Se desarrolla una crisis político-institucional de magnitud. Pero en la Argentina de los últimos años estas crisis transcurren como algo casi natural, alejadas quizá del interés público que deberían tener. La secuencia de esta crisis es indesmentible. Hay un enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial. Existe una fragmentación en la Justicia que lleva a intentar dirimir instancias conflictivas, siempre, en la Corte Suprema. Persiste una colisión entre el kirchnerismo y la oposición política, en la cual el férreo control de los resortes estatales-institucionales que ejerce el oficialismo inclinan la balanza a su favor. Como única respuesta posible, la oposición busca desplazar el pleito al ámbito de la calle.

En la crisis presente estarían superpuestos dos planos. Cristina Fernández no quiere, de ningún modo, que el Memorándum de Entendimiento con Irán pueda ser declarado inconstitucional por la Cámara de Casación. La mandataria, a partir de este incidente, pretende acelerar además la ocupación de espacios clave del Poder Judicial en los cinco meses que le quedan de poder. Sobre todo, para cubrir su retirada. De allí, el súbito fin de la vigencia de la subrogancia de jueces de la Casación y los reemplazos con conjueces designados por decreto, en enero del 2014. Vale precisar: la Cámara de Casación representa el máximo tribunal penal del país, sólo por debajo de la Corte.

En su ámbito circulan las causas de corrupción de funcionarios públicos, las de narcotráfico y aquellas vinculadas a delitos de lesa humanidad. El caso del doctor Luis María Cabral obró ahora como detonante. Aunque no es el único.

Cabral estaba dispuesto a votar la inconstitucionalidad del pacto con Irán. Otro juez de la misma Cámara, Juan Carlos Gemignani, también. Es decir, se aproximaba un duro revés político para Cristina pese a que la tercera magistrada, Ana María Figueroa, atesoraba un voto acorde con las necesidades del Gobierno. El viernes 19 de junio Cabral le habría comunicado a Figueroa algunos de los fundamentos de su voto que debía concretarse en el plenario del martes 23. La magistrada se habría comunicado de inmediato con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini para prevenirlo. Pese a tal diligencia, Figueroa afirma que sólo una vez en su vida profesional, en una reunión social, se cruzó con el ahora candidato K a la vicepresidencia.

La votación de aquel martes 23 nunca se realizó. Figueroa garantizó en forma pública que se haría ayer. Tampoco sucedió. En el interín, la mayoría del Consejo de la Magistratura (7 miembros), incluyendo el voto de su titular, Gabriela Vázquez, dispuso el desplazamiento de Cabral y la designación en su lugar del conjuez Claudio Marcelo Vázquez, un firme defensor de la reforma judicial que, con suerte parcial, la Presidenta impulsó en el 2013. Delfín, además, del viceministro de Justicia y candidato, Julián Alvarez. Hubo en aquella oportunidad otras nominaciones. Incluso para reemplazar en la Sala III una subrogancia de la propia Figueroa. Pareció destinada, en especial, a cubrir las formas en el operativo para desbaratar el posible voto contrario al Memorándum con Irán.

A partir de ese momento arrancó una verdadera batalla leguleya que, en el fondo, sirvió para enmascarar la maniobra política K. Cabral presentó una cautelar por su separación que aterrizó en el escritorio del juez Daniel Rafecas. El mismo que rechazó in limine la denuncia del fiscal muerto, Alberto Nisman, contra Cristina y Héctor Timerman por encubrimiento terrorista. El fiscal de Cámara, Raúl Plee, acudió de modo excepcional a la Corte Suprema para que laudara sobre el conflicto. El alto Tribunal, apegado al rigor jurídico y soslayando el ardid político, desestimó con rapidez expedirse sobre el tema. También, sobre la constitucionalidad o no del pacto con Irán.

Remitió de nuevo el asunto a la Cámara de Casación

En ese cuerpo habría ocurrido otro quiebre. El de la jueza Figueroa con Gemignani. Venían cruzados desde hacía tiempo porque el juez creyó descubrir varias veces en su colega el ensayo de maniobras dilatorias. El magistrado acompañó la presentación del fiscal Plee ante la Corte. Los camaristas habrían sostenido un áspero intercambio horas antes de la resolución de la Corte.

A partir de ahora podría abrirse una nueva instancia en Casación donde Cristina estaría muy cerca de lograr el objetivo: que el pacto con Irán no sea declarado inconstitucional. Ese acuerdo fue avalado en primera instancia por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Pero resultó revisado por la Sala I de la Cámara Federal. Un voto clave en ese cuerpo fue el de Eduardo Farah, que ocupa allí un lugar como subrogante. Sería el próximo objetivo del kirchnerismo. Esa determinación de la Sala I sonó más adelante compensada con creces. Dos de sus jueces –Eduardo Freiler y Jorge Ballestero– rechazaron la apelación del fiscal Germán Moldes contra la desestimación de la denuncia de Nisman efectuada por Rafecas. El caso quedó virtualmente cerrado.

Sin embargo, la posibilidad de que fuera declarada la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento podía dejar a futuro alguna peligrosa hendija abierta para la Presidenta. Los fundamentos de Cabral y Gemignani habrían apuntado a la figura de “traición a la patria por delegación de soberanía”. ¿En qué se habrían basado? En que el mecanismo suscripto por la Argentina y el régimen de Teherán podía entenderse como una cesión de derechos a terceros para el juzgamiento de los responsables de una tragedia –el atentado en la AMIA, en 1994, con 85 muertos–ocurrida en territorio nacional.

El acuerdo con Irán sería, en el prólogo de su retiro, uno de los mayores desvelos presidenciales. A diferencia de las causas de corrupción que podrían perseguirla, aquel Memoradum produjo una enorme onda expansiva interna y externa. Pareció significar aquí el quiebre definitivo del vínculo con la comunidad judía. Fue observado en el mundo como un giro muy difícil de explicar, si se tiene en cuenta la acusación contra ocho jerarcas iraníes por el ataque a la AMIA que el Gobierno de los Kirchner formuló durante años. Sobre todo ante los organismos internacionales.

Bajo la lupa quedó algo más que aquel Memorándum. También la estrecha relación diplomática, política y comercial con Venezuela. Hugo Chávez, en vida, habría sido la auténtica usina del acercamiento del Gobierno K con Irán. Cristina nunca pudo explicar ese pacto. Tal vez, tuvo la fortuna de que a Irán jamás le interesó de verdad, al margen de la chance frustrada de que Interpol levantara las alertas rojas internacionales contra los acusados. Por ese motivo fue a parar a un cesto y no adquirió vigencia.
El cierre definitivo de la historia –incluida la declaración de constitucionalidad del acuerdo– sería observado por Cristina como un blindaje imprescindible. Para su paso en falso. También para aquellos que fogonearon su giro y su entusiasmo. A Timerman –de él se trata– le haría falta. Es uno de los pocos ministros que no fue premiado con ninguna candidatura.