Por orden suya, los diputados oficialistas han echado mano de un trámite típico de los gobiernos totalitarios: crear una comisión especial para someter a un ciudadano a un juicio arbitrario.

Esta aberración está disimulada por un malentendido basado en dos detalles. Como la comisión es la de Juicio Político de Diputados y como Fayt es juez de la Corte, el mecanismo tiene la apariencia de un proceso regular. O, si se quiere, opinable.

Pero la Constitución no otorga al Congreso las facultades que pretenden para sí los diputados que proponen la pesquisa sobre Fayt.

Los límites del Poder Legislativo para investigar a un magistrado están fijados, además, en el reglamento de la Cámara y de la comisión. Ninguna de esas normas contempla que los legisladores puedan iniciar investigaciones sin una acusación formal objetiva. Y tampoco prevén que puedan llevar adelante operaciones compulsivas, que requieren una orden judicial.

El hecho de que Fayt sea juez disimula la gravedad de lo que está sucediendo. Fayt es, antes que ministro de la Corte, un ciudadano. Y como ciudadano está siendo sometido al arbitrio de un grupo de legisladores que aprovechan su pertenencia a una comisión parlamentaria para, excediendo sus atribuciones, obligarlo a un examen psicofísico. Con brutal sinceridad, la diputada María del Carmen Bianchi confesó hace una semana que ese examen se debe a los "rumores que circulan sobre el estado de salud" de Fayt.

Cristina Kirchner y sus diputados constituyeron la Comisión de Juicio Político en una comisión especial para investigar a un ciudadano. Establecieron de ese modo un antecedente gravísimo, ya que el método que hoy padece Fayt podría ser aplicado en cualquier momento a cualquier otra persona. Es decir: a partir de ahora, el estado psicofísico de cualquier argentino podría ser indagado por la mayoría de una comisión parlamentaria. También la Presidenta. O los legisladores que impulsan estas medidas. Es posible que si un día pierden la mayoría en el Congreso ellos mismos lamenten el largo paso que están dando hacia la barbarie.

En su condición de abogada exitosa, la señora de Kirchner debería conocer el artículo 18 de la Constitución. Es el que establece las garantías en que se fundan la ley y el procedimiento penal. Entre otras, la siguiente: ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales.

Con esta nueva agresión al Estado de Derecho, la Presidenta y sus seguidores vuelven a vincularse con la peor tradición autoritaria. La experiencia internacional está plagada de este tipo de perversiones. Desde los juicios-farsa del estalinismo hasta las persecuciones del senador Joseph McCarthy en el Congreso de los Estados Unidos.

El hostigamiento al ciudadano Fayt a través de una comisión parlamentaria es un homenaje que el peronismo del siglo XXI dirige al de los años 40 y 50. En 1949, Juan Perón ordenó crear la Comisión Visca, que debió su nombre a su presidente, el diputado José Emilio Visca. Con la excusa de investigar denuncias opositoras sobre torturas, ese comité se dedicó a allanar o cerrar diarios críticos con las excusas más descabelladas.

Hay otros espejos desagradables en los que el kirchnerismo deberá mirarse al incurrir en estas prácticas. Uno de ellos es el de la última dictadura. En 1981, Roberto Viola, el segundo presidente del gobierno militar, comenzó a planear una salida institucional. Se constituyó una comisión multipartidaria para organizar elecciones legislativas y se previó que el presidente dependería, en adelante, del Congreso. Cuando el jefe del Ejército, Leopoldo Galtieri, advirtió ese movimiento, ordenó someter a Viola a una junta médica integrada por oficiales de la fuerza. Ese equipo debería determinar los supuestos estragos que el alcohol y el cigarrillo habían producido en la salud de Viola. El 21 de noviembre de aquel año, Viola fue declarado enfermo. Lo reemplazó Galtieri. El paso siguiente para garantizar la continuidad del régimen fue la invasión de Malvinas. Viola murió recién el 30 de septiembre de 1994.

En su afán por mantener el poder y controlar la Justicia más allá de diciembre, al kirchnerismo se le van cayendo las últimas máscaras. Despojado de pruritos, deja al desnudo el autoritarismo más engañoso: el que se esconde tras el ritual de la democracia.