En una Argentina con presión impositiva récord no es difícil que el ciudadano común mastique mucha bronca. Pero incluso más real aún es que cada vez que mastica comida se está tragando muchos impuestos.

De cada $ 100 pesos que los consumidores argentinos gastan en alimentos, casi $ 40 son en realidad impuestos y van directamente a las arcas estatales, según la conclusión de un minucioso análisis que realizó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sobre la base de la normativa tributaria nacional, provincial y municipal vigente.

El precio de los alimentos impacta directamente en la población con menos ingresos debido a que el mayor porcentaje de su salario se gasta en comida. Los fuertes incrementos en los valores de los productos alimenticios en los últimos años fueron una de las variables para que el Gobierno impulsara la manipulación de los datos de inflación y la eliminación de los números de pobreza e indigencia que se calculan con los precios de algunos alimentos y servicios.

Por otro lado, el fuerte peso de los impuestos en el precio final de los alimentos debilita además el argumento oficial que cuestiona a la actividad empresaria de ser la causante directa de la inflación debido a su capacidad de formar valores en sus diferentes eslabones de la cadena hasta que llega al consumidor. El alza de precios de dos dígitos (ver aparte) que el país soporta desde 2007 es, con excepción de Venezuela, única en la región.

De acuerdo al informe del Iaraf, en base a datos oficiales, la incidencia de la totalidad de los impuestos sobre el precio al consumidor en un producto alimenticio (con un IVA del 21%) es de 44,1 por ciento. Por lo tanto, el otro 55,9% cubre los costos del empresario y proporciona su rentabilidad. Según ese cálculo, el peso impositivo total se compone de IVA (17%), seguridad social (9,2%), impuesto a las ganancias (4,9%), ingresos brutos (7,7%), impuesto al cheque (2,6%), impuesto municipal (1,7%) e impuestos sobre dividendos (0,6 por ciento).

No obstante, si se toman los alimentos que tienen un IVA del 10,5% (carnes, frutas, verduras, granos, legumbres, entre otros), la incidencia de los impuestos en el precio al mostrador baja: llega al 38,8 por ciento. En ese caso, el hombre de negocios se queda con el 61,2% del precio final para cubrir sus gastos y obtener ganancias. Según esta torta, el peso de los impuestos se compone de IVA (9,5%), seguridad social (10%), impuesto a las ganancias (4,5%), ingresos brutos (8,5%), impuesto al cheque (2,8%), impuesto municipal (1,9%) e impuestos sobre dividendos (0,7%).

"La falta de una alta visibilidad tanto del gasto como de su financiamiento, hace que al ciudadano argentino le resulte muy difícil tener una clara noción de cuánto de lo que paga por un alimento cuando va a un comercio minorista va al fisco a través de impuestos y cuánto va a manos de los empresarios y trabajadores que intervinieron en su elaboración y comercialización", afirmó Nadin Argañaraz, director del Iaraf.

"Nuestros datos revelan que entre un 40% y un 45% de lo que se paga corresponde a tributos nacionales, provinciales y municipales. Y dado que el gasto público creció en los últimos años, también lo hizo la carga tributaria", estimó Argañaraz y agregó: "Por eso, en la actualidad, de cada $ 100 que se paga un alimento promedio, entre $ 40 y 45 van a los tres fiscos existentes".

La fuerte presión impositiva no sólo puede ser un tema de preocupación para los consumidores. Los empresarios también pusieron, en los últimos años, la lupa sobre las tenazas fiscales que agrietan su rentabilidad. Incluso, los números de Iaraf fueron comentados ácidamente por varios hombres de negocios en la Segunda Jornada Nacional de Alimentos y Bebidas que organizó recientemente la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Una frase produjo muchas risas en ese seminario. Fue como un leve desahogo para un público de empresarios caldeado luego de un arranque madrugador con los preocupantes diagnósticos sobre el estancamiento de la industria alimenticia y la crisis de las economías regionales. "El impuesto a las ganancias se pensó para multimillonarios y hoy lo pagan los cartoneros", ironizó entonces Gustavo Lázzari, presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) e hijo de la fallecida Lita.

El economista y dueño del frigorífico Cárdenas, que rememoraba una presentación sobre el peso impositivo unas horas antes en otro panel, logró luego los únicos dos aplausos en el auditorio con dos punzantes definiciones: "Pasar una bondiola de la ciudad de Buenos Aires a la General Paz requiere más papeles que cruzar el Muro de Berlín", describió primero, y luego agregó: "Poner un prostíbulo en la Argentina es más fácil que levantar una fábrica". Pero su gran cuestionamiento fue a la "perversidad del sistema impositivo" argentino y a la "mochila" que el Estado les pone a los privados.

Los gravámenes están golpeando a la industria alimentaria, disminuida ya por varios factores. Entre enero y mayo de este año, las exportaciones del sector de alimentos y bebidas cayeron 19% como consecuencia de la menor demanda mundial, la caída de los precios internacionales y el atraso cambiario. Pero el sector también aduce haber perdido competitividad debido al fuerte peso de los impuestos y los elevados costos laborales.

Según el Iaraf, en la composición del valor agregado del complejo industrial de la alimentación, el 51,9% son impuestos y por ende, recaudación del Gobierno. El 31,5% va a salarios para el personal y 16,6% vuelve a los propietarios del negocio. IVA, ganancias y la seguridad social son el ancla más pesada.

"Resulta vital abrir el Estado para que sea más fácil identificar en qué y cómo se gasta, así como también cuánta carga tributaria llevan adentro los bienes y servicios que consume", agregó Argañaraz. "Estos números demuestran la elevada carga tributaria que sufre la Argentina. Por supuesto, que siempre se habla de formalidad. Esto no corre para quienes operan en la informalidad, de una u otra manera", cerró el analista.

"¿Quién se lleva la mayor tajada en el precio de los alimentos: los productores, la industria o el sector comercial?", se les preguntó en el cierre del seminario de Copal a tres importantes empresarios. Lázzari, Amancio Onetto (CEO de Molinos) y Martín Cabrales (vicepresidente de café Cabrales) respondieron casi al unísono: "El Estado".