Los paraguas no alcanzaron para develar ninguno de los misterios que encierra la muerte del fiscal Alberto Nisman. Pero Cristina Fernández habría sido notificada de la encrucijada que debe enfrentar. La sociedad está interpelando seriamente a ella y a su gobierno. Queda pendiente nada menos que la denuncia por encubrimiento terrorista. Recaería sobre sus espaldas, veintiún años después, además, el peso de la historia del mayor atentado producido en la Argentina.
Nunca Cristina debió haber imaginado un final de ciclo sólo dominado por durísimas adversidades. Donde se estarían cruzando los senderos de la violencia política con la vieja y amañada corrupción. Amado Boudou quedó con procesamiento firme por el escándalo Ciccone en un fallo de la Sala I de la Cámara Federal. Coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, dictaminaron los tres jueces. Está a tiro del juicio oral y público que, para alivio kirchnerista, podría demorarse hasta el 2016 por el tranco judicial. Sobrevolaría sobre el vicepresidente, inevitable, la sombra de María Julia Alsogaray. También el fracaso de la Presidenta: Boudou constituyó su primera artesanía política después del fallecimiento de Néstor Kirchner.
La muerte del fiscal, ocurrida hace ya mas de un mes, continúa en tinieblas. Expertos en criminalística --de aquí y del exterior-- estarían empezando a consolidar una conclusión: si en ese largo lapso no ha podido corroborarse un suicidio con arma de fuego, sería porque no habría habido tal suicidio. Nadie sabe si por los mismos argumentos, sonó en igual dirección la voz de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La ex esposa del fiscal no concibe la idea del suicidio. Su opinión posee ahora una musculatura enorme, como la tuvo su presencia y la de sus hijas en la noche de los paraguas. Está además disgustada con la investigación. Fluye una indisimulada tensión con la fiscal Viviana Fein. Por esa razón resolvió dos cosas. Transmitió su preocupación al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Solicitó un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA.
La novedad no resultaría grata para el Gobierno. Las relaciones con aquella organización son ásperas. ¿Cómo podría ser, si Cristina oferta al mundo su modelo sobre derechos humanos? El distanciamiento arrancó hace tiempo. Cerca del 2009 cuando la CIDH empezó a enjuiciar los derechos humanos en Venezuela, entonces comandada por Hugo Chávez. La brecha se ensanchó con Nicolás Maduro. También existieron roces con Rafael Correa a raíz de problemas con la libertad de expresión en Ecuador. El gobierno kirchnerista siempre fue solidario con esas naciones cuando los pleitos fueron sometidos a votación en el recinto de la OEA. Chávez disparó varias veces que la CIDH sería un simple apéndice de Washington. Esas palabras podrían ser repetidas por Cristina y su canciller, Héctor Timerman.
En torno a ese paisaje el Gobierno estaría realizando su ensayo sobre la muerte de Nisman ante una investigación que le costaría mucho, pese a su encomio, a la fiscal Fein. La semana pasada Timerman envió cartas a los embajadores de Estados Unidos e Israel. Les advirtió que no toleraría que nuestro país sea tomado como un teatro de operaciones políticas y de inteligencia. En dos discursos públicos la Presidenta había desarrollado un libreto similar.
Ocurre que el kirchnerismo se tienta con la idea de plantar la tesis de que el fiscal habría sido una víctima de sus propias usinas informantes, la CIA y el Mossad israelí. En base a ellas elaboró el informe por la AMIA que le solicitó Kirchner y que inculpó a Irán. En el medio podría quedar la figura del espía Jaime Stiuso, la presa preferida de los K. ¿Para qué lo habrían matado? Para perjudicar a Cristina, que últimamente habla de EE.UU. con la flema setentista. La victimización. La clásica patología kirchnerista de los complots.
Demasiadas cosas suelen permear en suelo yermo. En ámbitos de inteligencia, policiales y diplomáticos otra especulación parece tomar cuerpo. ¿Cuál sería? La de que un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano) podría haberse cobrado la vida del fiscal. Aseguran que entrarían y saldrían del país con asiduidad y facilidades. Contarían con cierta logística doméstica. La construcción de la trama se haría enhebrando algunos delgados hilos de la realidad.
El ingreso iraní en Sudamérica no es una fantasía. La playa principal fue Venezuela en las épocas de Chavez. El líder caraqueño contabilizó nueve visitas oficiales a Teherán. Maduro acaba de estar allí luego de transitar China. La expansión de Irán se fortaleció a partir del 2009 con el acercamiento a Brasil liderado por Lula. Se diseminó luego en Bolivia y Ecuador. Pero el Planalto nunca queda a la intemperie. Compensó aquel maridaje con acuerdos clave, incluso de orden militar, con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En su mayoría fueron celebrados por Dilma Rousseff.
