La crisis política por la que atraviesa Aníbal Fernández es mucho más grande que la que le crearon Jorge Lanata y Martín Lanatta. Pero ese reportaje en un penal de la provincia de Buenos Aires le sacó el velo del olvido a un caso casi olvidado. Con todo, el monumental tráfico en el país de efedrina (un precursor químico esencial para fabricar metanfetamina o éxtasis) advierte sobre una complicidad más amplia entre el tráfico de drogas en general, la política y la policía. Cristina Kirchner se ha puesto al frente de la defensa de esa connivencia cuatro meses antes de dejar el poder. La Presidenta busca a los presuntos conspiradores, no a los traficantes.
Una persona de más nivel que Lanatta y con más autoridad, y delante de una jueza federal, ya lo había sindicado a Aníbal Fernández como el gran obstáculo del Gobierno para controlar el tráfico de efedrina. Fue Gabriel Yusef Abboud, ex subsecretario de la Sedronar (el organismo encargado de combatir el tráfico de drogas) y ex director de Control de Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores de ese organismo.
En una declaración indagatoria ante la jueza María Servini de Cubría, Abboud aseguró: "El entonces ministro [del Interior] Aníbal Fernández ha sido el responsable directo de retrasar la solución del problema" del tráfico de efedrina. Abboud le aseguró a la magistrada, en una declaración que forma parte de la causa por el tráfico de ese precursor, que "lo que Fernández perseguía era la eliminación de la Sedronar, y no vaciló en impedir el correcto control de los precursores químicos y las demás misiones del organismo para lograr sus fines". Abboud señaló que Fernández buscaba quedarse con la facultad de autorizar la importación de efedrina, en ese momento en manos de la Sedronar.
Cristina apostó la Gendarmería en la puerta de su casa en El Calafate para que reprimiera a la Metropolitana si intentaba allanarla. Pero ésa no fue la intención de Bonadio
Abboud, que finalmente fue procesado por la jueza Servini de Cubría, relató cómo el entonces ministro del Interior entorpeció la gestión de la Sedronar y le escondió toda la información sobre drogas que proporcionaban las fuerzas de seguridad federales que estaban a cargo de Aníbal. Contó también que en 2007, Fernández dictó una serie de resoluciones por las que "prácticamente asumía como propias las tareas de la Sedronar" y "les ordenó a las fuerzas [de seguridad] no aportar ni compartir información, no concurrir a cursos de la Sedronar y no prestar colaboración". Abboud renunció en abril de 2007 con una dura denuncia contra Aníbal Fernández, pero Néstor Kirchner se la rechazó. Un año y medio después, en septiembre de 2008, Abboud volvió a renunciar con los mismos argumentos. Esta vez, ya bajo la presidencia de Cristina Kirchner, le aceptaron la renuncia el mismo día que la presentó.
"La campaña electoral de 2007 la pagó la efedrina", asegura una inmejorable fuente judicial. Esa campaña terminó con la primera elección de Cristina Kirchner como presidenta de la Nación. "Todos los laboratorios que traficaban efedrina pusieron plata", agregó la fuente. En el verano de 2008, desde la más alta instancia del Gobierno se presionó a la Justicia para que cerrara definitivamente la investigación sobre la financiación de esa campaña. La jueza electoral, la misma Servini de Cubría, no la cerró nunca. Todavía la investigación está abierta a la espera de que el juez Ariel Lijo resuelva sobre una causa conexa.
