La carrera electoral entra en una etapa definitoria. Si bien predomina la expectativa de una mejora en la calidad de las políticas públicas a partir del próximo gobierno, hoy asistimos a una transición con desafíos crecientes.

En esta coyuntura, el Gobierno tiene una sola consigna: llegar hasta diciembre, mientras los problemas de fondo se esconden debajo de la alfombra. Para lograrlo, utilizan la especulación financiera, que es una receta tan antigua como peligrosa. Sólo sirve para tender un puente, comprar tiempo, generar una estabilidad artificial.

Así, convive la distorsión de precios relativos con un creciente déficit fiscal, financiado principalmente con emisión monetaria. Es decir, una brecha presupuestaria que cierra 2015 con un "agujero" del 8,5% de la producción total y con $ 250.000 millones de necesidades financieras por cubrirse de aquí a fin de año.

Mientras tanto, las reservas del Banco Central declinarán hasta 25.000 millones de dólares a fin de año, en el marco de una institución cuasi quebrada con pasivos monetarios por $ 750.000 millones (una relación 22 a 1 contra las reservas, cuando cinco años atrás ese ratio rondaba los 4).

Más aun, la entidad ya ostenta un patrimonio neto negativo de $ 470.000 millones (ajustado por el valor de las letras intransferibles, los adelantos transitorios al Gobierno y, una vez distribuidas, las utilidades del ejercicio 2014 recientemente aprobadas).

Por lo tanto, el eje principal de este proceso será brindar la solvencia necesaria que evite sobresaltos. Para ello, es necesario evaluar no sólo al hombre que conduzca la Argentina en los próximos cuatro años, sino también la calidad de sus equipos y las medidas que se pongan en marcha.

En efecto, el país tendrá una ventana de oportunidad que necesitará ocuparse con hombres y mujeres que hayan demostrado probada capacidad de gestión, pues en esta etapa la magnitud de los problemas no da margen para la improvisación.

Primer examen

El primer examen será generar los dólares suficientes que permitan un normal desenvolvimiento de nuestra economía. Para lograrlo, deberá ponerse en marcha el 10 de diciembre un conjunto de medidas de alto impacto que permitan restablecer el equilibrio macroeconómico y la previsibilidad, y que esto se refleje en la llegada de al menos 10.000 millones de dólares en las primeras semanas de gobierno.

A continuación, se presenta un decálogo de acciones para lograr ese objetivo.

En primer lugar, deberán eliminarse las retenciones a todos los productos regionales y al trigo, y reducir a la mitad las cargas en el resto de los cultivos, con el maíz a la cabeza. Oportunamente, deberá estudiarse la posibilidad de tomar las alícuotas vigentes como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.

En segundo lugar, hay que eliminar los registros de operaciones de exportación (ROE), para que la burocracia no sea la que fije los tiempos para venderle al mundo.

Tercero, establecer un marco normativo para el sector energético que brinde estabilidad impositiva a nivel federal, provincial y municipal, disponibilidad de divisas e incentivos fiscales para la exploración.

En cuarto lugar, aprobar una ley federal de infraestructura que establezca las obras prioritarias para el país, incluyendo las principales rutas, ferrocarriles e hidrovías. Su financiamiento provendrá de la apertura inmediata de líneas de crédito y garantías del Banco Mundial y otros organismos de crédito multilateral.

Quinto, establecer un programa económico integral que fije metas plurianuales convergentes en materia fiscal, monetaria e inflacionaria, coordinadas por todas las agencias públicas intervinientes, con un objetivo central: lograr una tasa del 5% de crecimiento anual y una tasa de inflación anual de un dígito.

Sexto, brindar flexibilidad a la demanda de divisas a medida que crece la oferta, en términos de importaciones, dólar ahorro y giro de dividendos, con el norte puesto en volver a un mercado único y libre de cambios.

Séptimo, se debe crear una agencia federal de estadísticas, recuperando profesionales desplazados del Indec y nombrando un nuevo director ejecutivo con acuerdo del Senado.

Octavo, modificar la Carta Orgánica del Banco Central para terminar con la práctica que en los hechos implica ser la chequera del Gobierno, es decir, fijando límites precisos a las transferencias de dólares y pesos a la Tesorería.

Salto institucional

Noveno, hay que dar un salto concreto en materia institucional. Por ejemplo, derogar la ley de abastecimiento; crear una oficina de presupuesto para otorgarle transparencia a su diseño e implementación plurianual; elaborar un programa financiero del Tesoro y un programa monetario del Banco Central verosímiles.

Por último, eliminar el artículo 20° de la ley de Mercado de Capitales, que permite a la Comisión Nacional de Valores (CNV) intervenir en empresas sin orden judicial previa.

En décimo lugar, el próximo gobierno deberá establecer una verdadera autonomía del Poder Judicial, instaurando restricciones al interior del Consejo de la Magistratura para que, además de integrarlo con profesionales prestigiosos e independientes, se garantice la no injerencia del resto de los poderes del Estado en la administración presupuestaria de la justicia.

Finalmente, es importante destacar que más allá del ordenamiento propuesto (que en este caso es meramente ilustrativo), lo destacable es la necesaria inmediatez de su implementación y su prioridad en la agenda de políticas públicas.

En definitiva, cualquiera sea la persona que asuma a partir del 10 de diciembre tiene ante sí una desafiante tarea. Se le demandará no sólo un nuevo liderazgo, junto a la experiencia y solvencia de sus equipos técnicos, sino también el abandono de este proceso estanflacionario junto a la reversión generalizada de expectativas.

Por todo lo anterior, la habitual "luna de miel" de un nuevo mandato es una ocasión concreta para dotar de contenido a la gestión desde el vamos. Sólo así sabremos que significan realmente la continuidad y el cambio. No hay mucho tiempo disponible para reconquistar la credibilidad perdida.

El autor es referente económico del Frente Renovador y árbitro de la Organización Mundial de Comercio.