En Venezuela, se calcula que habitan ahora 40 mil ciudadanos cubanos, dedicados sobre todo a tareas burocráticas y sanitarias. Pero también al entrenamiento militar. Por Caracas, además, se hizo familiar la presencia del comandante de la milicia islámica Basij, el general Mohamad Reza Naqdi. Recibió de parte del Ejército Bolivariano una condecoración especial. Esa milicia iraní es un sistema apreciado por el chavismo.
Nisman, en su trabajo por la AMIA, rastreo la pista iraní en varios países de la zona. Entre ellos Uruguay. Allí recibió la colaboración de dos fiscales que le aportaron antecedentes a partir de 1987. El fiscal muerto verificó que en Montevideo pudo haberse planeado aquel atentado terrorista. En esa ciudad vivió hasta meses antes del ataque uno de los jerarcas del régimen (Moshen Rabbani) a quien luego inculpó. Esos datos figuran en la denuncia de encubrimiento que ahora sustancia el juez Daniel Rafecas.
Nisman estuvo siempre convencido que Venezuela cumplió un papel determinante en la aproximación de Cristina con Irán, que desembocó en el Memorándum de Entendimiento. Chávez ejercía sobre la Presidenta una fortísima influencia. Siguen siendo una incógnita indescifrable los motivos y las contraprestaciones que se esconderían tras el telón del pacto. La diputada Margarita Stolbizer ha empezado a reclamar la desclasificación de esos papeles. Barrunta que podría revelar información que, incluso, ayudaría a desanudar la muerte de Nisman.
Todo bien e interesante. Pero ¿por qué razón venezolanos e iraníes se habrían ocupado de abatir al fiscal? Aseguran que Teherán comenzó a toparse con escollos para expandirse en la región desde que las alertas rojas de Interpol se mantuvieron, pese a la firma del memorándum, y Nisman puso el foco sobre Irán con una denuncia que alcanzó sonoridad mundial.
Ninguna de todas estas cavilaciones estaría dando vuelta, tal vez, si hubiesen sucedido dos cosas. Que la investigación de la muerte tuviera a esta altura alguna brújula. Que la Presidenta hubiera entendido su verdadera responsabilidad. En lugar de escribir cartas novelescas por Facebook o arroparse de editora periodística, debió colocarse al frente de la cuestión de Estado mas grave de sus mandatos. Una muerte que, le guste o no, la roza. Le habría alcanzado para enfocarse con observar a Francois Hollande en Francia, luego de la masacre terrorista en la revista Charlie Hebdo.
Días pasados el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, calificó como “liderazgo delirante” el que estaría ejerciendo Cristina. Sonó a desmesura. Aunque la nueva irrupción presidencial de ayer por las redes sociales, referidas a la marcha de fiscales y solo de costado a Nisman, podrían concederle a aquel ex ministro una cuota de razón.
Sus críticas al periodismo que no le obedece representan ya una moneda devaluada. Su novedad interpretativa de la marcha sería el bautismo de lo que llama Partido Judicial. Con una caracterización que da para pensar. Según ella, se trataría de la confrontación de un Poder del Estado, el Judicial, contra otro Poder de la Constitución, el Ejecutivo. Dejaría a la Justicia deliberadamente fuera del marco constitucional. Quizás porque son el Ejecutivo y el Congreso los que tiene en el puño de su poder.
La intención transparente sería la de deslegitimar a la Justicia para intentar alinearla en el espacio de la oposición. Eso sostendría la argumentación del presunto “activismo judicial golpista” o “golpe blando” que en los últimos días vociferaron funcionarios e intelectuales K.
El relato se deshacería con el detalle de algunos hechos. El Gobierno enfurece contra la Justicia por decisiones que lo apremian. Habría que convenir que esa Justicia fue muy lerda para investigar la cantidad de ilícitos cometidos esta década. La causa de Boudou procede del verano del 2012 cuando la Presidenta gozaba del 54% de los votos. La detención de Alejandro Vandenbroele, su testaferro ha sido por pedido de un juez de Uruguay, no de la Argentina. Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, anda suelto pese a sentencias firme en su contra. En los próximos días podría caerle un pedido de prisión por las dádivas. La investigación de Claudio Bonadio sobre la cadena hotelera de la familia Kirchner es relativamente nueva. Pero al empresario K, Lázaro Báez, se lo ausculta por lavado de dinero desde 2012.
Lo que mas llamaría de todo la atención sería la constante radicalización de Cristina a diez meses de la entrega del poder. No habría respuestas lógicas. Tampoco ningún buen presagio.
