El destino de Mauricio Macri se decidirá, en gran parte, durante el próximo mes. Su fortaleza política (que aún conserva en los sondeos) se ratificará institucionalmente si consigue la aprobación de su acuerdo con los holdouts. Un fracaso en cualquiera de las dos cámaras del Congreso lo sometería, en cambio, a una seria crisis política signada por una economía desordenada y sin solución a la vista.

El 14 de abril vencerá el plazo que estipuló el mediador Daniel Pollack para que la Argentina les pague a los holdouts. Si ese día no se concretara el pago, anticipó Pollack, el acuerdo caería automáticamente y el país seguiría en default. Antes de esa fecha crucial, el Congreso deberá tomar tres decisiones: derogar la ley de pago soberano y la llamada ley cerrojo y autorizar al Gobierno a emitir deuda pública para cumplir con esos compromisos.

Es obvio que el gobierno de Macri necesita el auxilio del peronismo en las dos cámaras para que el Congreso le apruebe ese paquete de medidas. Tiene enfrente la tenaz oposición de Cristina Kirchner, que milita para que Macri tenga su resolución 125, que en 2008 significó para la entonces presidenta una grave derrota política. Una convergencia de intereses alejó en las últimas horas la posibilidad de un fiasco parlamentario para el macrismo. Por un lado, el propio Gobierno flexibilizó su posición frente al peronismo dialoguista, liderado en Diputados por Sergio Massa y Diego Bossio. La administración de Macri se tornó también comprensiva con la situación de alarmante penuria de los gobernadores peronistas.

La novedad sucedió entre la tarde y la noche de anteayer, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, negoció cara a cara con Massa y con Bossio. Hasta entonces, la certeza del massismo era que el Gobierno no quería introducir ninguna modificación en el paquete de medidas enviado al Congreso. De hecho, hubo una reunión a solas entre Massa y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat- Gay. El líder del Frente Renovador salió convencido de la intransigencia del Gobierno (o del ministro). Un diputado de Cambiemos que escuchó esa conclusión desilusionada de Massa le respondió con realismo: "Alfonso no quiere cambios, pero no tenemos número suficiente para sancionar los proyectos tal como los mandó. Ésa es la verdad. Habrá cambios, por lo tanto", lo animó.

Enterado de que había una puerta abierta para el acuerdo con algunos peronistas, el Presidente decidió entonces enviar a un negociador nato, como Frigerio, que consiguió la aprobación de Massa, aunque debió hacer concesiones. Lo que Massa quería, en el fondo, era muy simple: que el Congreso se reservara la facultad de autorizar futuros endeudamientos del gobierno de Macri. Es, en verdad, una facultad que la Constitución le otorga al Parlamento.

Paralelamente, varios gobernadores peronistas se miraron en el mismo espejo del gobierno nacional. Si fracasara el acuerdo con los holdouts, no sólo Macri se quedaría sin solución económica y financiera. También los mandatarios provinciales se resignarían a vivir a pan y agua. El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, lo explicitó públicamente y sin elipsis: "¿Y qué sería de las provincias si el gobierno nacional se quedara sin financiamiento? ¿Acaso a nosotros no nos pasaría lo mismo?", preguntó retóricamente. Varios gobernadores peronistas más se pronunciaron en el mismo sentido. El único que fue desobedecido por sus diputados nacionales fue el tucumano Juan Manzur, pero es posible que a esos legisladores los controle el caudillo provincial José Alperovich, actual senador nacional, y no Manzur.

También es cierto que los gobernadores hicieron de la necesidad una virtud y, encima, la cobraron. Le reclamaron al gobierno nacional que una parte muy importante de sus transferencias a las provincias se limitaban a la provincia de Buenos Aires, a la Capital (como consecuencia del aumento en la coparticipación) y a Mendoza. Todas de Pro o del radicalismo, aliado de Cambiemos. Aunque reconocen que Buenos Aires y Mendoza atraviesan situaciones financieras críticas, los peronistas aseguran que ellos no están en mejores condiciones. Ponen como ejemplo La Pampa, que siempre tuvo sus cuentas en orden, pero que en los meses recientes se vio obligada a no pagar los aportes previsionales de sus empleados. Macri ya le resolvió ese problema al gobernador Carlos Verna. A algunas provincias el gobierno central les permitió, al mismo tiempo, reanudar obras públicas que estaban paralizadas desde agosto o noviembre, en épocas de Cristina Kirchner.

