Monsanto, que hace 20 años lanzó al mundo la primera soja transgénica, superó casi todos los obstáculos para poder comenzar a cobrarles a los productores argentinos una retribución por sus innovaciones. Esa regalía, que llegaría hasta 15 dólares por tonelada de soja, casi 5% de lo que hoy vale el cultivo, solo es resistida por sectores de la producción y el acopio. Pero el resto de la industria cerró filas ante la falta de definición del Estado.

Este canon tecnológico, que se aplicaría a la segunda generación de soja modificada, la “Intacta RR2”, será mucho más oneroso para el productor que no pueda demostrar que pagó las regalías al momento de comprar las semillas.

Monsanto siempre dijo que prefiere cobrar de ese modo, aunque sus ingresos se reduzcan casi a la mitad, 8 dólares por tonelada. Pero como el mercado presenta tanta informalidad como el de la música o el software, instrumentó un sistema privado de control: se hace un test a la soja en puertos y acopios, y si se descubre que es Intacta, se aplica el descuento compulsivamente bajo la Ley de Patentes.

El sistema funcionó hasta ahora para unos pocos productores del Norte, y no hubo conflictos porque la mayoría de ellos aceptó pagar algún dinero de más por la semilla mejorada de Monsanto. Pero con esta nueva campaña, la Intacta comenzó a venderse en el resto del país. Es decir, todos los productores serán controlados en 2016.

Monsanto, de entrada, logró alinear con su sistema a las exportadoras. Según versiones, ese apoyo clave surgió porque las condicionó con no firmarles el “certificado de bioseguridad”, una suerte de salvoconducto de inocuidad para vender granos a China. Como sea, empresas como Cargill o Bunge aceptaron ser agentes de recaudación. La excepción fue AFA, cooperativa ligada a Federación Agraria. Pero el resto ya aplica la “cláusula de biotecnología” a los contratos “forward” para soja 2015/16.

El gobierno al principio pareció mostrar resistencias. Aníbal Fernández y el ministro Carlos Casamiquela anunciaron en mayo un DNU que pondría las cosas en su lugar: establecería que el canon debía pagarse solo en la bolsa de semillas. Pero jamás fue firmado y se reemplazó por un proyecto de ley que, al ritmo actual, llegará tarde. Esto envalentonó al resto de la industria semillera. Una fuente del sector dijo que apoyan los controles, sobre todo porque detrás de la Intacta hay muchos nuevos transgénicos esperando. Syngenta, Basf, Bayer o Dow también querrán cobrar por sus tecnologías.

La Mesa de Enlace se pronunció contra el cobro compulsivo, pero entidades tecnológicas como AAPRESID y AACREA lo aceptaron. La mayor resistencia proviene ahora de la Federación de Acopiadores, ya que serán ellos los que deberán aplicar los test y actuar como recaudadores cuando el sistema se generalice. Han mantenido varias reuniones con Monsanto, pero ha sido imposible un entendimiento. Por eso insistieron en que el Estado debe ponerse los pantalones largos. La entidad presentó dos recursos de amparo que no prosperan. En Defensa de la Competencia, en tanto, una presentación de Federación Agraria “estaría frenada”.

“Monsanto insiste en utilizar a las acopiadoras como cobradoras de supuestas deudas que pudieran tener los productores”, afirmó un documento de los Acopiadores. Y  advirtió: “Estas dos posiciones tan antagónicas y el Estado ausente, presagian un escándalo”.