En el proyecto de ley de presupuesto de 2016, que ingresará el 15 del actual al Parlamento, analizan quitar herramientas de gestión con las que contó el Gobierno en los últimos años: reducir subsidios, gastos y fuentes de financiamiento y dejar de prorrogar la ley de emergencia económica o el impuesto al cheque.

Este tributo, según pudo saber LA NACION de altas fuentes del Gobierno, podría ser eliminado o coparticipado por completo a las provincias.

Otra vía para condicionar al sucesor de Cristina Kirchner podría ser la inclusión de topes al endeudamiento, que obstaculizarían una negociación con los holdouts.

También se evalúa la creación de un fondo del conurbano bonaerense (que debilitaría las arcas nacionales) y el bloqueo de otros mecanismos de financiamiento.

Obligaría así al Poder Ejecutivo a reasignar o incrementar el gasto con ingresos adicionales por decreto de necesidad y urgencia (DNU), una práctica criticada por la actual oposición, o a negociar con el Congreso, donde casi con seguridad el kirchnerismo se mantendrá como la fuerza más numerosa.

"Todo esto se examina por si ganan Mauricio Macri o Sergio Massa", confiaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada. El proyecto de presupuesto, según se prevé, se votará antes del recambio presidencial, pero cuando ya se haya definido el resultado electoral.

En la Casa Rosada circulan versiones de que un eventual gobierno de Macri intentaría neutralizar el poder del kirchnerismo en el Senado mediante el uso de las herramientas presupuestarias para negociar con los gobernadores peronistas. Por eso Cristina Kirchner analiza cómo dificultarle ese camino. Es el "plan palos en la rueda", como irónicamente lo bautizaron algunos dirigentes del oficialismo.

"Si no tiene impuesto al cheque, la emergencia económica y los superpoderes, tendrá que negociar con el peronismo en el Congreso", señaló otro funcionario.

"Ellos dicen que el impuesto al cheque es distorsivo y que la reasignación de partidas de capital por decisión administrativa (DA), con superpoderes, no es democrática. Bueno, le ahorraremos ese dolor de cabeza", ironizó ante LA NACION otro allegado a Cristina Kirchner.

El dato es novedoso por dos aspectos: por primera vez, el propio Gobierno considera la posibilidad de una derrota del candidato presidencial del Frente para la Victoria, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aunque se atajan: "Creemos que no va a pasar".

Por otro lado, en la Casa Rosada confiaron a LA NACION que Cristina observa a Macri concentrado en ganar la elección, pero no en garantizar su propia gobernabilidad. Da por sentado que la coalición Cambiemos no tiene un programa, operadores e instrumentos legales y administrativos para aplicar una vez llegados al gobierno y remover los obstáculos que el peronismo le opondrá.

Por eso Scioli, pese a sus tensiones con la Presidenta, esgrime en su discurso que él es el garante de la gobernabilidad: tiene apoyo de los gobernadores del PJ y de eventuales mayorías en el Congreso.

Scioli dejó trascender que trabaja con el Gobierno en el presupuesto 2016. "La gente de Silvina Batakis (ministra de Economía bonaerense) está trabajando con el ministro de Economía, Axel Kicillof, que nos está ayudando en todo", dijo una influyente fuente sciolista. Incluso estudian alternativas para modificar el impuesto a las ganancias sin perder recaudación fiscal.

La cadena de obstáculos a la oposición es surtida. El impuesto al cheque se prorroga todos los años. En 2015 recaudaría 92.000 millones de pesos, según las estimaciones. El 70% va a la Nación y sólo 30% se coparticipa a las provincias. Luego de octubre, el kirchnerismo podría eliminarlo o coparticiparlo en un 100%, para darles oxigeno a los gobernadores del PJ y quitárselo a Macri.

"Macri no podrá disciplinarlos con la caja", anticipan en el peronismo.

La ley de emergencia también se prorroga todos los años. Permite reasignar partidas dentro de los gastos de capital (infraestructura y obras) en todos los ministerios. La cartera con más incidencia de estos gastos es Planificación, con un crédito de 153.000 millones de pesos para 2015.

Esta ley, al igual que los llamados "superpoderes", le permiten al Poder Ejecutivo mover partidas de un destino a otro con una decisión administrativa y en forma discrecional. En caso de suprimir estas dos delegaciones extraordinarias del Poder Legislativo al Ejecutivo, el futuro gobierno debería negociar cada modificación presupuestaria con el Congreso: las obras y los gastos ya estarán decididas en la ley de presupuesto de Kicillof.

En la ley de presupuesto de 2016, se estimarían gastos de 1,6 billones de pesos. Cristina aumenta el gasto por simples DNU, sin aval parlamentario, pero el kirchnerismo quiere obligar a Macri a negociar con el Congreso. En 2014, el presupuesto fue de 859.000 millones de pesos; en 2015 aumentó un 45,6%, a 1,251 billones, por efecto de la inflación. En 2016 saltaría un 27,9% y entonces Macri o Massa tendrían menos margen de maniobra.

Bastiones kirchneristas

El kirchnerismo siempre disciplinó a los gobernadores con premios y castigos con esas facultades delegadas. Pero ahora descubrió las ventajas del "parlamentarismo". El Congreso se convertiría en su bastión de resistencia.

El otro sería la provincia de Buenos Aires. Por eso analiza actualizar el fondo del conurbano bonaerense a unos 6000 millones de pesos para darle autonomía a Aníbal Fernández, si es gobernador, para hacer obras.

Sería otro golpe a Scioli, Macri o Massa. Cristina logrará sancionar además en pocas semanas la ley que prohíbe la venta de acciones de la Anses en empresas privadas y bloquearía una eventual caja de financiamiento de 4000 millones de dólares al futuro gobierno. Se reserva poder de negociación futura.