Así, el empresario kirchnerista se termina de instalar en el negocio financiero. Es una incursión controvertida. Existen innumerables prevenciones de alcance internacional para que quienes administran juegos de azar, como López, no controlen también bancos, por las facilidades que esa superposición ofrece para el lavado de dinero.

La expansión del amigo e inquilino de Cristina Kirchner hacia un nuevo mercado coincide con la anexión de más medios de comunicación. El anillo incluirá dentro de poco un canal de TV abierta.

Para consumar estas apropiaciones, el oficialismo demuestra una urgencia casi tan llamativa como la que exhibe para colonizar los tribunales y controlar la Corte. Son procesos complementarios. La vertiginosa acumulación patrimonial que se verificó durante los últimos doce años debe contar con seguro de impunidad.

López ingresó a Finansur en 2012, cuando adquirió el 70% de las acciones, a pesar de que una norma del Banco Central, que data de los años 80, prohíbe vender sin autorización más del 20% de una entidad financiera. Además de Jorge Sánchez Córdova y su familia, también se deshicieron de sus acciones Marcelo Figueiras y Jorge Demaría. Figueiras es el dueño de laboratorios Richmond, que, como López, tiene vinculaciones estrechísimas con el kirchnerismo, en especial con Amado Boudou.

Si hoy se aprueba el cambio de dueños, el socio mayoritario de Finansur sería López, a través de Indalo SA. Sánchez Córdova conservaría el 26% de las acciones y es posible que siga administrando el banco; Demaría quedaría con 4%. No habría que descartar que los socios minoritarios cedan el resto de sus tenencias a López.

La aprobación de esta venta estuvo demorada por varias razones. La más importante es que algunos directores del Central se han resistido a entregar un banco a un empresario de casinos. Tienen razón. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que no se autorice a ejercer la actividad bancaria a quienes administran juegos de azar. Esa advertencia fue más explícita en el caso de la Argentina: el negocio de las apuestas es el primero al que el GAFI pretende excluir, por tratarse de una actividad de riesgo para el blanqueo de activos procedentes del terrorismo, el narcotráfico o la corrupción.

Un hecho providencial despejó esa renuencia a desobedecer el consejo del GAFI. El miércoles de la semana pasada, Axel Kicillof promovió como directores del Central a tres de sus discípulos: Mariano Beltrami, Alejandro Formento y Bárbara Domatto Conti. Así, el ministro logró dominar la mayoría del directorio. Esos tres jóvenes, que todavía no obtuvieron el acuerdo del Senado, estrenarían el cargo entregando el banco a López. Un homenaje ideológico a su gurú: ahora que tiene su propia fuente de crédito, Cristóbal podrá dejar de financiarse con la AFIP, como ha venido haciendo. Con Kicillof el Estado siempre gana.

No debería sorprender que en el Central sean distraídos con las recomendaciones regulatorias. El encargado de esos detalles es Hugo Carlos Álvarez, a quien Martín Redrado nombró síndico. Álvarez es el contador de Osvaldo Sanfelice, quien fue socio de Cristóbal López en Talares de Posadas, y también su empleado en Álcalis de la Patagonia. Sanfelice es un nudo central en el entramado de negocios de la familia Kirchner. Socio de Máximo en la célebre inmobiliaria de Río Gallegos, fue también director de Hotesur y ocupó durante años una oficina en la petrolera de Cristóbal, Oil M&S. Allí lo había destacado Néstor Kirchner para asegurarse de que López y su mano derecha, Fabián De Souza, no le retacearan información.

Es comprensible que, para el escalafón kirchnerista, quien lleva la contabilidad de un jerarca como Sanfelice merezca la sindicatura del Central. Por si le faltaban antecedentes, Álvarez es socio de Víctor Manzanares, el contador de Néstor y Cristina Kirchner, en cuyo peritaje se basó el juez Norberto Oyarbide para sobreseer al matrimonio del delito de enriquecimiento ilícito. Hay que entender estas designaciones: son una nueva forma de declarar que la pretendida independencia del Central respecto del Poder Ejecutivo -o, en este caso, de la familia de su titular- es una rémora del neoliberalismo.

