Con la adhesión casi total de los gremios del transporte público de pasajeros, el sindicalismo opositor activará hoy su cuarto paro nacional desde que Cristina Kirchner es presidenta. A diferencia de otras veces, la huelga contará con una particularidad: la CGT oficialista, que está alineada con el Gobierno, consideró "legítimo" el reclamo por el impuesto a las ganancias, y algunas de sus organizaciones decidieron apoyar la medida de manera indirecta, ya que dieron "libertad de acción" a sus afiliados para participar de ella.
Hace tres años, el pragmatismo gremial empujó a Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli a unificar sus acciones y encabezar las protestas. En esta oportunidad, los tres referentes de las centrales obreras opositoras se sumaron a último momento a una iniciativa que activó originalmente la alianza de 22 gremios del transporte. Fortalecidos, todos juntos y con el apoyo de los bancarios y otros sectores, amenazan con paralizar el país para exigir la eliminación o un cambio en el impuesto a las ganancias, un aumento de emergencia para los jubilados y "el sinceramiento" del Gobierno sobre el índice real de inflación y el desempleo.
Será el primer gran desafío sindical a la Casa Rosada en el año electoral. Durante la huelga, que será de 24 horas, se alterará el normal funcionamiento del transporte de pasajeros y no habrá bancos ni otros servicios, como recolección de residuos y transporte de carga, y no abrirán las estaciones de servicio, entre otros rubros ligados al comercio. En las dependencias estatales la atención al público se reducirá al máximo por la adhesión del gremio de ATE y en algunos hospitales se trabajará con personal de guardia.
Hasta último momento el Gobierno intentó ayer neutralizar el paro, al convocar a los empresarios del transporte público, que son beneficiados con millonarios subsidios para abaratar sus tarifas y evitar despidos.
La reivindicación por el impuesto que pesa sobre los salarios unifica posturas en el atomizado mapa sindical. Agrupa en un mismo sector a oficialistas y a opositores. De hecho, ayer, el jefe de la Uocra y uno de los dirigentes que mejor vínculo mantienen con la Casa Rosada, Gerardo Martínez, manifestó que "Ganancias es injusto" y especuló con que la medida de fuerza podría tener "gran adhesión".
Desde el Gobierno se mantiene el rechazo a modificar en el corto plazo el tributo o elevar las escalas del mínimo no imponible de Ganancias. Con las últimas modificaciones impositivas, concretadas en agosto de 2013, Ganancias es tributado por el 10,2% de los trabajadores registrados (955.527) y el 0,7% de los jubilados (39.641), según informó la AFIP. En diciembre pasado, Cristina Kirchner desactivó un paro nacional de transportistas al eximir de Ganancias el medio aguinaldo. Fue un anuncio pasajero y fugaz que ayudó a descomprimir el clima de fin de año.
Son alcanzados hoy por Ganancias todos aquellos sueldos y jubilaciones que sean superiores a los 15.000 pesos desde agosto de 2013.
La reforma de Ganancias, que se convirtió en una bandera electoral de los partidos opositores, abrió grietas hasta en el propio oficialismo. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que había opinado que el reclamo "es justo", quedó aislado ante las expresiones del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y del ministro de Economía, Axel Kicillof. "No hay relación entre el reclamo y la medida adoptada. Afecta sólo al 10% de los asalariados", dijo Tomada. Mientras que Kicillof fue más preciso y no descartó un cambio a futuro: "El mínimo no imponible está muy bien porque se ajustó muy fuerte hace dos años, y después lo de las alícuotas se puede discutir".
En el corazón del Gobierno se evalúa modificar por ley el impuesto a las ganancias. No sería un mero anuncio presidencial para elevar las escalas del mínimo no imponible. Habría algo más, según confiaron a LA NACION un ministro y uno de los gremialistas más cercanos al kirchnerismo. Cualquier hipotético anuncio se haría con el calendario electoral encima, con la intención de capitalizarlo en las urnas. Las fuentes estiman que podría ser entre junio y julio.
Apoyo tardío
Las CGT de Moyano y Barrionuevo, que se sumaron al paro a último momento, pretenden que la jornada de hoy sea el punto de partida de una hoja de ruta de conflictos: llamaron a un plenario para el 15 de abril para avanzar en un plan de lucha que contemplaría otra huelga (podría ser de 36 horas y la fecha tentativa es el 30 de abril) y una movilización a la Plaza de Mayo.
Sin ponerse al frente de la protesta como otras veces, Moyano y Barrionuevo dilataron su apoyo al paro de hoy por la desconfianza que aún le tienen a Roberto Fernández, líder de los colectiveros de la UTA, que en la última huelga torció su postura presionado por el Gobierno y su política de subsidios. Esta vez, la UTA asoma como el músculo de un paro que promete tener alto impacto.
