Con la sustitución del juez Luis Cabral por el abogado Claudio Vázquez en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Cristina Kirchner logró algo mucho más importante que evitar que ese tribunal declare la inconstitucionalidad, en términos muy severos, de su extravagante acuerdo con Irán. A partir de ahora, ella controlará una instancia decisiva del proceso que más la desvela: la causa en la que su empresa familiar, Hotesur, es investigada por lavado de dinero. La Sala I interviene en ese expediente.
En abril, junto con su colega Gustavo Hornos, Cabral había rechazado el pedido de Romina Mercado para que se desplace al juez Claudio Bonadio del caso. Mercado, la titular de la empresa, es la hija de la ministra de Acción Social, cuñada de la Presidenta y candidata a gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Ahora en lugar de Cabral estará Claudio Vázquez, un abogado de Lanús amigo del secretario de Justicia, Julián Álvarez.
Sería incorrecto, sin embargo, suponer que el pronunciamiento de la Cámara sobre el memorándum con Irán es intrascendente para el oficialismo. En los argumentos de las partes durante la audiencia que se celebró en marzo, sobre todo los del fiscal Raúl Pleé, hay atisbos de que el fallo que la Presidenta quiere evitar incluiría calificaciones sobre las conductas de los funcionarios que negociaron con Irán.
Entre otros, ella misma. ¿También se pediría una sanción? ¿Los votos de Cabral y de su colega Juan Carlos Gemignani contemplaban, con distintas modulaciones, esa posibilidad? Éste es el motivo principal de inquietud de la señora de Kirchner: por la ventana de la discusión sobre la constitucionalidad del acuerdo regresaría el espectro del fiscal Alberto Nisman y la denuncia que, de un modo u otro, le costó la vida.
El reemplazo de Cabral dará lugar en las próximas horas a movimientos judiciales y políticos. El juez presentará un recurso de amparo en el fuero contencioso administrativo. Y la Asociación de Magistrados, de la que él es vicepresidente, irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU para denunciar que en el país se está violando una garantía consagrada por el sistema internacional: que a un magistrado no se le puede arrebatar sin justificación legal una causa en la que ya ha actuado como juez natural.
Pleé, por su parte, pidió el jueves pasado que la Cámara se expida con los dos votos que ya están redactados, el de Gemignani y el de Cabral, aun cuando este último consignó que el suyo es sólo un borrador inicialado. El fiscal también reclamó al presidente de la Sala I, Gustavo Hornos, que no se modifique la composición del tribunal en todas las causas en las que interviene Cabral, de acuerdo con aquel principio que alega la Asociación de Magistrados.
El criterio ha tenido ya una defensora inesperada: la camarista Ana María Figueroa, casi siempre alineada con el Poder Ejecutivo. El lunes de la semana pasada, cuando se suspendió la lectura del fallo, hubo especulaciones sobre lo que terminó sucediendo: que el kirchnerismo reemplazaría a Cabral. Sin embargo, cuando en una entrevista radial Reinaldo Sietecase y Romina Manguel consultaron a Figueroa sobre esta alternativa, ella dijo que era absurda. De modo que, según Figueroa, Cabral debería votar en la causa del memorándum con Irán aunque haya sido desplazado. Éste es el núcleo técnico de la discusión: no tanto si el juez fue bien o mal sustituido, sino si debe continuar actuando en los casos en los que participó. Acertijo: ¿qué opinaría la Corte Suprema si alguien la consultara sobre este problema?
Cristina Kirchner y sus gerentes judiciales ejercerán la máxima presión para que en lugar de Cabral intervenga Vázquez, quien prestó juramento de urgencia el jueves por la noche. El propósito es que se declare la constitucionalidad del acuerdo o, por lo menos, que se siga el salomónico criterio del juez de primera instancia, Rodolfo Canicoba Corral: hasta que Irán no apruebe el tratado, la cuestión es abstracta. Una posición discutible, ya que la DAIA y la AMIA no impugnan el entendimiento sino la ley que lo aprobó y que sigue vigente.
