El país apenas destina un 2,89% de su Producto Bruto Interno anual al rubro, por lo que se ubica en la novena posición a nivel regional, lejos de los líderes Costa Rica (5,47%), Uruguay (5,08%) y Nicaragua (4,93%). Para cumplir con sus metas, deberá más que duplicar su actual nivel de inversión hasta 2020, según relevó la Revista Petroquímica de un informe de la CEPAL.

Generalmente condescendiente en cuanto a la evolución de indicadores socioeconómicos, como el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), la disminución de la deuda externa, la caída de la desocupación y la reducción de la pobreza durante la última década, esta vez la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) divulgó datos desfavorables para la Argentina en materia de inversión en infraestructura.

De acuerdo con la entidad, el país dedica anualmente sólo un 2,89% de su PBI al desarrollo del transporte, la energía, las telecomunicaciones y el segmento hídrico. De ese modo, se ubica en el 9° puesto del ranking regional, sólo por encima de Chile (donde los desembolsos representan un 2,83% del PBI), Colombia (2,45%), El Salvador (2,30%), Ecuador (1,58%), Guatemala (1,55%) y Paraguay (1,51%).

Las naciones con mayor nivel de inversión en infraestructura son Costa Rica (5,47%), Uruguay (5,08%) y Nicaragua (4,93%). Detrás de ellas se posicionan Bolivia (4,47%), Perú (4,46%), Brasil (4,1%), México (3,32%) y Panamá (3,32%), en ese orden.

Según el informe, elaborado por la Unidad de Servicios de Infraestructura de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, Latinoamérica destina, en promedio, un 3,49% de su PBI a mejorar sus instalaciones y servicios básicos. Un 1,46% se utiliza para financiar iniciativas de transporte, un 1,26% para la generación y transmisión de energía, un 0,45% para las telecomunicaciones y el 0,33% restante para obras de agua y saneamiento.

El relevamiento, que cubre el lapso 1980-2012, “recoge y sistematiza las cifras por países según su origen (público o privado) y entrega una actualización de los requerimientos de inversión anual en los cuatro principales sectores de infraestructura económica para dar respuesta a las necesidades que surgirán de las empresas y consumidores finales de la región en el período mencionado”.