La Presidenta es más responsable que víctima de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ella no disparó el arma que lo mató y es impensable siquiera que haya impartido la orden de hacerlo. Sin embargo, el Estado que ella preside no lo custodió como debía. La jefa del Estado no insultó ni descalificó a Nisman antes de su muerte, pero mandó a hacerlo a sus voceros o, en todo caso, autorizó una andanada de agresiones que bien pudieron afectar el ánimo del funcionario público, horas antes de su presentación en Diputados.
La Presidenta, que todavía no le dio el pésame ni las condolencias a la familia, no insultó a Nisman, pero sí lo puso bajo sospecha en su última cadena nacional. Allí, vestida de blanco, en silla de ruedas y con la bota que le pusieron debido a un accidente doméstico, remarcó varias veces que el fiscal y Diego Lagomarsino eran "amigos íntimos". ¿Era necesario deslizar ese comentario? Todavía más, ¿era necesario que se colocara en el rol de Sherlock Holmes y sumara hipótesis contradictorias una tras otra.
Cristina no puede ser considerada, todavía, una encubridora de los funcionarios y ex funcionarios iraníes acusados del atentado contra la AMIA.
La presentación que Nisman iba a fundamentar el lunes 18 era apenas una denuncia a la que le faltaban pruebas y evidencias. Lo que sí parece evidente es que el Memorándum de Entendimiento que alentaron la Presidenta y el canciller Héctor Timerman era un verdadero mamarracho y que pensarlo como una llave para que los iraníes respondieran ante la Justicia era, por lo menos, una ingenuidad.
¿Había una negociación paralela entre la Argentina e Irán para levantar las alertas rojas de Interpol que todavía pesan sobre los sospechosos? ¿Luis DElía, Jorge Khalil, Fernando Esteche y Andrés Larroque operaban para conseguirlo? ¿Eran los representantes más o menos truchos de una diplomacia paralela? ¿Intentaron establecer un acuerdo comercial a cambio de impunidad? ¿La jefa del Estado estaba al tanto de estas negociaciones?
¿Envió, a través de alguno de ellos, un mensaje para Mohsen Rabbani, uno de los considerados responsables por el atentado? Todavía no hay evidencias en ese sentido. Pero, al mismo tiempo, todavía no se entiende cómo la Presidenta, quien a menudo pide que no subestimen su inteligencia, pudo suponer que el memorándum podría servir para llegar a la verdad.
Para determinar si lo que Nisman investigaba se puede confirmar es imprescindible que no se desarme su equipo y que lo dejen trabajar sin presiones con todos los recursos necesarios. Lo mismo vale para la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini. Cristina Fernández, en vez de estigmatizar a la magistrada por lo que escribió en Twitter y marcar la línea de investigación a través de Facebook, debería dejarlas trabajar tranquilas, poner todos los recursos a su disposición y no decir que no tiene pruebas pero sí certezas de que a Nisman lo asesinaron.
En el mismo maremágnum de sospechas se enmarca la decisión de disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) para fundar una Agencia Federal de Investigaciones (AFI). En este asunto, la Presidenta es mucho más responsable que víctima, como pretende presentarse. ¿Es lógico que el Gobierno tardara casi 12 años, incluido el mandato de Néstor Kirchner, en darse cuenta de que la SI estaba contaminada por agentes que pinchaban teléfonos y repartían carpetazos a diestra y siniestra, de acuerdo con los pedidos del poder político de turno? ¿No sabían Kirchner y Cristina quién era verdaderamente Jaime Stiusso cuando el oficial de inteligencia trabajaba bajo sus órdenes? ¿Dispuso la Presidenta su desplazamiento porque lo consideraba una amenaza para el sistema democrático, porque suponía que "jugaba" para el candidato a presidente Sergio Massa o porque tenía información anticipada según la cual Stiusso era el verdadero ideólogo de la denuncia de Nisman? ¿Pidió la renuncia a Héctor Icazuriaga y Francisco "Paco" Larcher porque así desactivaba a Stiusso o porque ellos y sus subordinados habían fracasado en impedir la andanada de denuncias que soportan los funcionarios del Gobierno en general y Cristina Fernández en particular?
¿Se puede esperar que el traspaso de las escuchas al ámbito de la Procuraduría, que maneja Alejandra Gils Carbó, sirva para democratizar una organización que viene operando desde hace más de 40 años bajo prácticas corruptas? Desde la SI y desde hace muchos años, vienen saliendo valijas con dinero negro para jueces y fiscales federales, periodistas, diputados, senadores e informantes de cualquier tipo y factor. ¿Con qué criterio autorizará las escuchas Gils Carbó? ¿Con el mismo con el que instruye a ciertos fiscales para que no investiguen a Lázaro Báez? ¿Con el mismo criterio con el que intentó desplazar al fiscal José María Campagnoli?
La Presidenta no apretó el gatillo del arma que terminó con la muerte de Nisman ni tampoco lo mandó a matar. Pero tan delirante es esa sospecha como suponer que a Cristina Fernández le quieren dar un golpe de Estado, como argumentó uno de sus intelectuales de cabecera. ¿Quiénes y por qué pensarían en hacerlo? ¿Con qué necesidad, si apenas le faltan unos meses para terminar su mandato y ya no puede ser reelegida? La jefa del Estado enfrenta su peor momento político y también un complicado panorama judicial. En la última cadena nacional, les dijo a los argentinos que ella no tiene miedo a las denuncias y las acusaciones. Es posible, porque vivió una buena parte de su vida muy cerca del poder. Los que tienen miedo son los argentinos.