La Presidenta se propone que el debate sobre su memorándum pase a la Corte para que ésta lo gire a Alejandra Gils Carbó, la procuradora que, al asumir sus funciones, preguntó en la Casa Rosada qué esperaban de ella. Gils Carbó puede dormir el trámite por mucho tiempo. Así se cumpliría el objetivo de la señora de Kirchner: que el debate sobre sus inexplicables tratativas con Mahmoud Ahmadinejad quede reducido a la causa en la que el abogado Juan Labaké, a quien Patricia Bullrich caracterizó como "neofascista", acusó a Santiago Kovadloff, Marcos Aguinis, Daniel Sabsay y a varios legisladores, como traidores a la Patria por haber objetado el tratado. Labaké basó su denuncia en un texto en el que el sociólogo kirchnerista Jorge Elbaum acusó a esos tres intelectuales de responder al "buitre" Paul Singer. Elbaum fue empleado de la DAIA, es funcionario del Poder Ejecutivo, fue director de la Escuela de Defensa y prestó servicios de seguridad informática para una gran compañía farmacéutica. Cristina Kirchner adhirió a sus argumentos en su página oficial, a pesar de que reproducen el peor cliché antisemita, según el cual quienes se inquietaron por el acercamiento con Irán no eran más que un grupo de judíos buscando plata. La ex SIDE, a través de su director Fernando Pocino, sigue presionando al juez Julián Ercolini y al fiscal Carlos Stornelli para que mantengan viva la denuncia de Labaké. Stornelli es también el responsable de la causa Hotesur.
El avance sobre la Cámara de Casación no es un episodio aislado. En él aparece una conducta que el kirchnerismo pretende convertir en regla: no deben asignarse causas a los jueces o fiscales, sino fiscales y jueces a las causas. Vázquez fue nombrado en lugar de Cabral porque se sabe de antemano que obedecerá a quienes lo impulsan. Fue el principio que expuso Carlos Zannini, a quien por razones inexplicables caracterizan como una mente jurídica brillante, cuando dijo, quejándose de un fallo de la Corte: "No los pusimos para esto".
Esta deformación del caso Cabral se sistematiza con el nuevo régimen del Ministerio Público. Después de transferir a los fiscales los poderes de los jueces, el kirchnerismo remodeló las fiscalías de tal modo que será Gils Carbó, en última instancia, quien decida a cuál de sus subordinados irá cada expediente. La Justicia termina así de recuperar la vista. Los casos no serán distribuidos al azar, por concurso o por turno. Es una tiránica consagración de la arbitrariedad, que extenderá todavía más la corrupción dentro de los tribunales. Impensable defección del garantismo.
El relevo de Cabral se introdujo en la campaña electoral. Entre hoy y mañana en la Asociación de Magistrados habrá una procesión interminable de dirigentes de la oposición. El principal, Mauricio Macri, fue el primero en convocar a la movilización del 14 de julio por una justicia independiente. Cuatro días más tarde se conmemorará un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA.
Si bien es un desafío para todo el oficialismo, la discusión es un dolor de cabeza para Scioli. No porque él difiera de la Presidenta en la visión de la vida institucional. Jamás se opuso a las iniciativas del Gobierno y no participó de los pronunciamientos de los demás candidatos en los últimos meses, sobre todo después de la muerte de Nisman. Al contrario, cuando se organizaba la marcha en homenaje al fiscal, su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, llamó a un funcionario judicial para advertirle: "Ojo, porque si vas a la marcha, no te vas a poder sentar más en nuestra mesa". Scioli fue un factor central, aunque discreto, para que la causa de la denuncia contra la Presidenta por el acuerdo con Irán se archivara. Y también para que se estanquen las investigaciones sobre corrupción. Un comportamiento previsible en alguien que, a pesar del reclamo de su mismísima jefa, no puede mostrar su declaración jurada.
La pregunta no es, entonces, cuál es la concepción que tiene Scioli de la institucionalidad. Eso fue informado por la prensa oficialista de los últimos 12 años. La pregunta es si logrará seguir disimulando esa concepción. Porque la continuidad que le exigirá la Presidenta si llega a ganar las elecciones no estará referida al cepo, la inflación, las tarifas o los holdouts. Lo que la señora de Kirchner espera de Scioli es que mantenga intacta la organización abusiva del poder que ella ha diseñado y se propone seguir administrando. Aquellas decisiones económicas son anecdóticas. El proyecto es esa arquitectura autoritaria. Y, como se sabe, el candidato es el proyecto.