La demora en la aprobación del cambio de manos de Finansur no se debe sólo a la tímida resistencia de algunos directores. Fue el propio López quien pidió que se pusiera en pausa el trámite cuando su incursión empresarial en los Estados Unidos presentó algunos percances. El rey de las tragamonedas, Federico Achával y Ricardo Benedicto se asociaron en Florida a Dania Entertainment Center (DEC) para administrar la sala de juegos Dania Casino & Jai Alai. Al frente de DEC figuraban Harris Friedman, Louis Birdman, Bart Seidler y Eval Levy, quienes pertenecen a una red de testaferros profesionales investigados por la justicia y el periodismo.

Apenas comenzó a explotar ese casino norteamericano, López debió cerrarlo, acusado de evasión impositiva. Y, al descubrirse la red de testaferros, tuvo que comprar su parte a Friedman y sus amigos y transferirla a otra empresa de juegos de Miami. Si estos avatares hubieran encontrado a López como accionista de un banco, se hubiera configurado un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos. Por eso él solicitó al Gobierno que detuviera la asignación de Finansur. Aun así, todavía queda por aclarar la denuncia de los holdouts: ¿a quién pertenece la sociedad Val de Loire, radicada en Delaware, que Achával reconoció como socia del hipódromo de Palermo?

Con la intención de evitar este tipo de preguntas, López rodeó a sus empresas de un anillo defensivo integrado por C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y Minuto Uno, entre otros medios. Ahora se prepara para adquirir, a través de la firma Telepiú, la licencia de uno de los canales de Televisión Codificada Aérea que concursa la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

También en este rubro López compite con prerrogativas inusuales: a instancias de su titular, Martín Sabbatella, pero con la negativa de los directores de la oposición, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, la Afsca asignó a López o a quien le compre esa frecuencia -por si debe deshacerse de ella para adecuarse a la ley de medios- 35 puntos de ventaja en el concurso.

López ha delegado el manejo de sus empresas periodísticas en De Souza, el mismo ejecutivo que administraba Oil M&S, bajo la mirada de "Bochi" Sanfelice. Es habitual que, cuando le plantean dificultades por esa área de negocios, Cristóbal se excuse: "No traigan problemas, porque todo esto se maneja desde Olivos.. Yo sólo atajo penales". El pretexto coincide con un dato: De Souza debe realizar visitas periódicas a la residencia presidencial para rendir cuentas de la marcha de su "monopolio".

Es muy entendible que un equipo político que armó esta arquitectura de negocios esté desvelado por el comportamiento de la Justicia cuando la Presidenta se haya alejado del poder. En los tribunales se realizan gestiones vertiginosas para cerrar expedientes inquietantes. La última demostración la ofreció el juez Luis Rodríguez, quien cerró la investigación de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, sospechoso de encubrimiento por haber pedido a Oyarbide que no allanara la financiera Propyme. Ayer en los tribunales federales se informaba que el fiscal Ramiro González era sometido a un durísimo acoso oficial para que no apele esta medida.

La expresión más elocuente de este avance kirchnerista sobre el Poder Judicial es el intento de ocupar la Corte antes de dejar la Casa Rosada. La diputada María del Carmen Bianchi formuló una solicitud insólita: que se pongan en consideración de la Comisión de Juicio Político "los rumores" sobre que el ministro Carlos Fayt no podría ejercer su cargo por razones de salud.

Para perfeccionar el método, Aníbal Fernández exigió ayer que Fayt demuestre su idoneidad hablando con el periodismo a primera hora. Es curioso: mientras proponía esa extravagancia, Fernández reprochó a su colega Sergio Massa no saber nada de leyes. El jefe de Gabinete sigue disimulando que ha cursado la carrera de Derecho. A pesar de que todas las mañanas hace lo que le pidió a Fayt.

Fernández reconoció, además, que el Gobierno pretende agrandar la Corte para negociar con la oposición una nueva integración. Hace 24 días, él mismo había dicho que "prima facie hay que descartar la ampliación" del tribunal. Pero ayer aconsejó que en poco tiempo debe estar compuesto por nueve jueces. Fue una irreverencia: quien decidió que sólo debía tener cinco miembros es Cristina Kirchner. Para ratificar sus condiciones de jurista, Fernández dijo "sentir" cuál debía ser el nuevo formato. Se ve que por la vía de ese sentimiento entró a su "secunda facie".