Aunque Daniel Rafecas no adelantó lo que iba a hacer ni siquiera a su familia, dos altas fuentes que transitan los pasillos de Comodoro Py y que están vinculadas con la causa vaticinaron que al juez federal no le queda otra alternativa que convalidar la imputación contra la Presidenta por el delito de encubrimiento en el atentado contra la AMIA. La duda que manifestaron es si Rafecas lo hará antes o después del último discurso de Cristina Fernández para abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el próximo domingo, 1° de marzo. "Daniel no les presta mucha atención a los tiempos políticos. Está concentrado en la lectura del expediente que le elevó el fiscal Pollicita. De hecho, desde que recibió el escrito ni siquiera se comunicó con él, a pesar del respeto profesional y mutuo afecto que se profesan", me dijo otro fiscal federal con información confiable.
Desde que Gerardo Pollicita decidió avanzar con la imputación en consonancia con lo que había denunciado el fiscal Alberto Nisman, su vida personal cambió de manera abrupta. Sigue viviendo en el mismo departamento de Barracas, pero ahora tiene 10 custodios del grupo Albatros de la Prefectura durante las 24 horas, y cada vez que se sube al auto oficial debe colocarse un incómodo chaleco antibalas. Todavía no tuvieron que repeler ningún ataque, pero evitaron que militantes de La Cámpora pintaran las paredes del domicilio de Pollicita. Sospechan que querían escracharlo. La leyenda iba a decir algo así: "Aquí vive Pollicita, un fiscal vendepatria, golpista y destituyente".
Dos fiscales y dos jueces que leyeron el requerimiento de Pollicita sostienen que su presentación fue impecable. Que le quitó toda la adjetivación y "carga emotiva" que tenía el pedido de indagatoria de Nisman, se concentró en las 80 horas de escuchas a las que tuvo acceso, las comparó con los cambios de posición del Gobierno en su relación con Irán y pidió por lo menos 30 medidas de pruebas que a Rafecas le va a ser muy difícil no impulsar.
En medio de los pedidos de Pollicita, un documento oficial de enorme peso es el fallo de dos jueces de la sala dos de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes no sólo declararon inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, sino que también dejaron entrever que Timerman le mintió al Congreso en su defensa del proyecto de ley del memorándum y que Cristina Fernández no podía estar ajena. Pollicita no es un héroe, pero siempre se jactó de tomar sus decisiones sin atender los pedidos especiales del poder de turno. Jefe de Nisman en los tribunales de San Martín, a él tampoco le cierra demasiado la teoría del suicidio. Antes de presentar su escrito, tuvo oportunidad de hablar con varios colegas y varios jueces federales. Casi todos lo alentaron para que tome la decisión que le pareciera correcta, si su convicción íntima y los indicios le permitían hacerlo. Todos menos el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien lo habría presionado, invocando el nombre de la Presidenta, de Daniel Scioli y el presunto estado de conmoción institucional que provocaría la imputación.
Alarmado por la vehemencia del juez, Pollicita le habría dicho a Canicoba que prefería irse a su casa antes que firmar algo de lo que no estuviera convencido. Y más tarde intentó averiguar si de verdad el candidato Scioli le había mandado a pedir que no imputara a la jefa del Estado. "Daniel nunca le pediría a nadie una cosa así. Respeta la independencia de los fiscales y los jueces", recibió como única respuesta. Los colegas de Canicoba no terminan de entender por qué el magistrado sigue trabajando con tanto ahínco para que la denuncia original de Nisman se diluya o desaparezca. También les pareció extraño que archivara tan rápido la denuncia contra Cristóbal López y la Lotería Nacional justo en el momento en que terminaba de ingresar el pliego de su hijo en el Senado para ser nombrado juez. Él se justificó con el argumento de que el que no impulsó la acción fue el fiscal Guillermo Marijuan.
Los jueces y los fiscales que esperan con preocupación la aprobación del paquete de leyes y la reglamentación que le permitiría a la procuradora Alejandra Gils Carbó poner en la cancha a sus militantes explican: "Los talibanes de Justicia Legítima van a empezar por cortarles la cabeza a los que juegan en el medio, como Canicoba Corral". Se trata de los mismos magistrados a los que la Presidenta les declaró la guerra y les puso la etiqueta de "Partido Judicial". Esos jueces y fiscales no funcionan todos de manera unívoca, pero coinciden en una decisión fundamental: no van a cajonear ni a negarse a investigar expedientes donde haya indicios y pruebas de delitos. Tampoco terminan de entender por qué la jefa del Estado pareció entrar en pánico. "En el mejor de los casos, la sentencia definitiva sobre la acusación de encubrimiento puede tardar, como poco, dos años, y va a depender más de la situación geopolítica internacional que de los fiscales y los jueces de Comodoro Py", me dijo otro fiscal federal. Ni siquiera él, que tiene mucha experiencia, comprende por qué los que están cerca de la Presidenta le quieren hacer creer que el juez Claudio Bonadio iría tras la firma de Máximo Kirchner para acusarlo o tomarle declaración indagatoria en la causa Hotesur. "Eso es no conocer cómo interpreta el Código Bonadio. Si lo conocieran más, se darían cuenta de que él piensa que para probar la responsabilidad individual en el delito de lavado de dinero no hace falta firmar ningún papel, sólo recibir la plata. Y ya está claro que la Presidenta es una de las accionistas de Hotesur, más allá de que no haya firmado ningún balance", explicó.
La lógica de atenerse a los hechos para impulsar o desestimar una investigación es también la que seguiría Rafecas en el caso de convalidar las imputaciones que decidió Pollicita, sin que el antecedente de su recusación en la causa Ciccone por haber intercambiado mensajes de texto con el abogado del vicepresidente Amado Boudou influya de alguna manera. Hay momentos en que las circunstancias ponen a los hombres entre la espada y la pared, más allá de sus deseos. Rafecas hubiera preferido no tomar la causa que había impulsado el fiscal que apareció muerto el pasado 17 de enero. Pero ahora no tiene más remedio que hacerse cargo. Y sabe que su decisión lo marcará para toda la vida.
