución legislativa al dilema de Ganancias, tiene ahora la oportunidad de mostrar cuánto es capaz de sostener esas palabras.
Reformar integralmente el impuesto a las Ganancias supondría un costo fiscal mayor a los 49.000 millones de pesos que el Estado ya dejará de recibir por las modificaciones parciales que Macri introdujo por decreto en febrero. Una decisión en este sentido se sumaría a otras transferencias a la sociedad que ya decidió el Gobierno, como la quita de retenciones al campo y la minería. La diferencia es que esta beneficiaría a los trabajadores.
En conversaciones preliminares, sostenidas por Massa con funcionarios de la Casa Rosada, la postura del Gobierno fue que cualquier modificación de Ganancias recién estuviera vigente desde el 1° de enero de 2017, para que la tesorería del Estado no agravase este año sus muchos problemas.
Los impulsores del proyecto no ponen mayor objeción a esto. Pero pretenden debatir la iniciativa sin demora, porque advierten que una perspectiva firme de mejora en Ganancias podrá atenuar las tensiones y reclamos sindicales en las paritarias, que se están desarrollando bajo la presión de la constante suba de precios.
El impuestazo al salario que se aplicó con De la Rúa presidente se mantuvo inmutable durante los doce años de Néstor y Cristina. El parche que ahora intentó Macri terminó, como mínimo, perjudicando a tanta gente como beneficiaba. Y si bien la atención del Congreso está acaparada hoy por la ley de salida del default, donde el Gobierno ya se anotó una victoria significativa en Diputados, la movida por Ganancias intenta instalarse en la agenda inmediata posterior a la resolución del largo conflicto con los fondos buitre.
Pronto habrá una demostración de fuerza, cuando Facundo Moyano aparezca en el Congreso rodeado por su padre Hugo, Barrionuevo, Caló y otros referentes sindicales como el estatal Andrés Rodríguez.
La puesta en rodaje del proyecto de Ganancias expresa el acercamiento entre las tres versiones actuales de la CGT. Y es propósito de Moyano (padre) arrimar también a la CTA oficial de Pablo Micheli.
El avance de la reunificación sindical se debe anotar entre los logros no deseados de las medidas que tomó el Gobierno. Eso explica también que junto a Moyano (hijo) sean firmantes del proyecto la massista Graciela Camaño, el kirchnerista Francisco Furlan y el autónomo moyanista Omar Plaini, entre otros.
Pero Moyano (padre) no tiene planeado apurar el paso para apretar al Gobierno. Si lo dejan, si no se la hacen difícil desde la Casa Rosada, la reunificación gremial podría alumbrar allá por agosto, cuando haya terminado el proceso de discusión en las paritarias y quizás las modificaciones en Ganancias ya sean ley.
Igual, sería apresurado considerar que la unidad sindical es un hecho consumado al que sólo falta ponerle fecha. Aunque la inflación sin pausa y algunas decisiones de Macri empujen en esa dirección, todavía hay mucho por recorrer hasta desmontar a un nivel tolerable los recelos entre los sectores y jefes gremiales, empeñados todos en una sucesión de batallas defensivas para que no se les siga escurriendo el poder que supieron tener.
Esas interminables discordias internas ya hicieron que el proyecto de Facundo Moyano quede privado de algunos acompañamientos. Por ejemplo, el de los diputados sindicales que se inscriben en el bloque justicialista. Son los que rompieron el bloque kirchnerista del Frente para la Victoria, bajo orientación política de Diego Bossio y con la presidencia del mecánico Oscar Romero.
Pero de entrada, la movida por Ganancias ha cosechado adhesiones amplias, y también inesperadas. Moyano (hijo) recibió con cierto asombro la noticia de que hasta Axel Kicillof quisiera adherir al proyecto. Esta semana le va a enviar el texto completo.
Todos los votos valen uno, desde ya. Pero no deja de resultar curioso el desenfadado oportunismo de Kicillof, que apoyaría ahora como diputado lo que él como ministro y Cristina como presidente rechazaron con énfasis una y otra vez. Algo parecido a sus explicaciones sesudas en el debate en Diputados acerca de cómo solucionar el conflicto con los fondos buitre de modo supuestamente más eficaz y menos costoso que el que propone el gobierno de Macri. Ese discurso sin memoria –o escondiendo la historia, que es peor– motivó a Margarita Stolbizer a preguntarle a Kicillof por qué si “se las sabía todas” y el asunto era tan fácil de arreglar, no lo habían hecho ellos. Cosas que pasan cuando se viene a pique el relato.
Más allá de estos avatares, al Gobierno se le dibuja en el horizonte cercano otro desafío de negociación, esta vez con el mundo sindical y los bloques opositores en el Congreso. Sucede cuando todavía tiene abierta la definición en el Senado sobre la ley de salida del default. Y atraviesa terreno escarpado buscando al mismo tiempo acordar con las provincias nuevas pautas en el reparto de los fondos de coparticipación.
Estos afanes tienen a los saltos al ministro Rogelio Frigerio, que se ocupa de atender los dos temas a la vez. En la última semana, sin ir más lejos, se reunió en la Casa Rosada con los ministros de Economía de los 24 distritos del país; con el gobernador radical Alfredo Cornejo (Mendoza) y con las gobernadoras peronistas Lucía Corpacci (Catamarca) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego). También visitó el viernes al gobernador peronista Juan Manzur (Tucumán). Ya había estado con el senador peronista opositor Omar Perotti y en estos días recibió al peronista oficialista Carlos Reutemann. Y así va a seguir.
La negociación para consolidar el apoyo del Senado al acuerdo con los holdouts es “cuerpo a cuerpo, gobernador por gobernador y senador por senador”, dicen en la Casa Rosada. Sobre esa línea trabaja también, con menos perfil público, la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Frigerio, pieza central del equipo político de Macri, no es de los que se quejan. Pero todavía es de los que se sorprenden. Como se sorprendió hace un par de semanas cuando trató de comunicarse con el Presidente por el teléfono interno que une su despacho en la planta baja de la Casa Rosada con el Macri, que está exactamente arriba, en el primer piso. Después de varios intentos fallidos, de puro curioso se le ocurrió revisar la instalación. Empezó a seguir el recorrido de la línea desde el aparato en su escritorio, hasta que encontró que en un punto el cable había sido cortado.
Su oficina era la que ocupaba hasta diciembre Florencio Randazzo, que cayó en desgracia cuando se negó a ser candidato a gobernador. El despacho del primer piso era de Cristina. Se ve que entre la ex Presidenta y su ministro del Interior al final había cierta falta de comunicación.
