Una buena noticia podría resultar mala en los laberintos de los tribunales. Ayer, la Cámara Federal aceptó por unanimidad la apelación del fiscal Germán Moldes ante la Cámara de Casación para darle vida a la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de morir. Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal (Jorge Ballesteros, Eduardo Farah y Eduardo Freiler) demoraron inexplicablemente su decisión y la causa podría caer en manos del fiscal de Casación Javier de Luca, un militante de Justicia Legítima que entrará de turno mañana. Moldes anunció que hoy hará una presentación desesperada, a primera hora de la mañana, para que durante la jornada el expediente sea elevado a Casación. Hoy estará todavía de turno el fiscal Ricardo Wechsler, un funcionario considerado independiente.

Esa Sala de la Cámara Federal, con antecedentes de cercanías al oficialismo, trató hace una semana la recusación de Moldes, a quien confirmó. Es usual que los tribunales consideren las recusaciones y, cuando las rechazan, no demoren más de un día en resolver sobre si aceptan o no las apelaciones. Un días después, el jueves pasado, el juez Freiler se manifestó sorpresivamente indispuesto por problemas en el estómago. Se fue y no volvió hasta ayer, ya muy cerca de la fecha en que entrará a jugar el fiscal De Luca. Aun así, no se explica por qué los otros dos jueces no resolvieron la apelación si terminaron tomando una decisión por unanimidad. En un tribunal de tres jueces, con dos es suficiente cuando ellos están de acuerdo.

El fiscal De Luca trató de "gánster" a Moldes y criticó duramente la marcha del 18 de febrero. Si la denuncia de Nisman terminara en sus manos, como es probable, puede anticiparse de antemano que la rechazará. La denuncia de Nisman moriría en ese instante. No podría acceder a la Cámara de Casación sin el acuerdo del fiscal. A pesar de las apariencias, hubiera sido mejor que la Cámara Federal rechazara la apelación de Moldes para que éste pudiera recurrir en queja, en el acto, a la Cámara de Casación. Todavía hubiera estado de turno el fiscal Wechsler. Pero resultó que la buena noticia es mala por el manejo de los tiempos que hizo, tal vez premeditadamente, la Cámara Federal. Fue una operación perfecta en la que los jueces entretejieron el almanaque con la aceptación de las presiones oficiales.

Con la denuncia contra la Presidenta a punto de morir, no puede negarse que toda la saga del caso Nisman está en franca decadencia. El Gobierno ha logrado, por izquierda o por derecha, que se hable más de la vida privada del fiscal muerto que de su denuncia por encubrimiento de terroristas contra las más altas autoridades de la Nación. Una foto de Nisman rodeado de mujeres y la información de una cuenta en el exterior eclipsaron las escuchas telefónicas que mostraban en el centro del poder a un submundo habitado por marginales, que cultivan una violencia filonazi. La propia muerte del fiscal entró (gracias, en parte, a las permanentes trifulcas entre la fiscal Viviana Fein y la ex mujer de Nisman, la jueza Arroyo Salgado) en un cono de sombras del que difícilmente volverá a salir. El caso Nisman en cualquiera de sus variantes, que escandalizó el verano de miles de argentinos, se apaga sin remedio.

Otro caso que podría darle una buena noticia al Gobierno es la situación del juez Claudio Bonadio, recusado por la familia Kirchner como magistrado a cargo de la investigación por presunto lavado de dinero en los hoteles de los Kirchner. El comúnmente llamado "caso Hotesur", que es el nombre de la empresa familiar que administra los hoteles. Bonadio fue recusado por la sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y presidenta de la empresa. La Cámara Federal rechazó la recusación del juez, pero los Kirchner apelaron ante la Cámara de Casación, donde la fiscal Gabriela Baigún, también de Justicia Legítima, apoyó la posición de la familia presidencial y pidió que se apartara a Bonadio. Un espectáculo grotesco están dando muchos fiscales, que están donde están para investigar, pero son ellos los que militan para desviar las investigaciones o para, directamente, no investigar.

El juez Bonadio es uno de los magistrados más temidos por el cristinismo. Considerado inmanejable por el poder político, el Gobierno ha gastado tiempo y energía en apartarlo del caso. Primero, recurrió al Consejo de la Magistratura, donde no pudo avanzar, y ahora trata de desplazarlo en las instancias superiores. La situación de Bonadio en la Cámara de Casación está en manos de tres jueces: Luis María Cabral, Ana Figueroa y Gustavo Hornos. Se sabe que Cabral no acepta apartar al juez, que Figueroa sí está de acuerdo con su desplazamiento y la incógnita se encierra en Hornos, que no anticipó su voto. "La situación está un 55 por ciento a favor de Bonadio y un 45 por ciento en contra", dijeron fuentes de Casación. La paridad de las posibilidades es enorme. La moneda está en el aire. La decisión sobre el futuro de Bonadio en esta causa se resolvería el jueves o el viernes.

El propio secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, habría conversado personalmente con algunos de esos jueces. En los tribunales, no pudieron precisar si habló con Figueroa o con Hornos, pero descartaron que lo haya hecho con Cabral, cuya posición ya se conoce. La causa sobre lavado de dinero es la más grave que tiene la Presidenta en la Justicia, porque refiere a su responsabilidad personal en un delito presunto. La denuncia de Nisman, aun si prosperara, quedaría siempre encerrada en el debate sobre si el tratado con Irán fue una decisión política o un delito. El lavado de dinero no es una decisión política.

Justicia flexible

Con jueces y fiscales tan flexibles, ¿por qué la Presidenta no intentaría un copamiento de la Corte Suprema de Justicia, que es donde, en la mayoría de las veces, no escuchan sus pedidos? El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que el proyecto de ampliación de la Corte a nueve miembros (ahora son cinco, aunque sólo hay cuatro) no estaba a estudio prima facie. ¿Qué quiere decir prima facie? A primera vista o en principio. Todo muy relativo. Fue una aclaración demasiado tibia para una noticia tan importante, que provocó varias declaraciones oficiales del propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. De paso, Fernández aprovechó para ofender de manera grosera e irrespetuosa al juez de la Corte Carlos Fayt, sólo porque es un hombre de 97 años. La bronca del Gobierno con la Corte existe, prima facie.

Hay un aspecto de la información que Aníbal Fernández esquivó. El plan del Gobierno no prevé, en efecto, que sea la Presidenta la que firme ese proyecto de ampliación de la Corte, porque fue ella la que redujo el número de miembros del tribunal. El proyecto sería presentado por senadores o diputados oficialistas (preferentemente senadores) para evitarle a Cristina Kirchner la odiosa comparación con Menem, que también elevó el número de miembros de la Corte de cinco a nueve. La ampliación de la Corte conlleva siempre el propósito de cambiar la mayoría preexistente en el más alto tribunal del país. Es decir, de ponerlo mediante una mayoría automática al servicio de los intereses personales de los que gobiernan.