Que, por ende, habría que desechar esa posibilidad. Puede ser que el jefe de Gabinete no tenga conocimiento detallado de lo que se va cocinando en el Senado. También es cierto que aquel proyecto de marras aún está en elaboración. Pero Cristina Fernández no aceptará, de brazos cruzados, su traspié parlamentario al no imponer a Roberto Carlés como integrante del máximo Tribunal, en reemplazo de Raúl Zaffaroni. La sesión prevista para hoy fue postergada. Aunque el pliego del jurista permanece.

Los pasos a dar por la Presidenta serían dos. Proponer postulantes mas presentables para una oposición que, en ese campo, le ha cerrado hasta ahora todas las puertas. Progresar en simultáneo con la idea de llevar de cinco a nueve -desandando su propia historia-- el número de jueces en la Corte.

Entre tantas desventuras, la oposición podría adjudicarse un motivo de satisfacción política. Soportó las brutas presiones del kirchnerismo en el Senado, que anduvo promoviendo una ruptura para obtener los dos tercios necesarios que pudieran consagrar a Carlés. El blanco elegido fue el Peronismo Federal. En especial, Adolfo Rodríguez Saa y su colega Liliana Negre de Alonso. Si rompían ese dique, hubieran salido quizá a la caza de otro siete senadores para alcanzar la mayoría especial. Pero la maniobra fracasó en sus albores. Negre de Alonso es una legisladora de mucha cercanía con la Iglesia. Igual que Carlés.

La Iglesia no significa de ninguna manera, como pretendió vender el aspirante, el Papa Francisco. Por allí los K creyeron factible abrir una grieta. Pero la endeblez de Carlés resultó determinante en la postura de los puntanos. Tanto, casi, como el compromiso político que en noviembre del año pasado habían firmado con el colectivo opositor. El oficialismo contó además con bajas propia. Una senadora aliada, la neuquina Carmen Lucila Crexell, se plantó en una negativa contra Carlés. Sucedió, por otra parte, la deserción del senador radical K, Gerardo Zamora, que sufrió una imprevista y riesgosa enfermedad.

En la resistencia debió haber incidido también la movida pública de Sergio Massa. El diputado del Frente Renovador tomó la pretendida designación de Carlés como un episodio de campaña. "No podríamos nunca avalar a jueces sacapresos", dijo en un acto con el cual promovió una recolección de firmas (presentó cerca de 2 millones) para clausurar definitivamente la designación. Una frase que utilizó a dos bandas: también para refrescar la afinidad de pensamiento de Carlés con Zaffaroni.

Cristina supo desde el comienzo que aquella aventura en el Senado era complicada. Por esa razón instruyó a Miguel Pichetto, el titular del bloque K, para que pusiera en marcha el plan de la ampliación de la Corte. Las condiciones fueron dos: que el proyecto nazca del Poder Legislativo para disimular la participación del Ejecutivo; que no estuviera impulsado por nadie que en el 2006 haya votado su propia reforma de la Corte, que redujo el número a cinco miembros. En esta tarea anda Pichetto.

En su afán por desmentir lo visible, Aníbal Fernández filtró algunas pistas. Sostuvo que, según su parecer, sería conveniente dividir a la Corte en varias salas para otorgarle mayor celeridad a las miles de causas pendientes. Sobre ese flanco argumental se apoyaría el proyecto kirchnerista: la necesidad de agilizar al máximo Tribunal demandaría nuevos jueces.

Hubo un correo que, con presteza, llegó hasta el cuatro piso del Palacio de Plaza Lavalle. De otro modo, habría resultado difícil explicar la cadena de reportajes que concedió Ricardo Lorenzetti el último fin de semana. El abogado de Rafaela acostumbra a hablar sólo en situaciones de excepción. En todos -incluso en diarios afines al Gobierno-- planteó objeciones al aumento del número de jueces en la Corte durante un año electoral y con un poder que está de despedida.

Cristina supondría factible eludir la falta de los dos tercios en el Senado para designar nuevos magistrados recurriendo a los conjueces K que ya nombró. Esos hombres fueron ungidos sin el respeto a las mayorias especiales que requieren. Pero la oposición habría dejado, en ese aspecto, un vacío.Massa, al parecer, estaría dispuesto de nuevo a apremiar al Gobierno. El jefe del bloque de Diputados del FR, Darío Giustozzi, trabaja en un proyecto para denunciar tal irregularidad. E impugnar todas las designaciones. Podría haber otra puesta en escena como aquella montada para cercar a Carlés. El movimiento tendría miga para intepretar otras cosas que sucederían en el FR. ¿Cuales?. Giustozzi se habría afianzado como ladero político del candidato a presidente. Fue uno de los co-fundadores del espacio. Y pretende dar batalla con la banca de Massa por la gobernación de Buenos Aires. Su principal rival interno es Francisco De Narváez.

La estrategia de Cristina asomaría ambiciosa con un año electoral que se puso en marcha el domingo pasado con las primarias en Salta. El proceso seguirá escalando con las internas de Santa Fé, el domingo venidero, y las de Capital, el próximo 26. Pero se conoce, de sobra, que la Presidenta no suele resignarse con facilidad. Lo demostraría otra novedad de ayer.

La Sala I de la Cámara Federal resolvió hacer lugar a la apelación del fiscal Germán Moldes contra el fallo que desestimó (por dos votos a uno) la denuncia Alberto Nisman. El fiscal muerto acusó a Cristina y a Héctor Timerman, entre otros, por supuesto encubrimiento terrorista por el atentado en la AMIA (85 muertos) y la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. En la primera instancia judicial también Daniel Rafecas había rechazado aquella denuncia.

La instancia definitoria es la Cámara de Casación Penal. Pero la Sala I deberá aún completar trámites burocráticos antes de la notificación a la instancia superior. Sólo si esos pasos pudieran darse hoy mismo podría intervenir el fiscal Ricardo Weschler, de quien el Gobierno desconfía. De lo contrario, la apelación de Moldes caerá en la oficina del fiscal general Ricardo De Luca, de Justicia Legítima, uno de los mayores objetores de la Marcha del Silencio.

El manejo de los tiempos no parece haber respondido a una casualidad. Cristina pretende enterrar la denuncia de Nisman. Esa garantía la tendría, únicamente, con la participación de De Luca. Cualquier desenlace en otro sentido debería ser adjudicado a un milagro. O a un terremoto político-judicial que ahora nadie predice.