RÍO GALLEGOS.- A la presidenta Cristina Kirchner y al candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria (FPV), Carlos Zannini, como a un buen número de funcionarios les tocará votar en una ciudad que en las últimas horas vio enrarecido el clima, no sólo por el humo de las cubiertas quemadas, sino por los cortes y piquetes en distintos puntos del mapa.

Ayer, para tratar de encontrar alguna solución, llegó en un vuelo de línea el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que estuvo en la gobernación santacruceña y dispuso el refuerzo de seguridad para el domicilio de Máximo Kirchner, candidato a diputado nacional.

También se reforzó la presencia policial en la residencia de la presidenta Cristina Kirchner. En tanto, se espera la llegada de más efectivos para las próximas horas.

Es la tercera vez en 40 días, que ante la virulencia del reclamo municipal -que se ha manifestado con cortes de ruta, piquetes y desparramo de basura-, que las fuerzas nacionales llegan a la ciudad.

La primera vez fue el 2 de julio, durante la inauguración del Café Literario Néstor Kirchner; luego reforzaron la seguridad durante un acto que la Presidenta protagonizó aquí hace dos semanas y ahora se espera un fuerte refuerzo para el domingo, durante las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Ayer los empleados municipales de esta ciudad agravaron las protestas, luego de rechazar en una asamblea la propuesta salarial elevada por el municipio. Según el sindicato, la oferta fue insatisfactoria. Según el municipio, los paritarios bajaron mal la información de la propuesta a la asamblea.

A estas alturas, la protesta ya superó los 130 días de huelga y derivó en la renuncia del intendente kirchnerista, Raúl Cantín.

A partir de las 9 de ayer, y con funcionarios y empleados dentro, el edificio municipal quedó bloqueado durante varias horas por los trabajadores que encendieron cubiertas e impidieron la salida e ingreso del personal. También pintaron las paredes con la consigna del 15 por ciento de reajuste salarial solicitado y agravios al jefe comunal.

Además, interrumpieron los accesos a los corralones y el vaciadero municipal. El intendente interino, Pablo Grasso (FPV), debió trasladarse a la sede del Concejo Deliberante, que está alejada del convulsionado palacio municipal.

Grasso presentó una denuncia por privación ilegítima de la libertad. También confirmó que iban a descontar de la cuota sindical los daños que provocaron en el edificio comunal.

"No vamos a tener represalias ni persecución contra los trabajadores. Queremos defender derechos y obligaciones", afirmó el reemplazante de Cantín. Y advirtió: "No vamos a permitir ningún tipo de extorsión, vamos a seguir defendiendo los intereses de todos los vecinos".

Grasso expresó su solidaridad con los padres y niños de las tres escuelas del radio céntrico que tuvieron que suspender las clases por la intensidad de la humareda.

Cuando falta un día para las elecciones, el intendente interino no sospechó de un tinte político en el conflicto y acusó a los trabajadores en protesta de "ser en su mayoría militantes del radicalismo".

En las últimas horas, cobró protagonismo para intentar destrabar el conflicto, el flamante secretario de Hacienda del municipio, Ariel Ivovich, quien fue ministro de Economía y jefe de Gabinete de Daniel Peralta entre 2011 y 2014, cuando se fue del gobierno en medio de un conflicto.

De regreso en el FPV, Ivovich tiene aspiraciones a ser candidato a gobernador, en octubre próximo, y se sumaría al lote de precandidatos que ya integran el gobernador Daniel Peralta y la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner. El principal competidor será el radical Eduardo Costa.

A las tres de la tarde, policía y bomberos realizaron un cordón para permitir que las personas que se encontraban en el interior del municipio puedan salir, mientras los manifestantes los insultaban.

Una hora después, empleados que no se encontraban en huelga empezaron a reparar la fachada del edificio céntrico ubicado en la esquina de la avenida San Martín y Presidente Alfonsín.

No sería la primera vez que en Santa Cruz las fuerzas nacionales garanticen un proceso electoral: durante los comicios legislativos de 2005, a raíz de un fuerte acuartelamiento de la policía provincial, el gobernador Sergio Acevedo reclamó su presencia.