La visita oficial de la Presidenta a China, que se inicia hoy, describe con precisión quirúrgica el orden de importancia de los intereses que privilegia nuestro gobierno y de los aliados que elige tener. También, el grado de secretismo de los acuerdos que suscribe en nombre de todos los argentinos.
Hoy es China, pero también lo son Irán y Venezuela, países que se destacan por no defender la transparencia de los actos de gobierno ni los derechos humanos en el sentido amplio y abarcativo del término.
En el caso específico de China, Cristina Kirchner se reunirá mañana con el presidente de ese país, Xi Jinping. La acompaña una numerosa delegación de empresarios de diversos sectores de la actividad económica nacional. El propósito de ese encuentro, además de devolver la visita que nos realizó Xi Jinping el año pasado, es tratar de revertir lo antes posible el actual saldo negativo de la balanza comercial de nuestro país con China, que ya supera los 6000 millones de dólares anuales.
En los últimos tiempos, la relación con China ha escalado varias posiciones en el cuestionable entramado político externo que teje nuestro país. Como antecedentes, se cuenta con el acuerdo para instalar una base espacial de exploración china en Neuquén, convenio que debe ser público, pero que mantiene inadmisibles anexos secretos. Mediante él se le otorgaron a China 200 hectáreas en la Patagonia, con una exención impositiva durante 50 años. También se le concedió que serán sus leyes las que rijan el trabajo de los ciudadanos chinos allí, que nuestro país se verá impedido de interrumpir las actividades de la base y que será mínima la utilización nacional de esa estación. Todo ello, sin considerar la sospecha que subyace respecto de que se transforme en una base para otros fines. El Gobierno lo ha desmentido, pero la letra chica del acuerdo nunca fue mostrada.
Otro antecedente son los swaps, es decir, la posibilidad de que los bancos centrales de ambos países intercambien préstamos en monedas nacionales, en este caso, pesos y yuanes. Para la Argentina, hasta el momento, ha significado un mecanismo para aumentar reservas y contar con dinero para comprar precisamente a quien lo presta.
El viaje presidencial persigue, además, cerrar todo lo relativo a la construcción de las cuestionadas represas hidroeléctricas patagónicas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz. El viernes pasado, durante la extensa cadena nacional que la jefa del Estado utilizó para anunciar el nuevo aumento de las jubilaciones -exigido por ley- y, muy especialmente, para desacreditar las múltiples objeciones que recibe su gestión y obviar cualquier referencia al delicado caso de la denuncia y muerte del fiscal Nisman, fue anunciado como "una muy buena noticia" el hecho de que se haya acordado el crédito y desembolso del primer tramo para la construcción de esas represas: 287 millones de dólares de un total de 4700 millones que se estima que costarán. El optimismo presidencial, sin embargo, no se condice con las numerosas sospechas que ha generado esa obra en la Patagonia, en beneficio de empresarios amigos del poder y siendo que existe por lo menos una veintena de proyectos hidroeléctricos más prioritarios. Tampoco se ha tenido en cuenta la férrea oposición de grupos y entidades ambientalistas que sostienen que esas obras afectarán al glaciar Perito Moreno.
Por otra parte, antes de iniciarse el periplo presidencial deberían haber comenzado la construcción de caminos y el movimiento inicial de suelos, trabajos que se anuncian como inminentes, pese a no haberse aún concretado las expropiaciones de las tierras necesarias, las que afectarían, directa o indirectamente, a estancias de propiedad del pseudoempresario Lázaro Báez.
La obra estará a cargo de un consorcio formado por Electroingeniería, también vinculada con el kirchnerismo, y asociada con una empresa china acusada de hechos de corrupción vinculados con la existencia de sobreprecios en la construcción de una represa en Nepal.
El viaje presidencial ocurre cuando crecen las preocupaciones en torno de las contrataciones con China y de la presencia de ese Estado en nuestro país, de una marcada opacidad, situación que se hace aún más notoria cuando también algunos gobernadores parecen estar cortejando a los inversores chinos para la realización de obras en sus distritos, para las que recurren a fuertes endeudamientos. Entre ellos, el de la provincia de Entre Ríos, con los dos acueductos que el gobernador Sergio Urribarri se apresta a construir con una firma china a un costo sideral, del orden de los 430 millones de dólares, que sería esencialmente financiado mediante otro enorme préstamo a ese distrito, de 366 millones de dólares, a una tasa que terminará sobrevaluando groseramente su costo. A ello se suma la falta de estudios necesarios sobre su impacto ambiental.
China es hoy uno de los dos actores centrales del escenario internacional. Sus inversiones en la Argentina deben ser producto de un acuerdo estratégico, no del resultado de pactos leoninos. Si nuestros representantes no encaran esos convenios con la debida idoneidad y transparencia, no se pueden esperar resultados beneficiosos para nuestros propios intereses.
Asociarse es legítimo. Elegir bien a los socios es imprescindible, como es obligatorio para un país que se precia de soberano negociar bien y transparentar todos sus convenios.
