El presidente Mauricio Macri la puso en su boca cuando les mandó a decir a los gobernadores que no iba a aceptar un "toma y daca" para que se aprobara el fin de la ley cerrojo. "Podemos aceptar modificaciones a nuestro proyecto, pero de ninguna manera vamos a canjear el fin del litigio con los holdouts por la ley de coparticipación o el cambio de la alícuota en Ganancias", instruyó, palabras más, palabras menos, al ministro Rogelio Frigerio y al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. "No me voy a dejar extorsionar, por más imprescindible que sea el acuerdo", les explicó.

Macri, igual que la gobernadora María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; Frigerio; el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, piensan lo mismo, aunque no lo digan en público. Todos ellos dan por descontado que si en los próximos días el Parlamento no aprueba la conciliación, la economía de la Argentina se podría dirigir, de manera indefectible, hacia un ajuste brutal o una suba de precios generalizada que podría terminar en una hiperinflación.

Vidal se lo transmitió en esos duros términos a un senador nacional del Frente para la Victoria con el que se encontró, cara a cara, en la Fiesta de la Vendimia Solidaria, en Mendoza. El senador le había comentado que la estrategia de sus colegas en la Cámara alta y también en el bloque de Diputados iba a ser dar quórum y apoyar el proyecto en general, pero sólo si el Presidente aceptaba discutir la devolución de la coparticipación en los términos que pretendían los gobernadores peronistas. "Mirá -le respondió Vidal, quizá entonada por la gimnasia negociadora que le inculcó la paritaria docente-, mejor deciles a tus compañeros que sin el arreglo con los holdouts ninguno de los gobernadores va a poder discutir nada, porque sencillamente no habrá más fondos genuinos por los que pelear o reclamar."

La gobernadora ya había usado un tono parecido para advertir a los sindicatos docentes que si no aceptaban la última oferta, ella asumiría el costo político de no empezar las clases el día correspondiente, pero que se prepararan para una lucha política larga e intensa. Entonces los muchachos de Roberto Baradel comprendieron que la cosa iba en serio y terminaron aceptando la oferta de Vidal. ¿Terminarán comprendiendo también los legisladores del FPV y los que acatan las directivas de Sergio Massa que si tiran demasiado de la cuerda, el Gobierno los terminará de hacer corresponsables de la próxima crisis económica nacional?

El ex ministro de Economía Axel Kicillof también usó la palabra extorsión, aunque su posición, después de la derrota dialéctica que le propinó Prat-Gay, quedó seriamente deteriorada. Dijo Kicillof, el martes, refiriéndose al Gobierno: "Nos quieren extorsionar para que la ley salga ahora". Pero la verdad es que toda la negociación podría caer en picada si la ley no se reglamentara antes del próximo 14 de abril. Él, que estuvo a punto de firmar un entendimiento peor y con menos quita, debería tener el decoro de recordar la película completa y no arrojar consignas vacías de contenido, como si estuviera en una asamblea universitaria.

También puso sobre la mesa el concepto de extorsión uno de los asesores económicos más vehementes del Frente Renovador, el ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli. "El Gobierno nos quiere extorsionar con el cuento de que se viene el mundo abajo si no votamos rápido y en los términos que a ellos se les antoja, pero yo creo que estamos a tiempo de hacer modificaciones necesarias y lograr un acuerdo mejor todavía", dijo. Pignanelli quiere que en el texto figure el monto real de la cifra de endeudamiento que está dispuesto a asumir el Estado una vez que se abra el cerrojo y retorne el crédito al país. También pretende que se expliciten los proyectos y las provincias que van a ser beneficiarias de los créditos para la obra pública.

¿Es el eventual acuerdo con los fondos buitre la única y última solución para todos los problemas de la economía nacional? "No. Pero es la única manera de empezar a movernos en la dirección correcta, para que la inflación pueda ceder e ingresemos al segundo semestre con un principio de crecimiento, aunque sea módico", vaticinó un economista que no forma parte del Gobierno pero está muy al tanto de las variables que manejan el ministro de Hacienda y también el actual presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger.

Para otro banquero al que le importa la economía real y que prefirió dejar su nombre en reserva, Macri está ahora mismo en una encrucijada. Su teoría es que la cosa está verdaderamente mal, pero como la mayoría de los argentinos asocia la idea de crisis con lo que sucedió en 2001, no termina de percibir la gravedad de la situación. "El Presidente tiene un desfase de entre tres y cuatro meses. Eso es lo que va a tardar la confianza en instalarse y las líneas de crédito en empezar a aprobarse. Pero aun así, y por más que sigan reduciendo el ritmo de emisión monetaria y se empiece a notar la baja del déficit, la inercia del aumento de tarifas y las paritarias no va a desacelerar el ritmo de la inflación." El conocido banquero agregó que Macri tiene un problema todavía más grave. "Si le habla al país con toda crudeza, como aquella vez que Raúl Alfonsín anunció el principio de una economía de guerra, corre el riesgo de que la gente se asuste todavía más, consuma todavía menos y aumente la recesión, que en algunos sectores ya es notable. Pero si no habla lo suficientemente claro, sobre la bomba de tiempo o el campo minado, una parte de la sociedad le va a terminar de echar toda la culpa a él."

El propio Macri piensa en estas cosas cada vez que se levanta, temprano, para ir de Olivos a la Casa Rosada. Quizá la decisión de no aludir al pasado reciente no bien asumió no haya sido una buena idea. Porque eso lo obliga a lidiar con el presente casi, sin beneficio de inventario. A algunos miembros de la mesa chica les encantaría que la preocupación por los altos precios de la canasta básica o el miedo a perder el empleo fueran reemplazados por noticias como la decisión de procesar e incluso meter presas a algunas de las figuras más simbólicas de la corrupción y el despilfarro del gobierno anterior. Quizás un par de jueces federales, en los próximos días, escuchen sus plegarias y lo instalen en la agenda pública con fuerza.