El problema de Macri nunca fue la Cámara de Diputados, donde el bloque de Massa y el cisma producido por Bossio y 16 legisladores más (varios pertenecían al Frente para la Victoria) le aseguraban la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo con los holdouts. El obstáculo hubiera sido una actitud intransigente del Presidente, pero ya se sabe que éste prefiere siempre negociar ante la opción de fracasar. Ese bloque de peronistas disidentes del kirchnerismo asegura ahora que contará con la adhesión de varios diputados más del Frente para la Victoria para aprobar el paquete modificado sobre el acuerdo con los fondos buitre.

El problema real estaba en el Senado, donde siempre tropezaron los presidentes no peronistas. El bloque justicialista no se dividió en la cámara alta, aunque el jefe del bloque, Miguel Pichetto, debe lidiar con una docena de senadores kirchneristas (sobre un total de 40 senadores peronistas). Que Macri perdiera en el Senado fue siempre la intención de Cristina Kirchner. Trabajaba (y trabaja) para que el Partido Justicialista les ordene a los senadores el voto en contra del acuerdo con los holdouts.

No se sabe muy bien qué significa una orden de un partido que no existe, pero el temor a una eventual desobediencia colocó en la vacilación a varios senadores peronistas. Macri necesita que siete senadores peronistas voten su acuerdo con los fondos buitre ("Diez, para estar seguros", dice el Gobierno). Ese número, más los propios, le daría la mayoría necesaria en la Cámara alta.

Las modificaciones en Diputados fueron consensuadas con los senadores que lidera Pichetto. Bossio fue el intermediario entre las dos cámaras. Hicieron eso para evitar cambios en el Senado, que devolverían la cuestión a la Cámara de Diputados. Si fuera así, la autorización del Congreso no llegaría a tiempo para que el Gobierno les pagara a los fondos buitre antes del 14 de abril. Las negociaciones tienen un ritmo de vértigo y muchos protagonistas. Senadores y diputados peronistas con el Gobierno. Senadores y diputado peronistas entre ellos. Aunque el asunto es especialmente crucial para el Estado y su destino, deber dársele la bienvenida a la política después de tantos años de liderazgos mesiánicos y personalistas.

Influyó también la razón que esgrime la pertinaz oposición de Cristina Kirchner. La ex presidenta unió tres hechos que sucedieron en los últimos días y salió, enfurecida, a presionar a Macri para obligarlo a una negociación con ella o para terminar con él. Esos hechos fueron la citación a Cristina a prestar declaración indagatoria que dictó el juez Claudio Bonadio, el regreso del viejo jefe del espionaje argentino Antonio "Jaime" Stiuso (que ya empezó a testificar contra la ex presidenta) y el allanamiento y la detención temporal del ex presidente brasileño Lula da Silva. El imperialismo, preferentemente el norteamericano, viene por ella y por los líderes de izquierda latinoamericanos, se convenció sin vacilar. Actuó en consecuencia.

El peronismo, a su vez, no puede quedar al lado de semejantes propósitos sin hipotecar su futuro, dedujeron los legisladores de ese partido. Según algunas encuestas, la ex presidenta tiene un rechazo social de casi el 60 por ciento (el 58 para ser precisos). A pesar de todo, Macri dormirá sobresaltado hasta que el acuerdo con los holdouts haya sido definitivamente aprobado, en tiempo y forma, por las dos cámaras del Congreso. Su destino como presidente, el futuro de la política y la solución de la economía dependen de lo que suceda con los holdouts en apenas un puñado de días.