En el ocaso de su gestión, el kirchnerismo se atrinchera en puestos clave de la administración pública y en la Justicia, al tiempo que busca refugiarse en nuevos organismos del Estado cuya creación apura por ley. El objetivo: dejarle al próximo presidente un campo minado que restrinja y condicione su acción política.

El polémico nombramiento de dos dirigentes de La Cámpora en la Auditoría General de la Nación (AGN), con mandato asegurado de ocho años, es una muestra clara de esta estrategia de supervivencia kirchnerista. Fue el último y más escandaloso acto de una avanzada que, sólo en lo que va del año, consumó la designación de directivos afines al oficialismo en el Banco Central y en la estratégica Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), todos ellos con mandatos que trascenderán este gobierno; avanzó en el nombramiento de una larga lista de jueces y demás funcionarios judiciales también kirchneristas (la última nómina de candidatos aterrizó para su aprobación esta semana en el Senado); apuró la sanción a libro cerrado del presupuesto 2016 y de otras normas que restringirán la acción del futuro gobierno, y creó 13 nuevos organismos públicos diseñados a medida de la militancia K.

Mientras oficialismo y oposición se trenzan por estos días en discusiones afiebradas sobre la campaña y se pierden en acusaciones mutuas, el kirchnerismo no desaprovecha un solo día de sus últimas semanas de gestión en pos de cooptar espacios de poder. Alertada aunque impotente, la oposición agrupada en Cambiemos esboza ya instrumentos legales que le permitan, si gana el ballottage, expulsar al kirchnerismo de sus trincheras en la administración. Pero admite que no será una tarea sencilla porque el oficialismo blindó la posibilidad de remociones con mayorías agravadas en el Parlamento. Mayorías que los legisladores de Cambiemos no tendrán en el nuevo Congreso.

La embestida kirchnerista logró avances concretos. Se destacan:

Control del megaorganismo estatal que regula las telecomunicaciones. En abril de este año, el Gobierno creó la Aftic y designó como titular a Norberto Berner, un dirigente de ferviente militancia kirchnerista, que tendrá mandato por cuatro años. Es decir que, después de diciembre, Berner mantendrá el manejo de un sector estratégico como es el de las telecomunicaciones en todo el país. Para removerlo la ley exige los dos tercios de un nutrido Consejo Federal.

Ocupación K en el directorio del Banco Central (BCRA). El kirchnerismo no sólo se aseguró la presidencia de la principal entidad bancaria y financiera del país en la figura de Alejandro Vanoli -que asumió en octubre de 2014, con mandato hasta 2020-, sino que, además, designó en septiembre pasado "en comisión" a dos directores también afines: Juan Miguel Cuattromo, de confianza del ministro de Economía, Axel Kicillof, y Flavia Marrodán, funcionaria leal a Vanoli. Los otros cinco directores del BCRA responden, también, a Kicillof, quien ya tiene asegurada una banca en la Cámara de Diputados.

Si el futuro presidente desea remover de su cargo a cualquiera de estos directores -incluido Vanoli-, deberá contar "con el previo consejo (vinculante) de una comisión del Honorable Congreso de la Nación"; así lo establece el artículo 9 de la Carta Orgánica del BCRA. Dicha comisión debe ser encabezada por el presidente del Senado e integrada por sendos presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Economía de ambas cámaras.

Se descuenta que si Mauricio Macri es elegido presidente, Vanoli tendrá los días contados. Su equipo económico alertó que dejará tierra arrasada en el BCRA, con una fuerte merma en las reservas, y lo denunció en la Justicia por maniobras especulativas con la venta de dólares a futuro.

Designación de jueces afines. En junio pasado, Cristina Kirchner oficializó la designación de jueces, conjueces y fiscales que habían recibido acuerdo del Senado gracias a la mayoría oficialista. La extensa lista -son 66 funcionarios judiciales- está integrada por ex funcionarios kirchneristas, integrantes de la agrupación oficialista Justicia Legítima y de La Cámpora. Por caso, dos de ellos, Franco Picardi, ex número tres del Ministerio de Justicia, y Paloma Ochoa, de Justicia Legítima, están a cargo de dos fiscalías clave en Comodoro Py.

Pero aquí no termina la colonización kirchnerista en la Justicia: el jueves pasado, la Presidenta envió un nuevo listado con 15 nombres para ocupar distintos cargos. Allí figuran varios integrantes de Justicia Legítima, impulsados por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para ocupar fiscalías.

Nuevos organismos públicos. En el último mes, el kirchnerismo en el Congreso aprobó una profunda reestructuración de la actual Secretaría de Deportes de la Nación, que implica la creación de ocho nuevos organismos y un mínimo de 113 flamantes cargos públicos, muchos de los cuales cobrarán sueldos similares al de un secretario de Estado. El miércoles pasado, los diputados oficialistas dieron media sanción a un nuevo Régimen de Juventudes, que contempla la creación de otras cinco entidades públicas, que se superponen con organismos ya existentes en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo mismo sucede en el PAMI: la diputada porteña Graciela Ocaña denunció a Luciano Di Cesare, director del organismo, por duplicar las estructuras de todas las Unidades de Gestión Local, cabeceras de cada región que cubre el PAMI, con el objetivo de ocupar los nuevos cargos con militantes de La Cámpora.

Leyes a libro cerrado y sin acuerdo: el mes último, la mayoría kirchnerista aprobó la ley de presupuesto 2016, con proyecciones macroeconómicas que la oposición calificó de ficcionales: una inflación del 14,5%, un dólar oficial a un promedio de $ 10,60 y un crecimiento del PBI en torno al 3%. Más inadvertida pasó la sanción de otra ley, que impulsa el desarrollo de la actividad satelital. Allí se establece que se necesitarán los dos tercios de los votos de ambas cámaras para transferir el 51% de las acciones clase A que el Estado posee en Arsat.

Colonización kirchnerista en el empleo público. En mayo se sumaron a planta permanente 755 empleados de Cancillería; en abril hubo un llamado a concurso para 898 puestos en el Ministerio de Economía, y la cartera de Desarrollo Social abrió en 2014 un concurso para 1000 trabajadores de esa dependencia, que se mantiene este año. Tal como publicó LA NACION el viernes pasado, en 2014 el Gobierno gastó en personal de la administración pública la friolera de 118.671,9 millones de pesos, un 695% más que en 2007.

Nuevos embajadores. Poco antes de retirarse del poder, Cristina Kirchner nombró en la última semana cinco embajadores. Se trata de María Cristina Castro, en República Dominicana; Iván Jorge Ivanissevich, en Paquistán; Ernesto Santiago Martínez Gondra y María Carolina Pérez Colman, en la República de Malí y en Grecia, respectivamente, y Carlos Alejandro Poffo, en la República Checa.

Sabbatella y Gils Carbó no renuncian. El hiperkirchnerista Martín Sabbatella, titular de la Afsca y candidato derrotado a vicegobernador bonaerense junto a Aníbal Fernández, anunció que no renunciará a su cargo. Para su remoción se requieren los dos tercios de los miembros del Consejo Federal del organismo. Gils Carbó, la jefa de los fiscales y de inocultable cercanía con el kirchnerismo, tiene mandato hasta los 75 años de edad y sólo puede ser removida con los dos tercios de los miembros de cada cámara parlamentaria.