El negocio de la importación de efedrina consistía en reexportarla a México, donde era comprada por los carteles mexicanos de narcotraficantes. Se calcula que fue un negocio de unos 500 millones de dólares, porque México había prohibido la importación de efedrina para limitar la fabricación de drogas sintéticas. Una persona clave de esta millonaria operación, Ibar Pérez Corradi, imputado como el ideólogo del triple crimen de General Rodríguez, está prófugo. "El Gobierno lo liberó", aseguran los investigadores judiciales. Pérez Corradi fue detenido en 2009 porque el gobierno norteamericano había pedido su extradición después de comprobar que ingresó heroína en los Estados Unidos. La Justicia argentina le inició en el acto una causa local para evitar su extradición (los argentinos no pueden ser extraditados si están siendo juzgados en su país), le fijó una módica fianza y lo envió a su casa. Pérez Corradi abrió la puerta de su casa, se subió a su auto y no se lo volvió a ver nunca más. Esto sucedió hace tres años y medio. Gobierno, policías y jueces saben que Pérez Corradi no se fue nunca del país. La complicidad de la política y de la policía se amplía también a sectores de la Justicia.
La investigación mostró una sorpresa tras otra. Un ladero de uno de los muertos en General Rodríguez, Damián Forza, era un agente encubierto de la DEA, según comprobó personalmente la jueza Servini. Era un contrabandista de información, que llevaba carpetas con delaciones tanto a la DEA como a fuerzas de seguridad locales, y las vendía al mejor postor. Ese submundo de traficantes y espías de baja estofa hablaba (incluso delante de fiscales y en el juicio oral por el triple crimen) de "la Morsa". Ninguno dijo que se tratara de Aníbal Fernández. "Tampoco nadie preguntó si era él", advierte una alta fuente judicial. ¿Por qué no preguntaron? "Tenían y tienen miedo", contesta.
Las complicidades del Gobierno con la efedrina son más amplias que las supuestas conexiones de Aníbal Fernández. De hecho, en el juzgado de Servini están redactando el procesamiento de los hermanos Máximo y Miguel Zacarías, dijeron fuentes seguras. Ambos tienen otros dos hermanos, Rubén y Luis, y todos pertenecen a una familia de Santa Cruz estrechamente vinculada a los Kirchner. Los cuatro hermanos fueron funcionarios de los gobiernos kirchneristas. Máximo y Miguel están implicados en la importación de 1000 kilos de efedrina. Máximo era el asistente de más confianza del ex secretario de la Sedronar Ramón Granero, otro viejo amigo de Néstor Kirchner.
Tal vez por eso Cristina Kirchner no encontró otra salida que abrazarse a Aníbal Fernández en una cadena nacional. Fernández había jugado fuerte, como nadie lo hizo antes, cuando acusó a la fórmula peronista que lo desafía, integrada por Julián Domínguez y Fernando Espinoza, de comprarles droga "a las transas". ¿Para consumo personal? ¿Para comercializarla? No hay respuestas, porque Aníbal se negó a dar el nombre del dirigente específico al que se refería. La denuncia del ministro es tan grave como cualquiera que ha hecho su vieja enemiga Elisa Carrió.
Cristina entró en un laberinto de paranoia mucho antes, cuando el juez Claudio Bonadio se presentó en Santa Cruz para allanar varias empresas de la familia por la causa de lavado de dinero de los Kirchner. Por primera vez, la Presidenta fue sorprendida por una decisión judicial. Bonadio había viajado con la Policía Metropolitana, que no le pasó ninguna información a Cristina. Fuentes de la Metropolitana dijeron que su asistencia al juez fue autorizada personalmente por Mauricio Macri. Cristina apostó la Gendarmería en la puerta de su casa en El Calafate con la orden de reprimir a la Metropolitana si ésta intentaba allanar su casa. Pero ésa nunca fue la intención de Bonadio.
"Pistolero y extorsionador", lo llamó Cristina después al juez. Pistolero es un insulto y puede quedar como tal (el juez es un coleccionista de armas). Pero la extorsión es otra cosa: es un delito penal. Como funcionaria pública que es, la Presidenta tiene la obligación de denunciar qué le ofreció Bonadio y qué le pidió a cambio. Abrazada a Aníbal Fernández y vallando su casa ante el riesgo de ser allanada por los jueces son también los trazos del final de su época, azaroso, inseguro.
