El paro convocado para hoy por un buen número de gremios, encabezados por los del transporte, más que un desafío al gobierno nacional, es indicador de un severo desacuerdo de los sectores asalariados con la política tributaria impulsada por Cristina Kirchner.
Esta disidencia no sólo hay que verla en el llamado a la huelga por parte de
los sindicatos cuyos trabajadores ostentan los más altos sueldos nominales o de
aquellas entidades que se han situado en la vereda de enfrente del kirchnerismo.
También se puede advertir en la reacción de sindicalistas que han venido
acompañando al Gobierno desde la CGT oficialista. El metalúrgico Antonio Caló ,
secretario general de esa central obrera, anunció que dejó en libertad de acción
a los trabajadores de su actividad para adherir o no al paro. Y el titular de la
Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, pese a que su gremio
no se plegó a la medida de fuerza, reconoció que "es injusto lo que pasa con el
impuesto a las ganancias" y vaticinó que la huelga tendría una gran adhesión.
El paro convocado para hoy es indicador de un severo
desacuerdo de los sectores asalariados con la política tributaria impulsada por
Cristina Kirchner
Parece quedar demostrado que el gobierno kirchnerista viene perdiendo una batalla ideológica, justamente contra quienes han sido históricamente definidos como la columna vertebral del peronismo. La primera espada del relato oficial ha quedado en manos del ministro de Economía, Axel Kicillof, quien días atrás recibió una dura estocada, con las críticas que recibió de todo el arco político tras su admisión de que no sabía cuántos pobres había en la Argentina, y en las últimas horas intentó defender, junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, la decisión gubernamental de mantener sin cambios el impuesto a las ganancias sobre los asalariados.
Kicillof buscó relativizar la demanda gremial para eliminar o disminuir la
presión impositiva sobre los asalariados, explicando que este tributo "afecta
sólo al 10 por ciento de los trabajadores". El titular del Palacio de Hacienda
subrayó que "la lógica de este impuesto es que quienes más ganan hagan su
contribución a las políticas públicas que van a alimentar los planes sociales",
y que "esto pasa en todos los lugares del mundo".
El gobierno kirchnerista viene perdiendo una batalla ideológica, justamente
contra quienes han sido históricamente definidos como la columna vertebral del
peronismo.
Lo que no dijo Kicillof es que en prácticamente ninguno de los países del mundo donde se gravan los ingresos de los trabajadores existe el nivel de inflación que tiene la Argentina y que termina licuando el poder adquisitivo de los salarios. A tal punto que un porcentaje cada vez más considerable de los incrementos salariales que se negocian en las paritarias termina yendo a parar directamente al Estado por la vía de la retención del impuesto a las ganancias.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos, que lidera el gremialista estatal Pablo Micheli, ha estimado que por cada 100 pesos de aumento salarial que se acuerden en las presentes negociaciones paritarias, 22 pesos serán apropiados por el Estado por el efecto del impuesto a las ganancias, si las paritarias terminan con una suba promedio del 30 por ciento.
Según ese trabajo, para que, en promedio, los trabajadores logren un aumento
verdadero del 35%, las negociaciones salariales deberían establecer un
incremento del 45%. Y para garantizarles a los asalariados una mejora del 40%,
que esté en sintonía con la inflación del año último medida por consultoras
privadas, el aumento acordado debería rondar el 51%.
Por cada 100 pesos de aumento salarial, 22 pesos serán
apropiados por el Estado por impuesto a las ganancias, según un estudio
El citado estudio señala, a modo de ejemplo, que si un trabajador soltero que hoy percibe 15.001 pesos mensuales recibe un aumento salarial del 35%, los descuentos anuales por ganancias se incrementarían de 9632 a 25.484 pesos. De ese modo, la suba en el salario quedaría notablemente relegada frente al aumento del costo de vida.
Esta pérdida de poder adquisitivo crece en los asalariados de mayores ingresos, a tal punto que hasta el año último, éstos debían destinar 271 días de trabajo en el año para hacer frente a todas las obligaciones fiscales, de acuerdo con un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).